Hoy, 30 de julio de 2026, es un día que merece quedar registrado en la historia institucional de Costa Rica. Uno de esos momentos en los que quienes creemos en la democracia, en el Estado de derecho y en la fortaleza de nuestras instituciones deberíamos ponernos de pie, quitarnos el sombrero —quienes lo usen— y rendir un respetuoso homenaje a los padres de la patria. A aquellos hombres y mujeres que diseñaron una Constitución Política con la suficiente visión para resistir el paso del tiempo, las crisis políticas, las pasiones del momento y los intentos de debilitar los contrapesos que sostienen nuestra República.
Nuestra Constitución no es simplemente un conjunto de artículos escritos sobre papel. Es el pacto que nos recuerda que nadie está por encima de la ley, que el poder tiene límites y que las instituciones existen precisamente para evitar que las decisiones coyunturales o los intereses políticos terminen imponiéndose sobre el orden constitucional.
La resolución de la Sala Constitucional, que obliga a la Asamblea Legislativa a retomar el nombramiento de las magistraturas suplentes conforme al procedimiento previsto por la Constitución, representa mucho más que un fallo jurídico. Es un recordatorio de que las normas constitucionales no son sugerencias que pueden cumplirse únicamente cuando resultan convenientes. Son mandatos que obligan a todos los poderes del Estado por igual.
También merece un reconocimiento nuestra Sala Constitucional. Durante décadas ha sido la intérprete de ese libro que muchos costarricenses consideramos casi sagrado: la Constitución Política. Esa labor nunca ha sido sencilla. Sus resoluciones generan aplausos cuando favorecen nuestras posiciones y críticas cuando no lo hacen. Sin embargo, precisamente ahí reside el valor de un tribunal constitucional: interpretar la Constitución conforme al derecho y no según las simpatías o antipatías del momento.
Resulta preocupante observar cómo, desde distintos sectores, se han multiplicado los ataques contra las instituciones que históricamente han servido como contrapeso del poder. En una democracia sana es perfectamente legítimo cuestionar decisiones judiciales, debatir criterios o proponer reformas. Lo que deja de ser saludable es convertir el descrédito sistemático de las instituciones en una estrategia política permanente, porque cuando se erosiona la confianza en quienes deben poner límites al poder, quienes terminan perdiendo no son los magistrados ni los diputados: es toda la ciudadanía.
Costa Rica no ha sido una democracia perfecta. Hemos cometido errores, hemos tenido gobiernos mejores que otros y nuestras instituciones también han enfrentado momentos difíciles. Pero precisamente porque somos una democracia imperfecta hemos necesitado una Constitución fuerte y organismos capaces de hacerla valer cuando las circunstancias lo exigen.
Las naciones rara vez pierden su democracia de un solo golpe. Generalmente comienza cuando se debilitan los controles, cuando se desacredita a quienes fiscalizan, cuando se presenta a las instituciones como obstáculos y no como garantías para los ciudadanos. Por eso cada resolución que reafirma la vigencia del orden constitucional merece ser observada con atención, independientemente de las preferencias políticas de cada uno.
Hoy la Constitución volvió a recordarnos que sigue viva. Que continúa siendo el marco que protege nuestros derechos, delimita el ejercicio del poder y preserva el equilibrio entre las instituciones de la República. Y eso, más allá de cualquier gobierno o coyuntura, constituye una buena noticia para Costa Rica.
Porque los gobiernos pasan. Los partidos cambian. Las mayorías legislativas también. Pero las instituciones son las que permanecen. Y mientras exista una Constitución que pueda hacerse respetar, seguirá existiendo esperanza para la democracia costarricense.