Costa Rica no es un país grande, pero sí es un país que, históricamente, ha sabido cuidar lo esencial. Entre esas cosas esenciales hay una que casi nunca ocupa titulares, pero que sostiene silenciosamente nuestra estabilidad: producir una parte importante de lo que comemos. No es romanticismo rural. Es una forma concreta de protección colectiva.
Durante años hemos escuchado que abrir mercados es sinónimo de progreso, que competir nos vuelve más eficientes y que el comercio global siempre juega a favor. A veces es cierto. Otras veces, no. Y es ahí donde aparece una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué pasa cuando el mundo deja de funcionar como esperamos?
Costa Rica es un país sísmico, vulnerable a eventos climáticos extremos y dependiente de rutas logísticas frágiles. Cuando hay un terremoto, una inundación grande o una emergencia nacional, no salimos a comprar comida al mundo. Dependemos de lo que ya está aquí: del agricultor local, de la finca cercana, del sistema productivo que sigue en pie cuando lo externo se detiene.
En ese contexto aparece el CPTPP, conocido como Transpacífico. Un acuerdo que, en términos simples, abre nuestro mercado agrícola a países con escalas gigantes de producción, subsidios fuertes y costos mucho más bajos que los nuestros. No es un tratado “malvado” por definición, pero sí es peligroso si se firma sin proteger a quienes producen aquí.
Para el agricultor costarricense promedio, competir en esas condiciones no significa “mejorar”, significa resistir hasta donde se pueda. Los precios tienden a bajar, pero los costos no. La electricidad sigue siendo cara, los insumos suben, las cargas sociales se mantienen. El margen se achica. Y cuando se achica demasiado, la finca se abandona, el joven se va, el campo se vacía.
Aquí aparece un punto que rara vez se dice con claridad: la autosuficiencia alimentaria no es una ideología, es gestión del riesgo. Un país que depende casi por completo de importaciones para alimentarse es un país frágil frente a crisis globales. Pandemias, guerras, bloqueos logísticos o desastres naturales rompen cadenas de suministro sin pedir permiso. Cuando eso pasa, el mercado no reacciona con solidaridad; reacciona con escasez y precios altos.
No se trata de estar en contra del comercio ni de cerrar fronteras. Se trata de entender que la dependencia absoluta también tiene un costo, y casi nunca lo pagan quienes negocian los tratados. Lo paga la población cuando algo falla y ya no hay producción local suficiente para responder.
Defender al agricultor costarricense no es nostalgia. Es visión país. Es comprender que la agricultura no solo produce alimentos: produce estabilidad, resiliencia y capacidad de respuesta. Un país que puede alimentarse, incluso en momentos difíciles, es un país que conserva su dignidad y su autonomía.
El Transpacífico nos obliga a decidir qué modelo queremos. Uno donde la comida es solo una mercancía más, sujeta a vaivenes globales, o uno donde la producción local sigue siendo parte del sistema de seguridad nacional, aunque no siempre sea la opción más barata en tiempos normales.
Estar en contra de este tratado no es estar en contra del mundo. Es estar a favor de que Costa Rica no pierda algo que, cuando más se necesita, no se puede importar a última hora.
