Hay algo que llevo varios días preguntándome con respecto al proyecto de “armonización” o modernización eléctrica del ICE, y honestamente creo que muchísima gente todavía no ha dimensionado la posición incómoda en la que podría quedar Liberación Nacional frente a este tema.
Porque aquí no estamos hablando simplemente de un proyecto técnico cualquiera. Estamos hablando de una discusión que toca directamente una de las instituciones más simbólicas del modelo histórico costarricense. Y eso, para Liberación Nacional, no es poca cosa.
El ICE no nació como una empresa más del Estado. El ICE nació prácticamente al mismo tiempo que la nueva Costa Rica moderna. Mientras don Pepe Figueres firmaba el decreto de abolición del ejército, también nacía el ICE como parte del nuevo modelo de país que Costa Rica empezaba a construir. Una institución que terminaría llevando electricidad hasta lugares donde probablemente ningún negocio privado hubiera tenido interés en llegar. El ICE terminó convirtiéndose en parte del ADN nacional y también, guste o no, en parte del ADN histórico del liberacionismo.
Por eso me cuesta muchísimo imaginar a diputados de Liberación Nacional votando un proyecto de transformación estructural tan profundo apenas iniciando funciones legislativas, sin haber vivido el proceso completo de discusión de las miles de mociones, debates técnicos y advertencias que se trabajaron en la Asamblea Legislativa anterior.
Y aquí quiero ser muy claro: no estoy diciendo que modernizar el ICE sea malo. De hecho, probablemente casi todo el país entiende que cualquier institución necesita evolucionar, adaptarse y corregir errores. El problema no es la palabra “modernización”. El problema son las circunstancias, el alcance y las consecuencias potenciales de la propuesta específica que hoy está sobre la mesa.
Porque además hay otro tema delicado que toca fibras históricas dentro del mismo PLN.
El expresidente José María Figueres ha sido durante años un abanderado fuerte de la sostenibilidad, la protección ambiental y los recursos naturales. Y aunque hoy no esté ocupando cargos activos dentro del gobierno, resulta inevitable preguntarse si sectores históricos del liberacionismo realmente se sentirían cómodos respaldando un proyecto sobre el cual todavía existen dudas respecto al manejo futuro de ríos, generación privada, exportación energética y debilitamiento del rol estratégico del ICE.
Pero quizá la pregunta más importante ni siquiera es ambiental o técnica. Es política. Y también ética partidaria. Porque varios diputados liberacionistas firmaron el pacto “Democracia sin retroceso”, un acuerdo político que buscaba marcar líneas claras sobre defensa institucional, democrática y estructural del país. Además, Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, indicó dentro de su plan de gobierno que no votaría el proyecto tal y como estaba planteado.
Entonces inevitablemente aparecen preguntas que muchísima gente empieza a hacerse.
Si parte importante del discurso político reciente fue tomar distancia de este proyecto… ¿qué ocurriría si ahora sectores del mismo partido terminan votándolo? ¿Sería coherente con los compromisos asumidos? ¿Podría interpretarse como una contradicción política o ideológica frente a lo que se defendió durante el proceso electoral?
Y aquí no estoy afirmando que exista una prohibición formal para votar el proyecto. Lo que estoy diciendo es que, desde afuera, resulta completamente legítimo preguntarse si respaldar esta propuesta podría entrar en tensión con principios, posiciones o acuerdos políticos previamente asumidos por parte de algunos sectores liberacionistas.
Porque conforme uno observa todo esto desde afuera, aparece una sensación todavía más interesante. La pregunta sobre quién está liderando realmente el rumbo ideológico de la bancada liberacionista en este tema.
Porque a veces pareciera que dentro del PLN conviven dos fuerzas distintas. Una más cercana al liberacionismo histórico, institucional y socialdemócrata que construyó muchas de las instituciones públicas del país… y otra más cercana a una visión orientada hacia apertura de mercado, reorganización estructural y transformación del rol del Estado.
Y entonces uno termina preguntándose algo que probablemente muchos costarricenses también se preguntan hoy: ¿Quién dirige realmente esta bancada en este tema? ¿Álvaro Ramírez? ¿O Álvaro Ramos? Porque honestamente, si hay un partido político al que Costa Rica inevitablemente le va a pedir coherencia histórica frente al futuro del ICE… ese partido es Liberación Nacional.