En Costa Rica, cuando alguien escucha frases como “quieren vender el ICE”, inmediatamente aparece la discusión. Unos responden que sí. Otros dicen que eso es una exageración, porque técnicamente nadie está proponiendo vender el edificio, ni las represas, ni ponerle un rótulo de “se vende” a la institución. Y siendo honestos, tienen razón. Al menos parcialmente.
No parece que el expediente 23.414 busque vender el ICE como quien vende una empresa cualquiera. El problema es otro. Mucho más profundo. Mucho más delicado. Porque una institución no necesariamente desaparece cuando la venden. A veces desaparece cuando le quitan poco a poco las funciones que la hacían estratégica, poderosa e indispensable para el país.
Y eso es precisamente lo que muchas personas sienten que podría estar ocurriendo.
El proyecto habla de “modernización”, “competencia”, “mercado eléctrico”, “agentes”, “comercializadores”, “libre acceso” y nuevas formas de participación privada dentro del sistema energético nacional. Suena técnico. Incluso elegante. Pero detrás de ese lenguaje técnico hay un cambio enorme de modelo país. Uno que merece ser entendido con calma, porque podría transformar profundamente la forma en que Costa Rica ha manejado históricamente uno de sus recursos más sensibles: la electricidad.
Durante décadas, el ICE no solo produjo energía. También planificó el sistema eléctrico nacional, coordinó el despacho energético y sostuvo una visión país donde la electricidad no era simplemente un negocio, sino parte de un modelo solidario de desarrollo. Eso permitió electrificar prácticamente todo el territorio nacional y construir una matriz energética reconocida mundialmente por su estabilidad y componente renovable.
Ahora, el expediente propone crear un nuevo ente autónomo llamado ECOSEN, que asumiría funciones estratégicas que hoy se encuentran dentro del ICE. Además, el proyecto contempla trasladar activos, sistemas y recursos desde estructuras operativas del ICE hacia este nuevo organismo. Técnicamente, eso no significa “vender el ICE”. Pero sí podría significar quitarle partes fundamentales de su capacidad de control, planificación y operación.
Y ahí es donde aparece la verdadera preocupación.
Porque una institución puede seguir existiendo en nombre… mientras deja de decidir las cosas importantes.
El debate entonces no debería limitarse a si “venden” o “no venden” el ICE. La discusión real es otra: ¿Costa Rica quiere seguir teniendo un modelo eléctrico dirigido principalmente por el Estado, o quiere migrar hacia un sistema donde el mercado y los actores privados tengan un peso mucho mayor en las decisiones energéticas del país?
Y aquí aparece un detalle importantísimo que muchísima gente todavía no ha comprendido del todo.
El proyecto no solamente abre el mercado. También plantea que el ICE tendría que competir dentro de un nuevo esquema después de haber perdido parte de las funciones estratégicas que históricamente le daban control sobre el sistema. Es decir, primero se reorganiza el modelo, se trasladan capacidades, se modifica la estructura operativa… y después se le pide competir en igualdad de condiciones dentro de un mercado mucho más abierto.
Y eso inevitablemente genera preguntas incómodas.
Porque una cosa es abrir competencia entre actores que llegan con el mismo punto de partida. Otra muy distinta es debilitar al principal operador histórico y luego decirle que debe sobrevivir bajo nuevas reglas de mercado.
Además, hay otro elemento del que casi no se está hablando. Hoy, cuando el ICE exporta energía, esos ingresos ayudan indirectamente a sostener parte del sistema y generan alivios económicos que terminan beneficiando al país. Si en el futuro actores privados empiezan a concentrar mayores espacios de exportación energética, la lógica cambia completamente. Las ganancias dejan de regresar necesariamente al modelo solidario nacional y comienzan a distribuirse según intereses empresariales particulares.
Y ahí es donde algunas personas empiezan a preguntarse si esto podría terminar afectando no solamente las tarifas, sino también la filosofía misma sobre la que Costa Rica construyó su sistema eléctrico durante décadas.
Quienes apoyan el proyecto sostienen que abrir el mercado generará eficiencia, competencia, innovación y mejores precios. Quienes se oponen temen exactamente lo contrario: aumentos tarifarios, debilitamiento institucional, concentración de intereses económicos y una pérdida progresiva del control estatal sobre áreas estratégicas del sistema energético nacional.
Y siendo honestos, todavía hay muchas cosas que no están completamente claras.
No está claro hasta dónde podría llegar esta transformación dentro de diez o quince años. No está completamente claro cuánto poder real terminaría concentrándose fuera del ICE. Tampoco está claro cómo evolucionaría el equilibrio entre interés público e intereses privados conforme el nuevo modelo avance.
Pero precisamente por eso la ciudadanía debería observar este tema con enorme atención.
Porque esto no trata solamente de electricidad.
Trata sobre soberanía energética. Sobre quién toma decisiones estratégicas para el país. Sobre qué tipo de Estado quiere tener Costa Rica en el futuro. Sobre si la energía seguirá viéndose principalmente como un servicio solidario o si terminará funcionando bajo una lógica cada vez más cercana a la dinámica de mercado.
Tal vez algunos consideren exageradas estas preocupaciones. Y tienen derecho a pensarlo. Pero también sería irresponsable que la población no se detenga un momento a observar hacia dónde podría llevarnos un cambio estructural de esta magnitud.
Porque las grandes transformaciones nacionales casi nunca empiezan con un martillo destruyendo una institución frente a cámaras.
A veces empiezan con palabras suaves.
“Modernización.”
“Competencia.”
“Reestructuración.”
“Armonización.”
Y cuando la gente finalmente entiende el alcance real de lo que ocurrió… el país que conocía ya cambió.