Nosotros, desde Apacigua, no podemos quedarnos impávidos ante los hechos que se están presentando en nuestro país.
Claro que quienes fueron privados de libertad han perdido un derecho fundamental: precisamente el derecho a la libertad. Esa es la sanción que una sociedad democrática les impone cuando han sido condenados por la justicia. Pero también es importante recordar que, en Costa Rica, continúan conservando sus demás derechos humanos. Incluso mantienen el derecho al voto, algo que no ocurre en otros países.
Si observamos este tema con serenidad y en frío, debemos reconocer una realidad evidente: seres humanos encerrados, aislados y despojados progresivamente de elementos básicos de su humanidad difícilmente saldrán en mejores condiciones de las que entraron. Y, en algunos casos, podrían incluso regresar a la sociedad más resentidos, más dañados emocional y potencialmente más peligrosos.
Por eso debemos seguir este tema. No solamente por humanidad, sino también por sentido común y por nuestra propia seguridad.
Cuando escuchamos la expresión «campo de concentración», nuestra mente viaja inmediatamente a algunos de los episodios más oscuros de la historia humana. Y no, no estoy afirmando que las cárceles costarricenses sean campos de concentración. Sería una exageración injusta e históricamente incorrecta. Sin embargo, cuando una sociedad comienza a retirar progresivamente elementos de dignidad, identidad, convivencia, estudio, recreación, alimentación complementaria y contacto familiar a personas que están bajo custodia del propio Estado, creo que es legítimo preguntarse hacia dónde nos dirigimos.
Antes de continuar con esta reflexión, he decidido utilizar las palabras y el análisis de Bryan Herrera, quien describe una situación que merece ser observada con atención.
Bryan señala que, según múltiples denuncias de familiares de privados de libertad, durante los últimos meses se han eliminado o restringido numerosos elementos que contribuían a mantener condiciones mínimas de estabilidad emocional y convivencia dentro de los centros penitenciarios. Entre ellos se mencionan ropa, recipientes personales, tazas, libros, biblias, cuadernos de estudio, guitarras, juegos de mesa, bancas, sillas y mesas. También se denuncia la eliminación de diversos productos que las familias enviaban para complementar la alimentación de sus seres queridos, tales como leche en polvo, azúcar, galletas y otros insumos básicos.
Las preocupaciones no terminan ahí. Bryan recoge además cuestionamientos sobre la calidad y cantidad de la alimentación suministrada dentro de los centros penales. Aunque oficialmente se habla de varios tiempos de comida diarios, numerosos familiares consideran que las porciones son insuficientes y que existe un deterioro en la calidad de los alimentos. Según estos testimonios, esta situación estaría generando consecuencias visibles en la salud física y emocional de la población penitenciaria.
Entre las denuncias también aparece un aumento en el uso de medicamentos para dormir, tratamientos contra la ansiedad y medicamentos asociados a cuadros depresivos. Algunos familiares describen un ambiente donde muchas personas pasan buena parte del tiempo dormidas o medicadas, no necesariamente por descanso, sino como una forma de escapar temporalmente de las condiciones emocionales que enfrentan.
Bryan también hace referencia al cierre de las pulperías penitenciarias, espacios que durante años permitieron a los privados de libertad adquirir artículos básicos como jabón, pasta dental, rasuradoras, alimentos complementarios y otros productos de uso cotidiano mediante aportes realizados por sus familias. Según su análisis, el cierre de estos espacios ha trasladado una carga económica y logística adicional a miles de hogares costarricenses.
Otro aspecto particularmente delicado es el impacto sobre las familias. Detrás de cada privado de libertad existen padres, madres, esposas, hermanos e hijos. Bryan recoge denuncias sobre menores de edad que habrían pasado largos períodos sin poder mantener contacto adecuado con sus padres, incluso existiendo resoluciones judiciales favorables. Cuando los vínculos familiares se debilitan o se rompen, las consecuencias no recaen únicamente sobre quien cumple una condena, sino también sobre personas inocentes que terminan cargando con parte del castigo.
La preocupación central de Bryan es que Costa Rica parece estar alejándose progresivamente de la idea de rehabilitación que históricamente ha inspirado nuestro sistema penitenciario. Si una persona sale de prisión con más resentimiento, menos herramientas para reconstruir su vida y menos esperanza que cuando ingresó, la sociedad entera termina pagando el precio de ese fracaso.
Su conclusión es clara: la firmeza frente al delito es necesaria, pero nunca debería confundirse con la deshumanización. Una cárcel puede quitar la libertad, pero no debería quitar la dignidad.
Mi conclusión
Hasta aquí las reflexiones y observaciones planteadas por Bryan Herrera.
Por mi parte, termino estas líneas con la esperanza de que los costarricenses sigamos de cerca este tema y que no aceptemos con indiferencia situaciones que podrían alejarnos de los principios de humanidad que históricamente han caracterizado a nuestro país. Creo que es importante observar con atención lo que ocurre dentro de nuestro sistema penitenciario, no solamente por quienes hoy cumplen una condena, sino también por las familias que los esperan, por los niños que mantienen vínculos con sus padres y, en última instancia, por la seguridad de toda la sociedad.
Espero también que las autoridades del país puedan revisar estas preocupaciones con sensibilidad y apertura. Que más allá de las diferencias políticas o ideológicas, prevalezca la capacidad de escuchar, analizar y corregir aquello que deba ser corregido. La firmeza frente al delito y el respeto por los derechos humanos no son conceptos opuestos. Una democracia madura debe ser capaz de sostener ambas cosas al mismo tiempo.
Los privados de libertad perdieron su libertad. Esa es la sanción que la sociedad, mediante sus leyes y tribunales, les ha impuesto. Pero siguen siendo seres humanos. Siguen siendo titulares de derechos. Siguen siendo personas cuya dignidad debe ser respetada por el Estado y por la sociedad.
Lo próximo, según se dice, será la implementación de uniformes para la población privada de libertad. Supongo que cada prenda llevará algún tipo de identificación o numeración para efectos administrativos. Y confieso que eso me lleva a preguntarme dónde está el límite entre la organización de un sistema penitenciario y la progresiva despersonalización de los seres humanos que viven dentro de él.
No pretendo exagerar ni afirmar que estemos cerca de escenarios extremos. Espero sinceramente que no sea así. Pero cuando una medida tras otra parece orientarse a reducir espacios de individualidad, de dignidad o de humanidad, resulta natural preguntarse cuál será el siguiente paso.
Tal vez mi preocupación sea infundada. Tal vez algunas de estas decisiones tengan explicaciones razonables que desconozco. Pero también es cierto que, cuando las señales se acumulan, los ciudadanos tenemos la obligación de observar, preguntar y reflexionar.
Porque las sociedades no cambian de un día para otro. Los grandes cambios suelen llegar poco a poco, mediante pequeñas decisiones que, vistas de forma aislada, parecen insignificantes. Y precisamente por eso vale la pena mantenerse atentos.
Espero sinceramente que dentro de algunos años podamos mirar atrás y concluir que nuestras preocupaciones fueron exageradas. Pero si resulta que no lo fueron, al menos quedará la tranquilidad de haber levantado la voz cuando todavía era posible hacerlo.
Como Apacigua por convicción y como costarricenses por nacimiento, no podemos permanecer indiferentes ante situaciones que podrían alejarnos de los valores de humanidad, respeto y dignidad que deseamos para Costa Rica. Porque la manera en que tratamos a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad dice mucho sobre el país que somos y sobre el país que aspiramos a seguir siendo.