Hay ocasiones en las que me pregunto si uno debería ser más amable, más humilde, más sensible o simplemente más empático con el dolor que viven otras personas. Me lo pregunto especialmente cuando escucho declaraciones de quienes ocupan posiciones de poder, de quienes tienen influencia sobre las decisiones públicas o incluso de quienes participan, directa o indirectamente, en la elección de quienes administran la justicia de este país. Porque cuando se tiene poder, aunque sea un poco, también se tiene la responsabilidad de comprender el sufrimiento ajeno antes de emitir ciertos juicios.
Leí las declaraciones de la diputada Marta Esquivel sobre los recursos de amparo relacionados con listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social. Según sus palabras, los recursos generan una especie de doble lista dentro de la institución, una para los «ticos con corona» que pueden acudir a la Sala Constitucional y otra para el resto de las personas. Debo confesar que la frase me produjo una profunda incomodidad. No solamente porque me parece injusta, sino porque refleja una visión preocupantemente distante de la realidad que viven miles de costarricenses.
¿Quiénes son esos supuestos ticos con corona? ¿Quiénes son esos privilegiados que, según esa lógica, tienen acceso a la Sala Constitucional mientras otros no? Hasta donde entiendo, cualquier ciudadano puede presentar un recurso de amparo. No existe una puerta exclusiva para ricos, para influyentes o para personas especiales. Lo que sí existe son ciudadanos desesperados. Personas que llevan meses esperando una cita, un examen, una cirugía o un tratamiento. Personas que ven deteriorarse la salud de un padre, una madre, una pareja o un hijo mientras el tiempo sigue pasando. Personas que sienten que ya agotaron todos los caminos posibles y encuentran en la Sala Constitucional la última esperanza para recibir una atención que debió haber llegado mucho antes.
Quienes recurren a la Sala no suelen hacerlo porque se sientan superiores a los demás ni porque crean llevar una corona sobre la cabeza. Lo hacen porque están angustiados. Porque tienen miedo. Porque sienten que el sistema no está respondiendo. Porque observan cómo una enfermedad avanza mientras una cita se aleja. Porque cada día de espera puede significar dolor, deterioro o incluso una diferencia irreversible en su calidad de vida. Hablar de privilegios cuando alguien lucha por la salud de un ser querido me parece una forma muy fría de interpretar una realidad profundamente humana.
Y hay algo más que me llama la atención. La diputada fue presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Trabajó dentro de la institución. Conoce sus problemas. Conoce sus limitaciones. Conoce las listas de espera y conoce las razones por las cuales miles de personas terminan acudiendo a la Sala Constitucional. Por eso me resulta difícil comprender que la crítica se dirija hacia quienes buscan ayuda y no hacia las circunstancias que los obligan a buscarla. Si las listas de espera no existieran o si fueran razonables, probablemente los recursos de amparo disminuirían de manera natural.
Recuerdo una historia que me contó una amiga. Según me relató, una vecina de Barrio Escalante impulsó gestiones para que el tren no utilizara la bocina cerca de su vivienda porque el ruido la incomodaba. No conozco todos los detalles ni el resultado de aquella gestión, pero el ejemplo me sirve para ilustrar una diferencia importante. Una cosa es utilizar los mecanismos institucionales para intentar eliminar una molestia personal, y otra muy distinta es utilizarlos para luchar por la salud, por una cirugía, por un diagnóstico o por un tratamiento médico que puede cambiar la vida de una persona. No todas las causas tienen el mismo peso moral ni la misma urgencia humana.
A veces pareciera que en la discusión pública olvidamos que detrás de los expedientes hay personas. Detrás de cada recurso de amparo relacionado con salud existe alguien que espera. Alguien que sufre. Alguien que teme. Alguien que no sabe si llegará a tiempo. Y cuando se pierde de vista a la persona, las estadísticas terminan sustituyendo a las historias humanas. Entonces los números importan más que los pacientes y los procedimientos más que el dolor.
Por eso creo que hace falta más sensibilidad. Más sensibilidad para comprender por qué una persona recurre a la Sala Constitucional. Más sensibilidad para entender que nadie inicia un proceso legal por diversión cuando se trata de salud. Más sensibilidad para recordar que quienes hoy ocupan cargos públicos llegaron ahí porque millones de costarricenses depositaron en ellos su confianza. Algunos lo hicieron convencidos. Otros con dudas. Algunos por esperanza. Otros por descarte. Pero llegaron gracias a los ciudadanos.
Y precisamente por eso, cuando se habla de la salud de los costarricenses, cuando se habla de personas que buscan desesperadamente atención médica para sus seres queridos, las palabras deberían ser escogidas con mucho más cuidado. Porque detrás de cada expediente puede haber una historia de sufrimiento. Y frente al sufrimiento humano, la empatía nunca debería estar en lista de espera.