Hay noticias que, vistas rápidamente, parecen un asunto administrativo, casi burocrático, de esos que uno supone que solo interesan a abogados, diputados o magistrados. Pero algunas esconden detrás un problema mucho más importante: qué sucede cuando una institución del Estado necesita que otra cumpla con una responsabilidad y la decisión simplemente no llega. Este 22 de septiembre, CRHoy informó que la Corte Suprema de Justicia volvió a enviar a la Asamblea Legislativa la nómina de candidatos para ocupar cargos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional. No es la primera vez. La Asamblea debía realizar estos nombramientos desde diciembre de 2025 y el proceso continúa pendiente. Según la información publicada, la falta de designaciones ha tenido consecuencias concretas: llegaron a acumularse más de 130 expedientes que no podían ser conocidos debido a inhibiciones de magistrados.
El asunto llegó incluso a la propia Sala Constitucional. A finales de julio, la Sala dejó sin efecto decisiones mediante las cuales la Asamblea había devuelto la nómina y solicitado una nueva lista a la Corte. Además, ordenó a la Presidencia del Congreso realizar las gestiones necesarias para que los diputados conozcan la nómina y estableció reglas para realizar la votación. Mientras se concreta el nombramiento, los magistrados suplentes cuyo período venció en 2025 deben continuar ejerciendo sus funciones. Y aquí es donde el tema deja de ser simplemente una lista de nombres, porque nuestra democracia funciona mediante instituciones que tienen competencias diferentes, pero que inevitablemente dependen unas de otras. La Corte propone una nómina; la Asamblea Legislativa debe conocerla y realizar las designaciones correspondientes. Los diputados pueden discutir, cuestionar candidatos, votar por unos, rechazar otros, votar en blanco o manifestar políticamente sus posiciones dentro de las reglas establecidas. Esa discusión forma parte del sistema democrático.
Lo que resulta preocupante desde el punto de vista institucional es que una decisión requerida para el funcionamiento de otro poder del Estado permanezca sin resolución durante meses. No se trata de pedir que los diputados voten por determinada persona, ni de pretender que exista unanimidad. Precisamente la democracia permite el desacuerdo. Pero el desacuerdo también debe producir decisiones, porque gobernar, legislar y ejercer representación implica asumirlas. Una democracia no se sostiene únicamente porque existan elecciones, leyes o instituciones con nombres solemnes; también se sostiene cuando cada poder cumple las responsabilidades que le corresponden y evita que su inacción termine afectando el funcionamiento de los demás.
Ahora la nómina vuelve nuevamente a Cuesta de Moras. La presidenta legislativa, Yara Jiménez, indicó que informará a los jefes de fracción sobre la ruta y las fechas tentativas para realizar la elección. Ojalá esta vez el procedimiento avance. Porque cuando una institución queda esperando indefinidamente a otra, al final no son los magistrados, los diputados ni los expedientes quienes pagan el verdadero costo. Es el ciudadano que necesita que el Estado funcione.