Hay cosas que, por más vueltas que les dé, sencillamente no logro comprender. Y una de ellas es lo que está sucediendo en Costa Rica. Le recortan recursos a los CEN-CINAI, donde reciben atención y alimentación miles de niños de familias que necesitan apoyo; reducen los recursos destinados a viviendas populares, dificultando que muchas familias puedan aspirar a tener un techo propio; mantienen en incertidumbre los fondos de becas estudiantiles y tenemos una educación pública que atraviesa una situación preocupante. Como si fuera poco, se enfrentan con las universidades públicas, esas mismas que durante décadas han permitido que muchísimos costarricenses, sin importar su condición económica, puedan convertirse en profesionales y transformar sus vidas y las de sus familias. No estoy hablando de lujos ni de privilegios. Estoy hablando de oportunidades, de necesidades básicas y de derechos que durante generaciones hemos intentado proteger.
Tenemos una Caja Costarricense de Seguro Social que enfrenta enormes dificultades, una deuda estatal acumulada y pacientes que deben esperar meses o años para recibir determinados procedimientos médicos. Tenemos una Cruz Roja que necesita recursos para sostener su labor, mientras las discusiones sobre financiamiento parecen no terminar nunca. La seguridad pública continúa siendo motivo de preocupación para miles de familias que desean vivir tranquilas, trabajar y regresar a sus casas sin miedo. A esto se suman las inquietudes por los recursos destinados a la cultura, como si el arte, la música, la literatura y nuestras expresiones culturales fueran asuntos secundarios y no una parte fundamental de nuestra identidad como país. Y mientras tanto, nuestro sector agropecuario enfrenta dificultades que deberían preocuparnos muchísimo más, porque debilitar a quienes producen nuestros alimentos significa aumentar nuestra vulnerabilidad y poner en riesgo nuestra seguridad alimentaria.
Pero hay algo más que me inquieta profundamente. Los enfrentamientos con el Poder Judicial y, particularmente, con la Sala Constitucional; los ataques y cuestionamientos dirigidos a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes. Estamos hablando de instituciones que cumplen funciones esenciales para controlar el ejercicio del poder, defender derechos y ofrecer a los ciudadanos mecanismos para reclamar cuando consideran que algo se está haciendo mal. Podemos cuestionar su funcionamiento, exigirles eficiencia y señalar sus errores, por supuesto. Pero una cosa es fiscalizar a las instituciones y otra muy distinta es convertirlas sistemáticamente en adversarias políticas. Porque cuando se debilitan los mecanismos de control, no es solamente una institución la que podría perder capacidad de actuar; es el ciudadano quien corre el riesgo de quedarse sin suficientes herramientas para defenderse.
Y entonces me surge una pregunta que, francamente, me duele escribir: ¿Por qué nos odian tanto? No sé si esa sea realmente la explicación de lo que estamos viviendo. Ni siquiera me atrevo a buscar hipótesis sobre las intenciones que podrían existir detrás de tantas decisiones. No tengo manera de saber qué sienten quienes gobiernan por nosotros, ni pretendo atribuirles sentimientos que no puedo demostrar. Pero cuando observo la acumulación de recortes, conflictos institucionales, necesidades desatendidas y decisiones que generan preocupación en tantos sectores de nuestra sociedad, no puedo evitar preguntarme qué lugar ocupamos los ciudadanos dentro de las prioridades de quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos. Porque una cosa es administrar recursos limitados, tomar decisiones difíciles y establecer prioridades presupuestarias, y otra es que la población termine sintiendo que cada vez tiene menos oportunidades, menos protección y menos lugares a los cuales acudir.
Sin embargo, hay una segunda pregunta que me resulta todavía más difícil de responder: ¿Cómo puede haber un grupo de costarricenses que apoye todo esto? Y quiero detenerme aquí, porque no estoy cuestionando el derecho de nadie a simpatizar con un gobierno, a pertenecer a un partido político o a tener una visión diferente de la mía. Eso es democracia. Tampoco desconozco que habrá quienes consideren necesarias algunas de estas decisiones, o quienes encuentren razones legítimas para respaldar a sus gobernantes. Lo que no consigo comprender es cómo una persona que pertenece a la clase baja o a la clase media, que necesita de los servicios públicos, que posiblemente tiene hijos estudiando, familiares esperando una cita médica, adultos mayores que dependen de una pensión o seres queridos que podrían necesitar una ambulancia, puede observar estas situaciones sin preguntarse cómo le afectarán a ella misma y a su familia.
Porque aquí no estamos hablando de quitarles beneficios a unos desconocidos que viven en otra Costa Rica. Estamos hablando de servicios que cualquiera de nosotros podría necesitar mañana. Quien hoy celebra una reducción presupuestaria podría ser quien mañana necesite una beca para que su hijo continúe estudiando. Quien aplaude los enfrentamientos con la Caja podría terminar necesitando una cirugía que no puede pagar en un hospital privado. Quien considera innecesario defender las instituciones de control podría descubrir algún día que necesita precisamente de ellas para reclamar frente a una arbitrariedad. Y quien piensa que el campo costarricense no merece mayor atención podría terminar enfrentando las consecuencias de un país cada vez más dependiente de lo que otros producen. No se trata de defender a un gobierno o de atacar a otro. Se trata de comprender que las consecuencias de las decisiones públicas no distinguen entre oficialistas y opositores.
Yo puedo entender que alguien vote por un proyecto político porque cree en sus propuestas. Puedo comprender que defienda determinadas políticas económicas, que considere necesario reducir gastos o que crea que algunas instituciones necesitan reformas profundas. Incluso puedo aceptar que una persona vea resultados positivos donde yo encuentro motivos de preocupación. Lo que me cuesta comprender es la ausencia de cuestionamientos cuando las decisiones afectan precisamente a quienes menos posibilidades tienen de resolver sus necesidades por cuenta propia. Porque la clase alta, generalmente, cuenta con alternativas. Puede pagar educación privada, servicios médicos privados, transporte privado y muchos otros servicios. Pero ¿qué sucede con quienes no tienen esas posibilidades? ¿Qué ocurre con la familia que depende exclusivamente del salario de cada quincena, con el agricultor que lucha por mantener su producción, con el adulto mayor que vive de una pensión o con la madre que necesita un CEN-CINAI para poder trabajar?
Y hay algo todavía más delicado. Si, además de deteriorarse o debilitarse los servicios que necesitamos, terminamos permitiendo que se debiliten las instituciones ante las cuales podemos reclamar, ¿qué nos quedará? Porque una población puede soportar muchas dificultades mientras conserve oportunidades y mecanismos para exigir respuestas. Pero cuando empieza a perder ambas cosas, su vulnerabilidad aumenta enormemente. Por eso me preocupa tanto que algunos ciudadanos parezcan interpretar cualquier cuestionamiento a estas decisiones como un ataque político. No estamos discutiendo un partido, una bandera o la popularidad de una persona. Estamos hablando del funcionamiento de un país que nos pertenece a todos y de las garantías que también necesitarán quienes hoy defienden al Gobierno.
No sé por qué estamos llegando a este punto. Tampoco sé si quienes apoyan estas decisiones han considerado verdaderamente sus posibles consecuencias. Y no pretendo afirmar que todos los simpatizantes del Gobierno piensan igual, porque sería cometer exactamente el mismo error de generalización que tantas veces he criticado. Pero sí creo que debemos comenzar a hacernos preguntas más profundas, preguntas que vayan mucho más allá de la simpatía política, de los discursos y de los enfrentamientos personales. ¿Estamos defendiendo políticas que benefician al país o simplemente defendiendo a quienes las proponen? ¿Somos capaces de reconocer una decisión perjudicial aunque provenga de alguien por quien votamos? ¿Hemos llegado al punto de considerar aceptable cualquier cosa con tal de no darle la razón a quienes piensan diferente? No es lógico. No me parece sensato. No lo entiendo.
Porque, al final, no puedo comprender cómo alguien puede estar de acuerdo con decisiones que podrían dejarlo cada vez más desprotegido, con menos oportunidades para sus hijos, con mayores dificultades para recibir atención médica, con menos respaldo cuando enfrente una emergencia y, eventualmente, con menos instituciones a las cuales acudir para reclamar sus derechos. No entiendo cómo podemos olvidar que el Estado no existe para proteger a un gobernante, sino para servir a todos los ciudadanos. Y mucho menos entiendo cómo hemos llegado a una situación en la que defender la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, la justicia, la cultura o nuestra producción agrícola pueda convertirse en motivo de enfrentamiento entre costarricenses.
¿Por qué nos odian tanto? No lo sé. Pero hay algo que me preocupa todavía más: que estemos dejando de preocuparnos por nosotros mismos.