Ya viene siendo hora de que el oficialismo entienda que ganar unas elecciones no le entrega la propiedad del país. Las instituciones, los recintos públicos y los símbolos de nuestra historia pertenecen a Costa Rica. Ocupar un cargo obliga a cuidarlos, a respetar las normas y a rendir cuentas sobre su uso. Nadie recibe, junto con su credencial, una autorización para disponer de lo nuestro según su conveniencia.
Según lo publicado por CR Hoy, el despacho de la diputada Marta Esquivel organizó un homenaje al deportista Jorge Calvo Martín en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, durante el cual se exhibió publicidad de una bebida energética. Además, su hija participó en un video promocional grabado en ese recinto. Esquivel negó vínculos comerciales y beneficios para ella, su hija o su despacho, pero, de acuerdo con el medio, no precisó quién autorizó la publicidad ni si se solicitó permiso para aquella grabación. Esas preguntas exigen respuestas claras y públicas.
El homenaje a un deportista merece respeto. Precisamente por eso, corresponde explicar por qué terminó acompañado de una promoción comercial dentro de un espacio institucional. Negar que se recibió dinero deja sin responder la pregunta central: ¿con qué autorización se utilizó un recinto de todos los costarricenses para dar exposición a una marca privada? El patrimonio público merece respeto aunque nadie cobre un colón.
Desde Apacigua condenamos el uso promocional descrito en esa publicación y exigimos que las autoridades legislativas esclarezcan lo ocurrido, identifiquen quién lo autorizó y determinen las responsabilidades que correspondan. Si se incumplieron disposiciones, deben aplicarse las consecuencias previstas. La ciudadanía merece conocer las reglas que rigen estos espacios y comprobar que se hacen cumplir también cuando están involucradas personas cercanas al poder.
Basta de actuar como si los bienes públicos estuvieran a disposición de quienes gobiernan. Las normas pierden autoridad cuando su cumplimiento depende del apellido, del partido o de las conexiones de una persona. Exigir respeto por nuestras instituciones y tradiciones es una obligación ciudadana, y desde Apacigua seguiremos ejerciéndola con firmeza.
La Asamblea Legislativa es de Costa Rica. Quienes ocupan sus despachos deben responder por el uso que hacen de ella. Lo nuestro se respeta, y el poder también tiene que rendir cuentas.