Leí una publicación que enumeraba las virtudes de la presidenta: su preparación profesional, su experiencia en el sector público, sus valores familiares, sus principios cristianos, la capacidad de su equipo y el respaldo obtenido en las urnas. Al leerla, encontré aspectos que puedo reconocer sin dificultad, otros sobre los que no tengo elementos para opinar y algunos que merecen una discusión más seria. Porque reconocer las credenciales de una persona es perfectamente compatible con cuestionar su manera de ejercer el poder. La preparación merece reconocimiento; la gestión exige vigilancia.
Que sea una profesional calificada parece cierto. Que tenga experiencia en el funcionamiento del Estado también puede ser una fortaleza. Precisamente por eso corresponde exigirle criterio, responsabilidad y capacidad para comprender las consecuencias de sus decisiones. Cuando alguien llega con preparación y experiencia, la ciudadanía tiene razones para esperar más. Los títulos y los años de servicio constituyen un punto de partida; lo que haga desde el cargo determinará el valor de esa trayectoria para el país.
Sobre su vida familiar no tengo motivos para pronunciarme. Le corresponde a ella y a quienes la comparten. Pero cuando los valores familiares y las convicciones religiosas se presentan como argumentos para defender una gestión pública, es razonable preguntar cómo se expresan en la conducta de quien gobierna. ¿Se reflejan en su respeto hacia quienes discrepan? ¿En la prudencia de sus palabras? ¿En su capacidad de escuchar una pregunta incómoda sin convertir a quien la formula en un enemigo? Ahí es donde esas convicciones adquieren una dimensión pública y pueden ser valoradas por la ciudadanía.
La fe de una persona merece respeto. Su invocación, sin embargo, no puede cerrar la conversación sobre sus responsabilidades. Declararse creyente compromete a quien lo hace con aquello que predica. Si se habla de amor al prójimo, cabe esperar consideración hacia los demás; si se habla de humildad, cabe esperar disposición para corregir; si se habla de verdad, cabe esperar respuestas claras. Esa coherencia debe poder reconocerse en el tono, en las actitudes y en las decisiones, incluso cuando hay presión, desacuerdo o críticas. Especialmente entonces.
También se elogia su capacidad para escoger colaboradores. Esa valoración requiere observar cómo trabajan y cómo se comportan. Un equipo puede reunir conocimientos técnicos y, aun así, mostrar carencias de criterio, sensibilidad o inteligencia emocional. A mi juicio, algunas intervenciones públicas del ministro de Justicia y Paz plantean precisamente esa preocupación. Quien ocupa una responsabilidad de esa naturaleza debe saber manejar sus emociones, responder con mesura y comprender el peso de sus palabras. La capacidad para ejercer un cargo incluye la forma de ejercerlo.
En cuanto al respaldo electoral, hay una distinción indispensable: ganar una elección otorga legitimidad para gobernar, pero cada decisión posterior debe sostenerse por sus propias razones. Los votos no anticipan los resultados de una administración ni vuelven innecesaria la rendición de cuentas. Quienes votaron a favor tienen tanto derecho a exigir como quienes votaron en contra. Y quienes celebran una victoria harían bien en recordar que la confianza depositada en las urnas también puede defraudarse.
Me preocupa esa costumbre de convertir cualquier crítica en una ofensa y cualquier reconocimiento en una obligación de adhesión. Yo puedo admitir que una persona está preparada, que tiene experiencia y que obtuvo respaldo ciudadano, sin renunciar a señalar aquello que considero equivocado. Esa es una posición legítima y necesaria en democracia. La ciudadanía necesita conservar su libertad de juicio después de las elecciones, porque es durante el ejercicio del poder cuando más falta hace.
Por eso, ante una lista de virtudes, mi respuesta es sencilla: reconozcamos las que correspondan y observemos cómo se traducen en el gobierno. La coherencia se construye cada día, en el trato a las personas, en la disposición a escuchar y en la responsabilidad de asumir los errores. Quien pide confianza por los valores que proclama debe aceptar que también lo evaluemos por la forma en que los practica.