En los últimos días, muchas personas se han sorprendido al ver noticias donde la Contraloría General de la República le “da órdenes” al Gobierno.
Algunos incluso se preguntan: ¿Y quién se cree la Contraloría para mandarle al presidente o a los ministros lo que deben hacer o no hacer? La respuesta es sencilla: no se lo “cree”, es su deber hacerlo.
La Contraloría General de la República no es un enemigo del Gobierno, ni un poder aparte que busca imponer su voluntad.
Es un órgano constitucional creado precisamente para vigilar que los recursos públicos se usen de forma correcta, eficiente y transparente.
En otras palabras, la Contraloría es la guardiana del dinero público, del dinero que es de todos. Su función no es política, sino técnica y legal. No está a favor ni en contra de ningún gobierno; está a favor del buen uso de los fondos públicos.
Por eso, cuando detecta irregularidades, excesos o procedimientos contrarios a la ley, tiene la obligación de intervenir.
El Gobierno administra. La Contraloría fiscaliza. Y ambos existen para garantizar que el Estado funcione con equilibrio, sin abuso de poder y con rendición de cuentas.
La Contraloría revisa presupuestos, contratos, concesiones, proyectos y gastos de instituciones del Estado. Supervisa los movimientos financieros de ministerios, municipalidades, universidades públicas y bancos estatales, entre otros.
Si algo se aprueba o ejecuta sin cumplir la ley, la Contraloría puede detenerlo, anularlo o exigir correcciones. Esa no es una falta de respeto al Poder Ejecutivo. Es una manifestación de la democracia.
Así como el Tribunal Supremo de Elecciones garantiza que los comicios sean transparentes, la Contraloría garantiza que el dinero del pueblo sea usado correctamente.
No todas las decisiones del Gobierno son revisables por la Contraloría, pero sí aquellas que impliquen uso de fondos públicos.
Y cuando la Contraloría emite una orden o resolución, lo hace con base en la Constitución y en la ley, no por capricho.
Por eso, cuando alguien pregunta “¿quién se cree la Contraloría para darle órdenes al Gobierno?”, la respuesta debería ser: no se cree nada, simplemente cumple con su trabajo.
Y en una democracia sana, eso no solo debe respetarse: debe celebrarse.
Porque el día en que los órganos de control callen por miedo o por presión, ese día, sin darnos cuenta, habremos perdido algo mucho más valioso que un presupuesto: la confianza en nuestras instituciones.