Costa Rica está frente a una decisión importante. En mayo de 2026 concluyeron sustancialmente las negociaciones para la incorporación del país al Acuerdo Transpacífico, CPTPP. Según COMEX, todavía corresponde completar la elaboración y revisión legal del Protocolo de Incorporación, firmarlo y luego enviarlo a la Asamblea Legislativa para su trámite. El Gobierno sostiene que el acuerdo puede ampliar oportunidades comerciales, abrir acceso preferencial a nuevos mercados y atraer inversión. Todo eso merece ser escuchado. Pero precisamente porque se trata de una decisión de esta magnitud, yo también quiero escuchar respuestas claras sobre aquello que podría afectar a nuestra agricultura. No me basta con una explicación general sobre apertura comercial. Quiero saber qué cambiaría realmente, producto por producto, para quienes producen alimentos dentro del país.
Quiero saber qué pasará con las papas, con las hortalizas, con los lácteos, con la carne, con el arroz, con los frijoles y con aquellas actividades que puedan quedar expuestas a una competencia mayor. Quiero conocer los plazos, las condiciones de acceso, las excepciones, las salvaguardas que puedan existir y qué mecanismos tendría Costa Rica para reaccionar si una actividad comienza a deteriorarse. Si la negociación ya alcanzó un entendimiento sustancial sobre acceso a mercados, entonces me parece razonable que la ciudadanía pueda comprender con claridad qué significa ese entendimiento para quienes producen alimentos dentro del país. No es suficiente decir que habrá oportunidades; también necesitamos saber dónde estarán los riesgos y cómo piensa enfrentarlos el Estado.
También quiero saber qué sectores agrícolas consideran las autoridades que podrían beneficiarse y cuáles podrían enfrentar mayores presiones. No todos los productores son iguales, ni todos tienen la misma escala, capital, tecnología o capacidad para soportar años difíciles. El sector exportador agrícola costarricense tiene actividades muy fuertes, pero una agricultura exportadora exitosa no significa necesariamente que cada productor que abastece el mercado interno vaya a beneficiarse de la misma manera. Necesitamos conocer esas diferencias con claridad, porque sería un error hablar del agro como si todos sus sectores estuvieran en las mismas condiciones.
Quiero escuchar también a quienes están preocupados. El sector agropecuario ha expresado públicamente dudas y advertencias sobre los posibles efectos de la incorporación al CPTPP. Esas preocupaciones no son una sentencia definitiva sobre lo que ocurrirá, pero tampoco deberían despacharse como simple resistencia al cambio. Si un productor teme por la continuidad de su actividad, lo responsable es explicarle con datos por qué ese temor está o no justificado. Si hay razones para tranquilizarlo, que se presenten. Si hay riesgos reales, que se reconozcan. Lo que no me parece aceptable es pedir confianza sin entregar suficiente información.
Quiero saber también qué ocurriría si las previsiones salen mal. Los tratados se negocian con proyecciones, pero la economía real no siempre sigue los escenarios previstos. ¿Qué hará Costa Rica si dentro de algunos años una actividad nacional comienza a perder productores rápidamente? ¿Habrá instrumentos de apoyo? ¿Habrá períodos de ajuste? ¿Habrá seguimiento para saber si la apertura está provocando efectos diferentes a los esperados? ¿Qué indicadores se utilizarán para determinar si una actividad estratégica está en riesgo? Para mí esas respuestas importan tanto como cualquier promesa de nuevos mercados, porque una buena decisión no debería pensar solamente en lo que esperamos que ocurra, sino también en lo que haremos si ocurre algo distinto.
Y hay una pregunta todavía más básica: ¿qué producción alimentaria considera Costa Rica estratégica conservar? No estoy hablando de cerrar fronteras ni de pretender producir absolutamente todo lo que consumimos. Estoy hablando de definir qué capacidad productiva queremos seguir teniendo dentro del país y qué límites no estamos dispuestos a cruzar. Porque una finca que cierra puede tardar años en recuperarse, y una actividad que pierde conocimiento, infraestructura y nuevas generaciones no vuelve simplemente porque algún día descubramos que la necesitamos.
No necesito que me digan que todo saldrá bien. Tampoco necesito que me digan que todo saldrá mal. Necesito información suficiente para entender qué estamos aceptando. Quiero cifras, plazos, condiciones y explicaciones claras. Quiero saber quién podría ganar, quién podría quedar bajo presión y qué piensa hacer el país en cada caso. Porque antes de tomar una decisión de esta magnitud, preguntar no es obstaculizar. Es actuar con responsabilidad. Y antes de decir sí a cualquier acuerdo que pueda cambiar la forma en que producimos nuestros alimentos, yo quiero respuestas.
Vinicio Jarquín
Sembramos nuestro futuro
Apacigua