El diputado oficialista Robert Junior Barrantes presentó un proyecto para añadir una nueva causa al artículo 47 de la Ley de Tránsito: que se pueda impedir el ingreso a un autobús, o bajar de él, a quien interfiera con la conducción, invada el espacio del chofer, manipule controles o lo distraiga de manera que ponga en riesgo la seguridad. Nadie sensato defendería que un pasajero pueda poner en peligro a todos los ocupantes de una unidad. Precisamente por eso me cuesta entender que esta propuesta se presente como una respuesta legislativa importante. La ley vigente ya autoriza a los conductores y a las autoridades a impedir el ingreso o exigir que bajen pasajeros en una serie de situaciones peligrosas. El proyecto de Barrantes busca agregar una descripción más a esa lista.
Para que esa descripción llegue a convertirse en ley, el expediente debe ocupar tiempo de diputados, asesores, comisiones y del Plenario. Habrá que estudiarlo, consultarlo, discutirlo y votarlo. Todo eso requiere trabajo y recursos públicos. No digo que una reforma breve sea necesariamente inútil; digo que su utilidad debería estar a la altura del esfuerzo que se pide a la Asamblea. En este caso, todavía no veo cuál es el obstáculo concreto que impide proteger hoy a un conductor cuando un pasajero pone en riesgo la marcha del autobús. Si el problema existe, corresponde mostrarlo y explicar por qué el artículo 47 no permite resolverlo.
Me preocupa una forma de hacer política que convierte cualquier conducta reprochable en la oportunidad de anunciar una nueva ley. Suena diligente frente a una cámara: se identifica algo que nadie aprueba, se declara que «había que ponerle un freno» y se presenta un proyecto. Pero legislar no consiste en volver a escribir, con otras palabras, lo que ya se puede atender mediante las normas vigentes. Antes de pedirle a todo el Congreso que tramite un expediente, un diputado debería demostrar que su propuesta cambia algo en la vida de las personas.
Tal vez el problema de los choferes sea la falta de apoyo cuando necesitan que un pasajero se retire. Tal vez sea que no reciben capacitación, que no hay un procedimiento claro o que llamar a una autoridad no produce una respuesta oportuna. Esas posibilidades merecen investigación y soluciones. Agregar un inciso a la ley, por sí solo, no hará aparecer a un policía junto al autobús ni le dará al conductor respaldo inmediato. Si el diputado conoce una dificultad distinta, sería valioso que la explique con casos concretos y que muestre cómo su texto la resuelve.
La Asamblea Legislativa tiene asuntos que reclaman horas de estudio y decisiones difíciles. Por eso me parece legítimo preguntarle al diputado Barrantes cuánto tiempo y cuántos recursos públicos vale la precisión que propone. No basta con que un proyecto trate sobre seguridad para que sea una buena inversión del trabajo legislativo. Su mérito está en el cambio efectivo que pueda producir.
Mi pregunta es sencilla: ¿qué podrá hacer un chofer al día siguiente de aprobarse este proyecto que no pueda hacer hoy? Si la respuesta es clara y relevante, que se exponga. Si resulta que la diferencia consiste principalmente en tener otro inciso para anunciar en redes sociales, estaremos usando la Asamblea para fabricar la apariencia de una solución mientras los problemas reales del transporte público siguen esperando.
Nota de precisión: el expediente 25.790 es todavía un proyecto en trámite. La facultad que ya figura en la ley es la de impedir el ingreso o exigir el retiro de pasajeros bajo las condiciones establecidas en el artículo 47; la redacción específica propuesta por Barrantes aún no es ley.