Hace unos días me hice tres preguntas. No porque tenga las respuestas absolutas ni porque pretenda convencer a nadie de una posición política determinada, sino porque creo que son preguntas que cualquier ciudadano responsable debería hacerse de vez en cuando. La primera fue: ¿qué haría un gobierno si quisiera quedarse en el poder? La segunda: ¿qué haría un gobierno si quisiera sacar provecho de un país? Y la tercera: ¿cuáles son los pasos para destruir una república, su democracia y su institucionalidad? Las dos primeras preguntas tienen respuestas relativamente sencillas. La tercera es la que realmente debería preocuparnos.
Si un gobierno quisiera quedarse en el poder, probablemente no tendría ningún interés en destruir el país. Después de todo, necesita una economía que funcione, instituciones que recauden impuestos, servicios públicos operando y una sociedad que continúe produciendo riqueza. Lo que normalmente buscaría sería algo mucho más práctico: acumular poder, reducir los controles sobre sus acciones, debilitar a quienes puedan sustituirlo y fortalecer los mecanismos que le permitan mantenerse vigente durante el mayor tiempo posible. No necesita destruir la casa; le basta con asegurarse de controlar las llaves.
La segunda pregunta tiene una lógica parecida. Si alguien quisiera sacar provecho de un país, tampoco tendría interés en verlo reducido a ruinas. Quien explota una finca necesita que la finca continúe produciendo. Lo que podría hacer es extraer más de lo que corresponde, privilegiar sus propios intereses sobre los intereses generales, favorecer a determinados grupos, utilizar recursos públicos para beneficios particulares o debilitar mecanismos de control que podrían limitar sus acciones. El deterioro, cuando llega, suele ser una consecuencia de la ambición y no necesariamente el objetivo principal. La destrucción aparece porque el beneficio inmediato se coloca por encima de la salud del sistema.
Pero la tercera pregunta es distinta. Mucho más seria. Mucho más profunda. Porque cuando observamos la historia de diferentes países, descubrimos que las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Las repúblicas no suelen morir con un único golpe espectacular. Lo habitual es que el proceso sea lento, gradual y acumulativo. Tan gradual que muchas veces los ciudadanos no perciben lo que está ocurriendo mientras sucede. Cada paso parece pequeño. Cada decisión parece justificable. Cada cambio parece tener una explicación razonable. Sin embargo, cuando pasan los años y alguien mira hacia atrás, descubre que aquello que parecía una serie de hechos aislados terminó produciendo una transformación enorme.
Uno de los primeros pasos suele ser el debilitamiento de la confianza pública en las instituciones. No necesariamente mediante su eliminación formal, sino mediante una campaña constante destinada a convencer a la población de que esas instituciones no sirven, que están corrompidas, que trabajan contra los intereses nacionales o que son enemigas del pueblo. El objetivo no es cerrar la institución. El objetivo es algo más sofisticado: lograr que la ciudadanía deje de creer en ella. Porque una institución que pierde legitimidad social se vuelve mucho más vulnerable que una institución simplemente criticada.
Luego suele aparecer la polarización. La sociedad deja de estar formada por ciudadanos que piensan distinto y comienza a dividirse en bandos irreconciliables. Ya no existen adversarios políticos; existen enemigos. Ya no existen diferencias de criterio; existen traiciones. Ya no existen debates; existen guerras ideológicas permanentes. Cuando una sociedad llega a ese punto, el diálogo desaparece y las personas comienzan a justificar acciones que antes habrían considerado inaceptables, simplemente porque perjudican al bando contrario.
En ese ambiente aparecen los ataques contra los árbitros institucionales. Los organismos electorales suelen convertirse en uno de los primeros objetivos. Después de todo, son los encargados de organizar, supervisar y validar los procesos democráticos. Si se logra convencer a una parte importante de la población de que no son confiables, se debilita uno de los pilares más importantes de la democracia. No se necesita demostrar que son corruptos. Basta con repetir constantemente que lo son. Basta con sembrar la duda. Basta con erosionar la confianza pública.
Posteriormente suelen intensificarse los ataques contra el Poder Judicial. Primero se cuestionan determinadas resoluciones. Luego se cuestiona a la institución completa. Más adelante se cuestiona a los magistrados como cuerpo colegiado. Finalmente los ataques se vuelven personales. Se señala a magistrados específicos, jueces y funcionarios específicos. Ya no se discute únicamente una sentencia o una resolución. Lo que se busca es deteriorar la credibilidad de quienes tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar la ley. Y cuando esa estrategia avanza, suele aparecer un objetivo particularmente atractivo: el Fiscal General de la República. No porque necesariamente tenga razón en todas sus actuaciones ni porque sea infalible, sino porque ocupa una posición que puede investigar, denunciar y eventualmente llevar casos ante los tribunales. Quien desee reducir controles institucionales inevitablemente verá con incomodidad a quienes poseen capacidad real para fiscalizar.
Paralelamente puede desarrollarse otro fenómeno igual de importante, aunque mucho más silencioso. La ocupación gradual de espacios de poder por personas cuya principal característica no sea necesariamente su preparación, su experiencia, su independencia o su capacidad técnica, sino su lealtad al proyecto político dominante. Poco a poco, los puestos clave comienzan a llenarse con personas seleccionadas más por afinidad que por mérito. El problema es que este deterioro no suele generar titulares espectaculares. Es lento. Ocurre nombramiento tras nombramiento. Decisión tras decisión. Pero con el tiempo termina afectando la calidad de las instituciones y la capacidad del Estado para funcionar adecuadamente.
Todo esto rara vez ocurre durante una sola administración. Los procesos profundos requieren tiempo. Una primera etapa puede dedicarse a construir confianza, fortalecer una narrativa, generar seguidores, consolidar liderazgos carismáticos y alimentar discursos populistas que permitan crear una conexión emocional intensa con una parte importante de la población. Posteriormente, una segunda etapa puede intentar utilizar ese capital político acumulado para avanzar sobre instituciones que anteriormente habrían ofrecido mayor resistencia. Lo que antes parecía imposible comienza a parecer normal. Lo que antes parecía peligroso comienza a parecer necesario. Y lo que antes parecía una excepción comienza a convertirse en regla.
La historia demuestra que las repúblicas pueden soportar golpes importantes. Han sobrevivido guerras, crisis económicas, conflictos internos y liderazgos autoritarios. Pero también demuestra que ninguna democracia es indestructible. Mientras más instituciones sean atacadas simultáneamente, mientras más se erosione la confianza pública, mientras más se premie la lealtad por encima de la capacidad y mientras más se normalice la confrontación permanente contra los órganos de control, más difícil se vuelve preservar el equilibrio democrático que sostiene a una nación. No existe una fecha exacta en la que una democracia deja de ser democracia. Existe, más bien, un proceso de desgaste continuo que puede prolongarse durante años.
Por eso la pregunta verdaderamente importante no es cómo se destruye una república. La historia ya respondió esa pregunta muchas veces. La pregunta verdaderamente importante es si los ciudadanos serán capaces de reconocer las señales antes de que el daño sea irreversible. Porque ninguna constitución, ningún tribunal, ningún organismo electoral y ninguna ley pueden defender una democracia si los propios ciudadanos dejan de valorar las instituciones que garantizan su libertad. Al final, las repúblicas no se sostienen únicamente sobre edificios, leyes o funcionarios. Se sostienen sobre la voluntad de una ciudadanía que entiende que la democracia es imperfecta, pero que también entiende que destruir sus contrapesos suele ser mucho más fácil que volver a construirlos.