Después de leer la resolución de la Sala Constitucional que anuló una directriz del PANI por considerarla contraria a derechos fundamentales, me quedé pensando en una frase que escuchamos con frecuencia en la discusión pública: «Costa Rica no es la finca de nadie». Y aunque entiendo perfectamente lo que intenta decir esa expresión, tal vez no sea del todo correcta. Porque, en cierto sentido, Costa Rica sí es la finca de alguien. La diferencia es que no pertenece a un presidente, a un ministro, a un diputado, a un magistrado ni a ningún funcionario público. Costa Rica es la finca de todos los costarricenses, y precisamente por eso ninguno de nosotros puede administrarla como si fuera exclusivamente suya.
Lo que ocurrió en este caso resulta interesante porque nos recuerda una lección fundamental sobre el funcionamiento de una democracia. Alguien consideró razonable que las respuestas dirigidas a organizaciones sindicales debían pasar primero por la aprobación de una autoridad superior. Alguien pensó que era normal centralizar la comunicación institucional y que las distintas dependencias no podían responder directamente dentro de sus propias competencias. Y durante algún tiempo esa decisión existió como una regla administrativa válida. Sin embargo, cuando fue examinada por la Sala Constitucional, se concluyó que esa práctica afectaba derechos fundamentales relacionados con la libertad sindical, el acceso a la información, el derecho de petición y la transparencia que debe existir en toda institución pública.
Y aquí es donde aparece la verdadera importancia de la noticia. No se trata únicamente del PANI. No se trata únicamente de sindicatos. No se trata únicamente de una funcionaria o de una directriz específica. Se trata de recordar que en Costa Rica los funcionarios públicos no tienen poder ilimitado. No pueden simplemente decidir qué derechos respetan y cuáles no. No pueden convertir una institución pública en una extensión de sus preferencias personales. No pueden actuar como propietarios de estructuras que en realidad pertenecen a todos los ciudadanos.
A veces pareciera que algunos sectores han comenzado a ver los controles institucionales como obstáculos molestos. Se critica a la Sala Constitucional cuando anula decisiones. Se critica al Poder Judicial cuando investiga. Se critica a la Contraloría cuando fiscaliza. Se critica a la prensa cuando pregunta. Se critica a la Asamblea Legislativa cuando controla políticamente al Ejecutivo. Y poco a poco se va instalando la idea de que gobernar sería mucho más fácil si todos esos controles desaparecieran. Probablemente sea cierto. También sería mucho más peligroso.
Porque la historia de la humanidad demuestra que el problema nunca ha sido cuando llega un gobernante bueno. El problema aparece cuando llega uno malo. Los controles institucionales no fueron diseñados para protegernos de las buenas personas. Fueron diseñados para protegernos de las malas decisiones, de los abusos de poder y de la tentación permanente que tiene cualquier ser humano de creer que sus objetivos justifican cualquier método.
Por eso me parece tan importante esta resolución. Porque nos recuerda que las instituciones todavía funcionan. Que todavía existen jueces capaces de revisar decisiones administrativas. Que todavía existen ciudadanos capaces de reclamar cuando consideran lesionados sus derechos. Que todavía existen mecanismos para corregir excesos antes de que se conviertan en costumbre.
Y quizá esa sea la reflexión más importante de todas. Costa Rica sí es la finca de alguien. Es la finca de todos nosotros. Y precisamente por eso ningún gobernante, ningún ministro, ningún jerarca y ningún funcionario tiene derecho a comportarse como si fuera el dueño único de ella.
Los cargos son temporales. El poder es temporal. Las personas pasan. Las instituciones permanecen.
Y mientras sigamos recordando esa diferencia, seguiremos teniendo una democracia digna de ser defendida.