Qué triste es, a veces, sentirse parte de la ciudadanía cuando una parte notoria de esa misma ciudadanía se expresa de una manera que pareciera incapaz de distinguir entre criticar y destruir. Lo pienso con frecuencia cuando veo publicaciones de diputados de distintos partidos políticos. Puede ser un diputado hablando de un proyecto de ley, explicando una posición, defendiendo una iniciativa, cuestionando otra o simplemente exponiendo lo que cree que debería hacerse en determinado tema. Uno podría esperar que debajo de esa publicación aparecieran argumentos, preguntas, objeciones, datos, propuestas alternativas o incluso críticas durísimas sobre lo que está diciendo. Pero demasiadas veces lo que aparece es otra cosa: comentarios sobre su físico, sus dientes, su peso, su edad, su ropa, su tono de voz, su manera de hablar, alguna historia de hace diez o veinte años, un apodo ofensivo o una frase cuyo único propósito parece ser humillar.
Quiero aclarar algo que me parece fundamental: los diputados deben ser criticados. Son funcionarios públicos, toman decisiones que afectan nuestras vidas, administran poder político y tienen una enorme responsabilidad frente al país. La ciudadanía tiene todo el derecho de cuestionarlos, exigirles explicaciones, recordarles contradicciones, señalar errores, denunciar actuaciones incorrectas y pedirles cuentas. Pero una cosa es fiscalizar y otra muy distinta es agredir. Una cosa es decirle a un diputado: «No estoy de acuerdo con este proyecto por estas razones», y otra decirle que es feo, viejo, gordo, flaco, bruto o cualquier otra cosa que no tenga absolutamente nada que ver con aquello que se está discutiendo. En el primer caso hay ciudadanía. En el segundo solamente hay hostilidad. Y entonces me hago una pregunta incómoda: ¿qué relación podemos esperar construir entre quienes nos representan y quienes los elegimos si cada vez que alguno de ellos abre la boca recibe una avalancha de desprecio personal? No puedo imaginar lo que significa ser diputado, abrir una publicación propia y encontrarse con cientos de personas diciéndole cosas que probablemente jamás se atreverían a decirle frente a frente. No puedo imaginar leer todos los días ataques contra el cuerpo, la familia, la apariencia, la edad o la dignidad personal y, después, pretender seguir viendo a esa misma ciudadanía como una comunidad a la que uno desea escuchar. Porque detrás del cargo público continúa existiendo una persona. Puede equivocarse. Puede tomar decisiones con las que estemos profundamente en desacuerdo. Puede incluso merecer una crítica política severa. Pero sigue siendo una persona.
Además, esa forma de relacionarnos tiene una consecuencia que quizá no estamos midiendo: aleja a los representantes de la sociedad. Después nos quejamos de que los diputados viven encerrados en una burbuja, de que no leen comentarios, de que bloquean ciudadanos, de que se rodean solamente de quienes piensan como ellos o de que prefieren comunicarse mediante declaraciones cuidadosamente preparadas. Pero habría que preguntarnos también cuánto contribuimos nosotros a construir esa distancia. Si cada espacio de diálogo termina convertido en un paredón de insultos, ¿qué incentivo queda para conversar? ¿Cómo pretendemos pedir cercanía cuando convertimos cada posibilidad de cercanía en una oportunidad para agredir? Y hay algo todavía más preocupante: muchas de esas personas probablemente consideran que están haciendo política. Creen que poner un insulto debajo de la fotografía de un diputado es participar en democracia. Creen que burlarse de sus dientes es fiscalizarlo. Creen que atacar su edad es ejercer ciudadanía. No. La democracia necesita ciudadanos capaces de argumentar. Necesita personas que sepan escuchar algo con lo que no están de acuerdo y responder desde las ideas. Necesita ciudadanos que investiguen, pregunten, contradigan y exijan. No necesita multitudes compitiendo por escribir el insulto más cruel.
También pienso en los jóvenes que leen esos comentarios. ¿Qué educación política estamos construyendo cuando mostramos que la manera normal de relacionarse con quien piensa diferente es ridiculizarlo? Después nos preguntamos por qué cuesta tanto conversar, por qué las discusiones terminan en gritos, por qué las familias dejan de hablar de política o por qué las redes sociales parecen campos de batalla permanentes. Tal vez una parte de la respuesta está precisamente ahí: hemos normalizado la idea de que destruir al otro es una forma legítima de defender nuestras convicciones. No estoy proponiendo una ciudadanía dócil. Todo lo contrario. Quiero una ciudadanía mucho más exigente, capaz de preguntarle a un diputado cuánto cuesta su propuesta, a quién beneficia, a quién perjudica, qué evidencia la respalda, cómo se financiará, cuáles pueden ser sus consecuencias y por qué votará de determinada manera. Quiero ciudadanos que lean proyectos de ley, que conozcan quién votó qué, que recuerden promesas, que comparen discursos con actuaciones y que no se traguen cualquier argumento simplemente porque viene del partido político que les gusta. Eso sería muchísimo más incómodo para cualquier diputado que cien comentarios burlándose de su apariencia. Porque incluso la crítica pierde fuerza cuando se mezcla con basura. Puede existir entre cien insultos un comentario verdaderamente importante, una denuncia seria o una pregunta que debería responderse, pero termina enterrada entre ataques personales. Entonces el propio ciudadano perjudica su capacidad de ser escuchado, y el ruido termina venciendo al argumento.
A veces hablamos mucho de la calidad de nuestros políticos, y está bien hacerlo. Pero quizá también tendremos que empezar a hablar de la calidad de nuestra ciudadanía. La democracia no depende solamente de buenos diputados, buenos presidentes, buenos magistrados o buenos alcaldes. También depende de ciudadanos capaces de comportarse como ciudadanos. Podemos disentir profundamente. Podemos cuestionar. Podemos denunciar. Podemos exigir renuncias cuando corresponda, reclamar explicaciones y enfrentarnos a las ideas que consideremos dañinas para el país. Pero deberíamos ser capaces de hacerlo sin fabricar maldad en el corazón solamente para lanzársela a otra persona. Porque cuando el debate público se reduce a insultos, no pierde solamente el diputado insultado. Perdemos todos.