Cuando el diálogo empieza a parecer una advertencia
Esta mañana observé con atención la conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández luego de reunirse con representantes del Poder Judicial. Y honestamente, mi primera impresión fue positiva. Vista rápidamente, sin detenerme demasiado en los matices, parecía una presidenta firme, segura y decidida a enfrentar temas complejos relacionados con seguridad y justicia. Incluso llegué a elogiar parte de su manejo político. Pero conforme avanzó el día empecé a leer análisis mucho más profundos de personas que conocen mejor que yo las dinámicas institucionales, jurídicas y democráticas del país. Entre ellos, los textos de Gustavo Adolfo Araya, Luis Paulino Vargas y Gustavo Román Jacobo, tres personas con estilos muy distintos, pero con algo en común: una enorme capacidad para leer las capas ocultas del poder político y del lenguaje. Y entonces volví a ver la escena, pero ya no desde la emoción inmediata, sino intentando entender qué era exactamente lo que me había incomodado sin haberlo identificado claramente al principio.
Porque sí, había algo extraño en toda aquella conferencia. Muy extraño. Y creo que parte de esa incomodidad nace de una pregunta sencilla: ¿cómo se supone que luce una reunión republicana entre poderes del Estado en una democracia madura? Porque una cosa es que existan desacuerdos fuertes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Eso es normal y hasta saludable dentro de cualquier sistema democrático serio. Pero otra muy distinta es salir de una reunión que, aparentemente, transcurrió de forma respetuosa y utilizar inmediatamente las cámaras para lanzar acusaciones, insinuaciones y golpes políticos contra quienes hace apenas minutos estaban sentados frente a ti. La sensación que dejó fue extraña. Casi como despedir cordialmente a unas visitas en la puerta de la casa… y empezar a insultarlas apenas se suben al carro.
Y ahí fue donde empecé a entender algo importante: tal vez el verdadero problema no fue el contenido específico de cada crítica, sino el tono general de confrontación pública que terminó impregnando toda la escena. Porque cuando una presidenta le pide al Poder Judicial que no “entorpezca” ni “boicotee” proyectos de ley impulsados por su gobierno, lo que mucha gente escucha detrás de esas palabras es algo muchísimo más delicado: “no se atrevan a cuestionarme”. Y eso ya no es simplemente una discusión política. Eso toca fibras muchísimo más profundas relacionadas con la independencia de poderes y el papel que cumplen los contrapesos institucionales dentro de una democracia. Porque precisamente para eso existen los otros poderes de la República. No para aplaudir automáticamente al Ejecutivo. No para obedecer emocionalmente al gobierno de turno. Sino para analizar, cuestionar, corregir y, cuando corresponda, incluso detener propuestas que consideren problemáticas o inconstitucionales.
Y honestamente, me preocupa que cada vez más personas empiecen a percibir esos contrapesos como obstáculos molestos en lugar de entenderlos como mecanismos de protección democrática. Otro momento particularmente delicado fue cuando la presidenta habló de “persecución política”. Porque esa expresión, lanzada desde la Presidencia de la República hacia el Poder Judicial, no es menor. Es una acusación extremadamente seria. Y el problema de usar ese lenguaje desde el poder es que inevitablemente se interpreta como un intento de desacreditar investigaciones, procesos judiciales o cuestionamientos legales relacionados con figuras cercanas al oficialismo y al chavismo político. Y ahí es donde uno empieza a sentir una preocupación más profunda. Porque una democracia sana no debería aspirar a eliminar investigaciones incómodas. Debería aspirar a que esas investigaciones se hagan correctamente, con debido proceso, con transparencia y sin presiones políticas de ningún lado. Pero jamás desde la lógica de la impunidad.
Y dentro de toda aquella conferencia hubo además un momento particularmente importante que quizás mucha gente pasó por alto, pero que para mí terminó siendo uno de los instantes más reveladores de toda la jornada: la intervención de la magistrada Patricia Solano. Porque mientras desde el Ejecutivo se hablaba de que al Poder Judicial se le entrega incluso más presupuesto del que la Constitución exige, Solano hizo algo muy poco común en este tipo de escenarios: corrigió públicamente la narrativa, de manera técnica, serena y extremadamente clara. Explicó que el famoso 6% constitucional originalmente pensado para el Poder Judicial fue concebido cuando este era prácticamente un órgano jurisdiccional puro. Pero con el paso de los años se le fueron agregando responsabilidades enormes: Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, Víctimas y Testigos, entre otras estructuras fundamentales para el sistema de justicia penal costarricense.
Y ahí apareció una verdad incómoda que cambia completamente la percepción pública del tema. Según explicó la magistrada, de ese 6% constitucional solamente un 3.1% termina realmente destinado a la Judicatura. El resto sostiene estructuras complejísimas y costosísimas, incluyendo al OIJ, cuyo presupuesto, dijo ella misma, es prácticamente comparable al de toda la Judicatura nacional. Y honestamente, escuchar esa explicación produjo una sensación extraña. Porque por un instante la conferencia dejó de parecer un acto político cargado de frases emocionalmente efectivas y volvió a convertirse en algo muchísimo más importante: una discusión técnica sobre cómo funciona realmente el Estado costarricense. Y ahí fue donde se notó la diferencia entre construir una narrativa política… y explicar una estructura institucional compleja.
Pero hubo otro momento que también merece detenerse a observar con calma: aquel intercambio donde la presidenta utilizó los 38 años de trayectoria del magistrado Orlando Aguirre para compararlos con sus propios 39 años de vida. Muchísimas personas interpretaron aquella frase como una forma de desacreditar la permanencia de los magistrados dentro del Poder Judicial. Y probablemente había algo de eso en el tono político de la escena. Pero mientras más lo pienso, más me pregunto si aquella frase escondía también otra cosa mucho más humana y mucho más profunda.
Me pregunto si cuando la presidenta hizo referencia a los años de magistratura de don Orlando Aguirre y luego comparó esa cifra con sus propios años de vida, realmente estaba intentando cuestionar la permanencia de los magistrados… o si, en el fondo, aquello fue casi un mea culpa involuntario.
Porque gobernar un país como Costa Rica no es poca cosa. Mucho menos una Costa Rica polarizada, emocionalmente agotada, institucionalmente tensionada y golpeada por lo que muchísimas personas consideran el peor gobierno de nuestra historia reciente. Y entonces uno empieza a preguntarse si, detrás de aquella frase, también había una conciencia silenciosa de la magnitud del desafío que tiene enfrente una mujer tan joven enfrentando una de las etapas más complejas que ha vivido nuestra democracia contemporánea.
Porque hay momentos donde la experiencia pesa. Donde las horas de vuelo pesan. Donde las canas pesan. Y quizás por eso mismo Gustavo Román Jacobo hacía una lectura muchísimo más elegante y humana de aquella escena: tal vez la presidenta no estaba únicamente señalando el tiempo del magistrado en su cargo. Tal vez también estaba reconociendo, consciente o inconscientemente, cuánto le falta todavía por vivir, aprender y enfrentar dentro de una responsabilidad tan gigantesca como conducir una República.
Luego apareció otro elemento inquietante: la amenaza implícita del referendo. Porque cuando la presidenta plantea que, si la Asamblea Legislativa no aprueba sus proyectos, estos podrían ir directamente a consulta popular, el mensaje político que muchas personas reciben es bastante claro: “si las instituciones no me dan la razón, intentaré saltármelas apoyándome directamente en la emoción popular”. Y eso también merece muchísimo cuidado. Porque los referendos no son malos en sí mismos. Pero utilizados en contextos de altísima polarización emocional pueden convertirse en herramientas muy peligrosas de presión política contra instituciones, minorías o contrapesos democráticos.
Y ahí es donde aparece algo que honestamente me preocupa todavía más: la sensación de continuismo no solamente en personas o figuras políticas, sino en estilos de poder. Porque Laura Fernández prometió continuidad. Y sí, pareciera estar cumpliéndola. No solo en ciertas líneas políticas, sino también en una forma de comunicación basada en confrontación constante, presión mediática, polarización emocional y construcción permanente de enemigos públicos. Y sinceramente espero equivocarme. Porque Costa Rica necesita firmeza, sí. Necesita seguridad, sí. Necesita reformas profundas, sí. Pero también necesita algo igual de importante: prudencia democrática. Necesita líderes que entiendan que gobernar no consiste únicamente en imponer carácter frente a cámaras, sino también en respetar los límites invisibles que sostienen una república. Porque las democracias rara vez mueren de golpe. Normalmente empiezan a deteriorarse cuando el diálogo deja de parecer diálogo… y empieza a parecer advertencia.