Hay momentos en que uno observa ciertas cosas y no puede evitar sentir una mezcla de pereza, preocupación e impotencia. Pereza porque los métodos son viejos. Preocupación porque suelen ser efectivos. E impotencia porque, aunque muchas personas logran ver lo que está ocurriendo, otras terminan convirtiéndose en instrumentos involuntarios de campañas cuidadosamente diseñadas.
Desde hace algún tiempo vengo observando algo que me llama profundamente la atención. Pareciera que alguien hubiera soltado los perros de traba contra el Poder Judicial. No hablo de críticas puntuales ni de cuestionamientos legítimos. En una democracia toda institución pública debe estar sometida al escrutinio ciudadano. Hablo de algo diferente. Hablo de una ofensiva constante, sistemática y repetitiva que busca presentar al Poder Judicial como una institución inútil, corrupta, incapaz o innecesaria.
Los videos aparecen todos los días. Los memes se multiplican. Las publicaciones se repiten una y otra vez. Las mismas ideas circulan por distintas páginas, distintos perfiles y distintos grupos. El mensaje cambia de forma, pero no de fondo. Siempre apunta en la misma dirección: erosionar la confianza de la población en uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.
Lo curioso es que muchas personas terminan compartiendo ese contenido sin detenerse a preguntarse quién lo produjo, por qué lo produjo o a quién beneficia. Lo reciben, lo consumen y lo retransmiten como si fuera información objetiva, cuando en muchos casos lo que están recibiendo es propaganda cuidadosamente diseñada para provocar indignación.
Hace años alguien dijo que, después de debilitar la confianza en otras instituciones, el siguiente objetivo sería el Poder Judicial. En aquel momento la afirmación me pareció exagerada. Hoy ya no estoy tan seguro. Cuando uno observa la intensidad, la frecuencia y la coordinación de ciertos ataques, resulta difícil no preguntarse si realmente estamos viendo una simple acumulación de críticas espontáneas o algo mucho más organizado.
Porque destruir la confianza de una sociedad en sus instituciones nunca ha sido una estrategia nueva. Se ha utilizado en muchos países y en distintos momentos de la historia. Primero se convence a la población de que nada funciona. Después se le persuade de que nadie merece confianza. Luego se le hace creer que todas las instituciones están podridas y que deben ser sustituidas o sometidas. El problema es que, cuando finalmente la gente descubre el valor que tenían aquellas instituciones, muchas veces ya es demasiado tarde.
Nuestro Poder Judicial no es perfecto. Ninguna institución humana lo es. Comete errores, enfrenta desafíos y tiene mucho espacio para mejorar. Pero una cosa es reconocer sus defectos y otra muy distinta es participar en una campaña permanente destinada a destruir su legitimidad ante la opinión pública.
Costa Rica sigue siendo uno de los países con mayores niveles de institucionalidad de la región precisamente porque cuenta con organismos capaces de funcionar con independencia. Esa independencia no siempre produce resoluciones que nos gusten. A veces favorece a una persona que consideramos culpable. Otras veces protege derechos que no compartimos. Sin embargo, la verdadera prueba de una institución independiente es que actúe conforme a la ley y no conforme a las emociones del momento o a las presiones políticas de turno.
Por eso cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. No se trata de defender ciegamente al Poder Judicial. Se trata de utilizar la inteligencia, el criterio y el sentido común antes de convertirnos en amplificadores de cualquier mensaje que aparezca en nuestras pantallas. Se trata de preguntarnos quién gana cuando una sociedad pierde la confianza en sus jueces. Se trata de analizar antes de compartir. De verificar antes de indignarnos. De pensar antes de reaccionar.
Las campañas de desprestigio suelen ser mucho más baratas de lo que cuesta construir una institución seria. Un meme tarda segundos en producirse. Una caricatura requiere apenas unos minutos. Una mentira puede escribirse en una sola línea. Construir un sistema judicial respetable requiere décadas de trabajo, miles de funcionarios honestos y generaciones enteras comprometidas con el Estado de Derecho.
Por eso vale la pena estar atentos. No para dejar de criticar cuando sea necesario. No para convertir ninguna institución en algo sagrado. Sino para reconocer cuándo estamos frente a una crítica legítima y cuándo estamos frente a una estrategia diseñada para debilitar aquello que protege nuestras libertades.
La democracia no suele morir únicamente por los ataques externos. Muchas veces comienza a debilitarse cuando los propios ciudadanos dejan de creer en las instituciones que la sostienen. Y cuando eso ocurre, reconstruir la confianza perdida puede tomar mucho más tiempo del que tomó destruirla.