Recientemente se informó que Juan Diego Castro, quien ahora forma parte de un equipo cercano al Poder Ejecutivo, presentó un cuestionario dirigido al presidente de la Corte Suprema de Justicia con la intención de evaluar supuestas fallas del Poder Judicial.
Más allá del contenido del cuestionario, el gesto plantea una inquietud institucional que merece reflexión. En una república democrática como Costa Rica, los poderes del Estado existen precisamente para mantener un equilibrio entre sí. El Ejecutivo gobierna, el Legislativo legisla y el Judicial administra justicia. Ese diseño no es casualidad: es el mecanismo que evita la concentración del poder y protege la estabilidad del sistema democrático.
Por eso resulta difícil comprender que desde el entorno del Poder Ejecutivo se pretenda someter al Poder Judicial a un ejercicio de evaluación o cuestionamiento como si existiera una relación jerárquica entre ambos. No la hay. Ningún poder de la República está por encima de otro.
Las instituciones pueden y deben ser criticadas. Las fallas institucionales pueden y deben discutirse. Pero esas discusiones deben darse dentro de los canales que la propia Constitución establece, y no mediante gestos que puedan interpretarse como intentos de presión o de subordinación política.
Por esa razón, muchos esperamos que el Poder Judicial responda con serenidad institucional, pero también con claridad. No se trata de entrar en confrontaciones innecesarias, sino de recordar algo fundamental: en una república democrática, los poderes del Estado no se fiscalizan entre sí como superiores, sino que se equilibran como iguales.
Costa Rica ha construido durante décadas un sistema institucional basado en ese equilibrio. Debilitarlo, incluso simbólicamente, sería un error que el país no necesita.