Hay una diferencia enorme entre legislar desde las convicciones, desde los valores o desde una posición política clara… y hacerlo desde las artimañas. Una democracia sana acepta perfectamente que existan desacuerdos. Para eso existen los parlamentos. Para eso existen las votaciones. Para eso existen las fracciones legislativas. Lo que una democracia no debería normalizar es el sabotaje institucional como herramienta política.
Según informó el periódico Semanario Universidad, la bancada oficialista entregó en blanco sus votos para impedir el nombramiento de magistrados suplentes de la Sala Constitucional. No estamos hablando de una diferencia de criterios sobre uno o dos nombres específicos. No estamos hablando de objeciones concretas contra determinados candidatos. Estamos hablando de dieciocho personas. Dieciocho ciudadanos costarricenses altamente preparados, con maestrías, doctorados, experiencia jurídica y trayectoria profesional, cuyos nombres fueron remitidos para garantizar que la Sala Constitucional pueda seguir funcionando adecuadamente para el pueblo de Costa Rica. Y aun así, ninguno. Ni uno solo.
Eso ya no parece una votación de conciencia. Parece otra cosa.
Porque cuando una bancada completa decide bloquear absolutamente todos los nombres posibles, la sensación inevitable es que no estamos frente a una valoración individual de perfiles, sino frente a una instrucción política diseñada para paralizar, presionar o forzar otro escenario más conveniente para alguien.
Y ahí es donde el tema deja de ser simplemente político y empieza a convertirse en algo mucho más delicado para el país.
Porque la Sala Constitucional no es un adorno democrático. Es una de las estructuras más importantes que tiene Costa Rica para proteger derechos, resolver conflictos constitucionales y sostener el equilibrio institucional. Jugar con su funcionamiento no es cualquier cosa. Mucho menos en momentos donde la ciudadanía ya percibe tensión creciente entre poderes de la República.
Por eso me parece importante decir algo con claridad: esto no se trata de oficialistas contra oposición. Se trata del pueblo costarricense. Se trata de entender que las instituciones existen precisamente para funcionar aun cuando los gobiernos cambian, aun cuando las mayorías legislativas cambian y aun cuando las simpatías políticas cambian.
Porque si cada institución empieza a operar únicamente cuando responde ideológicamente al grupo de turno, entonces dejamos de tener una República y empezamos a tener otra cosa mucho más peligrosa.
Y honestamente, lo más preocupante no es solo el bloqueo. Lo más preocupante es la naturalidad con la que pareciera ejecutarse. Como si dejar pegada una sala constitucional fuera apenas una estrategia más dentro del tablero político.
No señores. La democracia no se fortalece paralizando instituciones para forzar escenarios favorables.
La democracia se fortalece dialogando, negociando, construyendo acuerdos y entendiendo que ningún grupo político debería sentirse dueño absoluto del aparato institucional del país.
La ventaja, al menos por ahora, es que Costa Rica todavía tiene mecanismos democráticos de contención. Si eventualmente la Sala Constitucional llegara a quedar comprometida por falta de suplentes, todavía existen herramientas legislativas y presiones políticas capaces de obligar a destrabar el proceso. Y quizás ahí volveríamos a ver lo que ya ha venido ocurriendo en otros momentos recientes: sectores oficialistas quedando nuevamente expuestos frente al país cuando ciertas estrategias terminan devolviéndose políticamente en su contra.
Pero más allá de quién gane o pierda un pulso político, lo verdaderamente importante es otra cosa. Costa Rica necesita recordar urgentemente que las instituciones no son piezas de ajedrez para alimentar estrategias partidarias. Son estructuras que sostienen la convivencia democrática de millones de personas.
Y cuando empezamos a jugar irresponsablemente con ellas, lo que termina debilitándose no es un partido, ni una bancada, ni un gobierno.
Es la confianza del país entero.