Doña Mayuli Ortega Guzmán es diputada de la República y presidenta del Partido Pueblo Soberano. Su posición implica responsabilidades políticas, administrativas y, sobre todo, una obligación de rendir cuentas. Por eso, cuando su partido alquila un vehículo de alta gama para su uso y presenta ese gasto para financiarlo mediante la contribución estatal, la ciudadanía tiene todo el derecho de preguntar si ese dinero se está utilizando con la prudencia que merece.
Según lo publicado por La Nación, el partido alquiló un BMW X1, modelo 2026, asignado a doña Mayuli, y presenta facturas mensuales de $2.645, aproximadamente ₡1,2 millones, para su reconocimiento con recursos de la deuda política. Conviene precisar que presentar un gasto no significa que el Tribunal Supremo de Elecciones ya lo haya aprobado o pagado. Pero la decisión de pretender financiar ese alquiler con recursos públicos ya merece una discusión.
Doña Mayuli ha defendido públicamente el alquiler. Ha explicado que tiene una agenda exigente, que debe trasladarse entre la Asamblea Legislativa y la sede de su partido, y que el Comité Ejecutivo Superior le asignó el vehículo para atender esas responsabilidades. Su agrupación también sostiene que el arrendamiento cumple los requisitos establecidos y que consiguió una tarifa favorable frente a otras opciones del mercado.
La he escuchado, doña Mayuli. Usted ha insistido en explicar por qué considera que ese gasto puede hacerse conforme a las reglas. Y tal vez tenga razón en el terreno legal; no me corresponde sustituir al Tribunal Supremo de Elecciones ni anticipar su criterio. Pero mi cuestionamiento es ético: en mi opinión, pretender que los costarricenses financiemos ese vehículo de alta gama es inmoral.
Porque tener derecho a trasladarse para cumplir sus funciones no explica, por sí solo, la elección de un BMW. Tener mucho trabajo tampoco convierte cualquier comodidad en una necesidad que deba asumir el erario. La pregunta sigue pendiente: ¿qué necesidad concreta de su partido exige ese vehículo y justifica ese costo? Comparar su alquiler con el de otro automóvil caro puede servir para discutir una tarifa, pero deja sin responder si la decisión original fue prudente.
Los recursos públicos merecen un cuidado especial porque salen del esfuerzo de la gente. De quienes pagan impuestos, trabajan jornadas enteras y ajustan sus gastos para llegar a fin de mes. Hay familias que deben escoger qué compra puede esperar y qué necesidad tendrán que posponer. Frente a esa realidad, defender con tanta insistencia un vehículo de alta gama revela, a mi juicio, una preocupante distancia entre la comodidad de quien decide y el sacrificio de quienes contribuyen.
Ante los cuestionamientos, usted tenía la posibilidad de revisar la decisión, explicar cómo podía corregirse y buscar una alternativa más austera. Todavía la tiene. Podría promover la revisión del contrato y de las condiciones para terminarlo, o procurar que ese gasto deje de presentarse para su reconocimiento con fondos públicos. Rectificar sería una señal de respeto hacia la ciudadanía y de comprensión de la responsabilidad que ocupa.
Sin embargo, cuando la respuesta insiste en presentar la controversia como un intento de hacerle daño al partido, el reclamo ciudadano queda desatendido. Usted ha atribuido a sectores de la prensa la intención de perjudicar a su agrupación. Pero informar sobre el destino que se pretende dar a los recursos públicos es parte del escrutinio que toda dirigencia política debe aceptar.
No necesito atribuirle una intención oculta para cuestionar su decisión. Me basta con observar sus prioridades y escuchar su defensa. Y lo que encuentro es una insistencia en justificar una comodidad costosa cuando lo que esperaría de una representante pública es sensibilidad, mesura y disposición para corregir.
Doña Mayuli, tener un poco de vergüenza ante el reclamo ciudadano significaría detenerse a pensar si vale la pena sostener esta decisión. Significaría reconocer que la confianza pública también se pierde con gastos que pueden caber dentro de una norma, pero resultan ofensivos para quienes los terminan financiando.
Usted puede seguir intentando demostrar que el alquiler es legal. Lo que todavía debe explicar es por qué considera correcto que lo paguemos nosotros.
Puedo entender, doña Mayuli, que usted busque argumentos para defender lo que, a mi juicio, es una artimaña para cargarle a los recursos públicos una comodidad que debería financiar de otra manera. Lo que me cuesta entender es su falta de vergüenza ante el cuestionamiento. Esa insistencia en justificar el gasto, sin mostrar disposición a reconsiderarlo, me hace pensar que ha perdido de vista la realidad de quienes terminan pagando y los límites éticos que deberían orientar a una representante pública. Porque cuando uno empieza a creer que basta con encontrar una justificación legal para hacer lo que le conviene, corre el riesgo de confundir lo permitido con lo correcto.
Hay una enseñanza bíblica que viene al caso: «Todo me es lícito, pero no todo conviene». Y eso es precisamente lo que quisiera que usted comprendiera: aunque lograra demostrar que ese alquiler puede reconocerse legalmente, seguiría pendiente su responsabilidad moral. Tener la posibilidad de cargar un gasto al Estado debería exigirle más prudencia, más sensibilidad y suficiente vergüenza para rectificar cuando la ciudadanía le señala el exceso.