Hay apuestas políticas que comprometen mucho más que una elección. Comprometen el nombre, la trayectoria y la forma en que una persona será recordada. En mi opinión, varias de las figuras que impulsan o acompañan el proyecto político de Pueblo Soberano han llegado a ese punto: han vinculado tanto su imagen a la continuidad de este movimiento que una eventual derrota podría representarles una profunda pérdida de credibilidad y respeto ciudadano.
Pienso en don Rodrigo, doña Laura, doña Pilar, doña Mayuli, don Nogui y otras figuras de este espacio político. Cada una tiene sus propias responsabilidades y deberá responder por sus decisiones. Pero, aunque sus funciones y posiciones sean distintas, sus nombres han quedado asociados a un mismo proyecto, a sus promesas, a sus actuaciones y a su manera de ejercer o defender el poder.
Puedo entender que aspiren a una victoria política y social durante estos cuatro años. Eso es lo que se espera de cualquier agrupación que gobierna: que quiera demostrar resultados y obtener nuevamente el respaldo de la ciudadanía. También puedo imaginar que entre sus dirigentes existan aspiraciones de continuar en puestos públicos, llegar a una diputación, ocupar una embajada o incluso alcanzar la Presidencia. No conozco los planes personales de cada uno y no pretendo presentarlos como hechos. Lo que sí cuestiono es el riesgo que aparece cuando la continuidad de un proyecto empieza a pesar más que la obligación de examinarlo con honestidad.
Porque una cosa es defender una propuesta y otra comprometer el criterio propio hasta quedar sin espacio para reconocer un error. Una cosa es respaldar a un gobierno y otra sentir que cualquier cuestionamiento debe combatirse porque pone en peligro el futuro de todos los que se han unido a él. Cuando una persona vincula su prestigio a la idea de que su grupo siempre tiene la razón, cada equivocación le exige una nueva defensa, y cada defensa puede alejarla un poco más de los principios que decía representar.
Mi impresión es que algunos de estos dirigentes han apostado demasiado. Han puesto sobre la mesa su imagen pública y su credibilidad, pero también algo más profundo: la valoración humana y cívica que la ciudadanía hace de ellos. Y eso no se recupera simplemente con una campaña publicitaria, una explicación jurídica o un nuevo cargo.
La legalidad es indispensable, pero la valoración ciudadana abarca mucho más. Una sociedad también observa cómo se trata a quien discrepa, cómo se responde ante una denuncia, cuánto respeto se muestra por las instituciones y qué sensibilidad existe frente a las necesidades de la gente. Hay actuaciones que podrían superar una discusión legal y, aun así, dejar una huella de indignación difícil de borrar. Nadie debería confundir la ausencia de una sanción con la existencia de respeto público.
Por eso creo que una eventual salida del poder podría resultar especialmente dura para quienes hayan justificado todo sin reservas. Si al terminar este periodo la ciudadanía concluye que sus expectativas fueron defraudadas, el juicio político alcanzará también a quienes defendieron cada decisión, minimizaron cada señalamiento o descalificaron a quienes intentaron advertir sobre los errores.
No estoy diciendo que ese desenlace sea inevitable ni que todo el país vaya a pensar igual. Estoy expresando una preocupación: en mi opinión, algunas de estas figuras corren el riesgo de convertirse en personas profundamente repudiadas por una parte de la sociedad. El rechazo podría nacer de la percepción de que, teniendo la responsabilidad y la oportunidad de actuar con prudencia, escogieron proteger al grupo por encima del interés público.
Ahí encuentro el mayor peligro de haber apostado tanto. Cuando perder una elección se vive como una amenaza a la propia reputación, reconocer errores puede empezar a parecer una debilidad insoportable. Rectificar puede sentirse como una traición. Escuchar una crítica puede interpretarse como abrirle la puerta al adversario. Y entonces la necesidad de conservar el poder termina desplazando la capacidad de preguntarse si se está ejerciendo correctamente.
No puedo afirmar que esa sea la intención de cada dirigente. Sí considero necesario advertir sobre esa lógica, porque sus consecuencias nos afectan a todos. Una democracia necesita gobernantes capaces de aceptar que pueden perder, entregar el mando y responder por su gestión. La alternancia forma parte de las reglas que aceptaron cuando pidieron el voto.
Todavía tienen la posibilidad de construir un legado que resista una derrota electoral. Pueden hacerlo con resultados, transparencia, respeto y suficiente humildad para corregir. También pueden seguir comprometiendo su nombre en defensas cada vez más difíciles, hasta que el futuro personal de sus dirigentes parezca depender de que el partido nunca deje el gobierno.
Señoras y señores de Pueblo Soberano: aspirar a seguir gobernando es legítimo. Lo que merece una revisión profunda es cuánto están dispuestos a justificar para conseguirlo. Porque el cargo termina, la inmunidad depende de las condiciones que establece la ley y los nombramientos cambian. El recuerdo de cómo actuaron permanece.
Han apostado mucho. Procuren que, al final, todavía puedan sostener su nombre ante el país, incluso si les corresponde hacerlo desde fuera del poder.