Cuando un ciudadano asume el cargo de presidente de la República, no solo recibe una banda y una silla en Casa Presidencial. Recibe una responsabilidad sagrada: la de custodiar la Constitución y las leyes que sostienen a todo el país. No es una tarea simbólica ni ceremonial; es un compromiso moral y legal que lo obliga a respetar, observar y defender el orden constitucional en cada palabra, en cada acto y en cada decisión.
El artículo 137 de la Constitución Política de Costa Rica establece que el presidente debe prestar juramento ante la Asamblea Legislativa, o ante la Corte Suprema de Justicia si no le fuera posible hacerlo allí. Ese juramento es claro y contundente: obedecer, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes del cargo.
En otras palabras, el presidente no gobierna sobre la Constitución, sino bajo ella. Su autoridad nace de ese marco y está limitada por él. Cada decreto, cada discurso y cada acción del Ejecutivo debe ser una expresión de respeto al Estado de Derecho, no una demostración de poder personal.
El mandatario debe servir como ejemplo de equilibrio y prudencia, como garante de la institucionalidad, como figura de unión, no de división. Su papel es encarnar la sobriedad de la República, no la soberbia del caudillo. Cuando un presidente jura respetar la Constitución, está jurando respetar al pueblo mismo, porque es en esa Carta Magna donde viven los derechos, los límites y las libertades que nos protegen a todos.
Ese juramento no se hace una sola vez, el día de la investidura: debe renovarse cada día con los actos, con las palabras, con la forma en que se ejerce el poder. Gobernar dentro de la Constitución es servir con humildad; hacerlo fuera de ella, aunque sea por descuido, es traicionar la confianza de la nación.
Lo que me parece, como ciudadano
Yo no soy político ni abogado constitucionalista. No tengo títulos que me den autoridad legal para juzgar al presidente. Pero sí tengo algo que todos tenemos: sentido común, criterio propio y amor por este país. Y desde ahí, desde ese lugar ciudadano, me atrevo a reflexionar sobre lo que implica faltar al juramento que un presidente hace ante la nación.
Si un presidente atacara o pusiera en duda la credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones, estaría tocando una de las fibras más sensibles de nuestra democracia. Ese tribunal no es un enemigo político; es la piedra angular del sistema que garantiza la voluntad popular. Cuestionarlo sin pruebas, o insinuar posibles fraudes, sería contrario al deber de defender la Constitución y las leyes de la República.
Si un presidente utilizara su posición para favorecer a una candidata afín, directa o indirectamente, estaría debilitando el principio de neutralidad que la ley exige a quien ocupa el cargo. El poder no puede usarse como herramienta de influencia electoral, ni siquiera con buena intención.
Y si un presidente convirtiera su discurso en un espacio de agresión y desprecio hacia otras instituciones o hacia quienes piensan distinto, estaría rompiendo el espíritu del juramento que hizo el día de su investidura. Porque la Constitución no ordena gritar, ni humillar, ni dividir: ordena servir.
Aclaro, nuevamente, que esta no es una opinión jurídica, sino una reflexión ciudadana. No tengo el poder para determinar culpabilidades, pero sí la obligación moral de observar, de cuestionar y de no quedarme callado cuando siento que el país podría desviarse de su rumbo.
El presidente jura proteger la Constitución, no reescribirla con sus palabras ni ponerla en duda con sus actos.
Y si alguna vez lo olvidara, habría que recordárselo —no con odio, sino con firmeza.
Porque el juramento que hace aquel día no le pertenece solo a él: le pertenece a Costa Rica.