La noticia publicada por Colosal Radio & Televisión, y también recogida por otros medios nacionales, vuelve a poner sobre la mesa un asunto que no deberíamos mirar solamente como una pelea más entre jerarcas. Según esas informaciones, el fiscal general Carlo Díaz aseguró que el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, le habría hecho una confesión polémica después de presentar una denuncia penal en su contra y contra otros fiscales del Ministerio Público. De acuerdo con la versión atribuida a Díaz, cuando conversaron personalmente, Aguilar le habría dicho que aquello sí era personal y que recordaba lo que él le había hecho a su familia. Ese es un hecho noticioso delicado, no porque podamos saber desde afuera qué ocurrió exactamente entre ambos, sino porque coloca una pregunta incómoda en el centro de la conversación pública: ¿cuánto de lo que estamos viendo responde al ejercicio sereno de una función pública y cuánto podría estar contaminado por motivaciones personales, políticas o emocionales?
Conviene decirlo con cuidado. No me corresponde afirmar que Gabriel Aguilar actúa por revancha. No tengo pruebas para sostener eso como un hecho. Tampoco puedo afirmar que su denuncia tenga como propósito proteger a su hermano, ni que esté construyendo una candidatura presidencial para el 2030, ni que esté compitiendo anticipadamente con otros nombres dentro de su propio sector político. Todo eso pertenece al terreno de las hipótesis, de las lecturas posibles, de las preguntas que surgen cuando una figura pública acumula episodios polémicos en tan poco tiempo. Los hechos pertenecen a la realidad verificable. Las motivaciones pertenecen a una zona mucho más delicada. Y cuando confundimos unas con otras, dejamos de analizar para empezar a imaginar.
Lo que sí puede observarse públicamente es que Gabriel Aguilar se ha convertido en una figura polémica a muy poco tiempo de haber asumido el Ministerio de Justicia. Antes de ocupar formalmente ese cargo, ya había sido mencionado en informaciones sobre un incidente con oficiales de tránsito, en el que se reportó que habría invocado su cercanía con Casa Presidencial durante un operativo policial. Ese episodio, por sí solo, ya abría una conversación importante sobre los límites del poder. Porque el poder de un ministro no es una propiedad personal. No es una capa que se lleva puesta a toda hora. No es una credencial para imponerse frente a la autoridad cuando la autoridad está cumpliendo su trabajo. El poder otorgado a un funcionario público existe dentro del marco de sus funciones, no fuera de ellas, no para intimidar, no para abrir puertas personales y mucho menos para colocar a un ciudadano, por alto que sea su cargo, por encima de la ley.
Ahora aparece este nuevo episodio. El ministro de Justicia llega a presentar una denuncia contra el fiscal general y otros fiscales. Según se ha informado, inicialmente se le habría indicado que la gestión debía tramitarse ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por tratarse de una denuncia contra el propio fiscal general. Sin embargo, también según las versiones publicadas, Aguilar insistió en que la denuncia fuera recibida en la Fiscalía General. Hasta ahí, nuevamente, podemos discutir procedimientos, competencias y formas institucionales. Pero el asunto se vuelve más sensible cuando Carlo Díaz afirma que el ministro, en una conversación personal, habría reconocido un componente personal relacionado con su familia. Si eso fue así, y subrayo el “si”, entonces ya no estaríamos únicamente ante una denuncia institucional, sino ante una situación que merece ser observada con mucha más prudencia.
Algunas personas han interpretado este episodio como una posible revancha. Otras lo ven como una expresión más del estilo confrontativo que han asumido varias figuras oficialistas en esta administración y en la anterior. Hay quienes incluso se preguntan si Gabriel Aguilar está intentando construir una figura pública de mayor alcance, tal vez pensando en el 2030. Yo no puedo saberlo. No sé si tiene aspiraciones presidenciales. No sé si en algún momento tendría que enfrentarse dentro de su propio partido o movimiento con figuras como Mauricio Batalla, Douglas Sánchez u otros nombres que puedan aparecer en el camino. Sería irresponsable afirmarlo. Pero sí puedo hacerme la pregunta, porque cuando un funcionario aparece una y otra vez en el centro del conflicto, cuando utiliza tonos duros, cuando transforma cada episodio en una escena pública y cuando parece moverse con una intensidad más propia de campaña que de administración, es natural preguntarse si está gobernando desde su cargo o construyendo una marca política personal.
Y ahí es donde el tema deja de ser únicamente Gabriel Aguilar. Lo que preocupa es la normalización de una forma de ejercer el poder que parece necesitar espectáculo para sentirse viva. Ministros que hablan como candidatos. Jerarcas que actúan como si cada conferencia fuera una tarima. Funcionarios que parecen entender la autoridad como un volumen de voz y no como una responsabilidad. Y ciudadanos que terminamos atrapados en esa dinámica, reaccionando a cada frase, cada gesto, cada denuncia, cada pleito, mientras los problemas de fondo siguen esperando soluciones serias, sobrias y sostenidas.
Lo verdaderamente lamentable, si esta lectura tuviera algo de razón, es la forma en que algunas figuras parecen creer que se gana popularidad. No a través de la ecuanimidad. No mediante la educación. No desde el respeto a las normas. No desde la coherencia entre la apariencia de seriedad que se proyecta y la conducta pública que se ejerce. La popularidad, en estos tiempos, parece confundirse con la confrontación permanente. Como si levantar la voz fuera equivalente a tener liderazgo. Como si desafiar instituciones fuera señal de valentía. Como si convertir cada diferencia en un choque personal hiciera más fuerte a quien ocupa un cargo.
Pero el país necesita otra cosa. Necesita ministros que entiendan que el poder no los agranda, sino que los obliga. Necesita funcionarios que sepan que la autoridad verdadera no se impone con gestos, sino que se sostiene con prudencia. Necesita personas capaces de distinguir entre una responsabilidad pública y una emoción personal. Porque cuando un jerarca actúa desde la herida, desde la revancha o desde el deseo de figurar, aunque sea solo en apariencia, el país entero queda expuesto a una forma de poder que pierde serenidad y empieza a comportarse como impulso.
No sé qué hay en el fondo de esta denuncia. No sé qué motivó realmente al ministro Gabriel Aguilar. No sé si Carlo Díaz interpretó correctamente lo ocurrido o si Aguilar tendrá otra explicación que ofrecer. Lo que sí sé es que Costa Rica debería poner más atención a la forma en que sus autoridades ejercen el poder. Porque los cargos pasan, las administraciones terminan y las candidaturas posibles se evaporan o se consolidan con el tiempo. Pero la manera en que una persona trata a las instituciones cuando tiene poder revela mucho más que cualquier discurso.
Tal vez la pregunta de fondo no sea si Gabriel Aguilar quiere o no quiere ser candidato algún día. Tal vez la pregunta más importante sea otra: si esa posibilidad llegara a existir, ¿sería esta la forma en que alguien debería construir liderazgo? Porque un país cansado de pleitos no necesita más funcionarios tratando de figurar. Necesita servidores públicos capaces de apaciguarse antes de hablar, de pensar antes de actuar y de recordar que el poder, cuando pierde modales, empieza también a perder legitimidad.