Hay frases que se repiten tanto en la vida pública costarricense que terminan sintiéndose verdaderas aunque, constitucionalmente, no lo sean. Una de ellas es esa costumbre de llamar a la Asamblea Legislativa o al Poder Legislativo “el primer poder de la República”. Se escucha en discursos, entrevistas, comentarios políticos y conversaciones cotidianas, casi como si fuera una categoría oficial reconocida por nuestra Constitución Política. Pero la realidad es otra. La Constitución Política de Costa Rica no establece en ningún momento que exista un “primer poder de la República”. No dice que el Poder Legislativo esté por encima del Ejecutivo ni del Judicial. Tampoco crea una jerarquía entre los poderes del Estado donde uno mande sobre los otros. Al contrario, el diseño constitucional costarricense parte justamente de la separación e independencia de poderes.
Eso significa algo muy importante: los poderes funcionan separados, con competencias distintas, límites distintos y funciones distintas, pero ninguno es superior al otro. El Poder Ejecutivo ejecuta y administra el Estado. El Poder Legislativo crea leyes y ejerce control político. El Poder Judicial administra justicia. Y además existen órganos constitucionales con enorme peso institucional, como el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República, que también cumplen funciones fundamentales dentro del equilibrio democrático.
Entonces, ¿de dónde nace esa idea del “primer poder”? Probablemente de una mezcla entre tradición política, lenguaje popular y simbolismo democrático. Muchas personas consideran que la Asamblea Legislativa es el “primer poder” porque el presidente de la República debe acudir cada año ante el Congreso a rendir cuentas. Pero ese acto no convierte automáticamente al Legislativo en un poder superior. Lo que realmente ocurre es algo mucho más democrático y más interesante: los diputados representan directamente al pueblo costarricense dentro del Poder Legislativo. Por eso el presidente comparece ante la Asamblea: porque, simbólicamente, está rindiendo cuentas ante la representación popular de la ciudadanía. No porque los diputados sean “jefes” del presidente ni porque el Legislativo esté constitucionalmente por encima del Ejecutivo.
Y esta diferencia importa muchísimo más de lo que parece. Porque cuando empezamos a creer que un poder está “encima” de los otros, empezamos también a deformar la idea original del equilibrio democrático. Costa Rica no fue diseñada para que exista un poder absoluto que domine a los demás. Fue diseñada precisamente para que las instituciones se limiten entre sí, se controlen mutuamente y eviten la concentración excesiva del poder. Por eso el Ejecutivo no puede legislar libremente como quiera. Por eso la Asamblea no puede ejecutar políticas públicas por sí sola. Por eso el Poder Judicial puede revisar legalidades. Y por eso existen controles presupuestarios, constitucionales y electorales independientes.
No es una pirámide. Es un sistema de equilibrio. Y quizá ahí aparece algo todavía más interesante y más humano. Creo que en estos tiempos, especialmente para una parte de la población que siente que el Poder Ejecutivo ha sido tomado por una fuerza política demasiado dominante, llamar al Legislativo “el primer poder de la República” genera una especie de alivio emocional. Una sensación de que todavía existe una institución capaz de “rescatar” la nación por encima de las demás. Como si colocarle ese título le otorgara automáticamente una autoridad superior capaz de corregir o contener todo lo demás.
Pero la realidad democrática es mucho más compleja y, al mismo tiempo, mucho más honesta. La nación no se rescata desde un poder absoluto que aparece después de las elecciones. La nación se construye —o se entrega— principalmente en las urnas. Y después de eso, lo que corresponde es que los distintos poderes funcionen como contrapesos, fiscalicen, limiten excesos y mantengan el equilibrio institucional. El Legislativo no existe para gobernar por encima del Ejecutivo, ni el Ejecutivo para aplastar al Legislativo. Existen para coexistir dentro de un sistema donde ninguno debería sentirse dueño total del país.
Tal vez por eso es importante afinar el lenguaje. No para pelear por tecnicismos ni para desarmar símbolos populares, sino para comprender mejor cómo funciona realmente nuestra democracia. Porque cuando entendemos que ningún poder está por encima del otro, también entendemos que la responsabilidad democrática no puede depositarse mágicamente en una sola institución. La democracia costarricense depende justamente de que los poderes se necesiten, se limiten y se vigilen mutuamente.
Porque Costa Rica no tiene un “primer poder de la República”. Tiene poderes separados, independientes y obligados a convivir entre sí. Y honestamente, quizá esa sea una de las razones por las que, a pesar de tantas tensiones, todavía seguimos siendo una democracia funcional.