Cada vez que el miedo crece, la libertad se pone a prueba. Los gobiernos saben que en tiempos de incertidumbre es más fácil que un pueblo angustiado acepte cualquier medida que prometa “orden”. Pero cuando ese orden se impone suspendiendo derechos, deja de ser orden y se convierte en un retroceso histórico.
Doña Laura Fernández sugirió recientemente la posibilidad de decretar un estado de excepción en Costa Rica. Para muchos, el término puede sonar técnico, pero en la práctica significa algo muy simple y muy grave: el Estado podría suspender temporalmente derechos fundamentales como la libertad de tránsito, la privacidad, la libertad de reunión o el respeto al domicilio.
Según explicó CRHoy, este mecanismo solo puede aplicarse con la aprobación de 38 diputados. A diferencia del estado de emergencia, que se utiliza para atender desastres naturales o crisis sanitarias, el estado de excepción implica una suspensión de garantías constitucionales, lo cual equivale —como dijo un jurista— a “sacarnos de la Constitución durante unos días”.
Algunas personas han querido comparar esta figura con las restricciones vehiculares implementadas durante la pandemia de COVID-19, pero esa comparación no es válida.
Durante aquella emergencia sanitaria, lo que se restringió fue el uso de vehículos en determinados horarios y zonas, no la libertad de movimiento de las personas. Nadie te prohibía salir a caminar, ni te podían intervenir las llamadas o entrar a tu casa sin orden judicial. No se limitaron las reuniones familiares ni se violó la privacidad de las comunicaciones.
El estado de excepción, en cambio, sí podría hacerlo. Permitiría detener personas sin orden judicial, intervenir comunicaciones, restringir la movilidad y suspender la vida cívica bajo el argumento de proteger la seguridad. Y ahí está el riesgo: cuando una sociedad acepta sacrificar sus libertades a cambio de una falsa sensación de control, abre la puerta a un tipo de poder que ya no quiere devolver lo que se le entregó.
Costa Rica no necesita suspender derechos para estar segura; necesita fortalecer las instituciones que garantizan esos derechos. La seguridad no se construye amordazando libertades, sino aplicando justicia, educación y responsabilidad social.
Si alguna vez te dicen que “ya vivimos algo parecido con el COVID-19”, recordá esto: en una pandemia se intentó salvar vidas; en un estado de excepción se pone en riesgo el alma de la democracia.