Una vez más, parece necesario explicar algo que debería ser básico, pero que en medio del ruido político se vuelve confuso para ciertas personas que, aunque dicen haber ganado, siguen actuando como si todavía estuvieran en campaña. Siguen discutiendo como si cada comentario fuera un mitin, como si cada diferencia fuera una amenaza, como si toda crítica fuera una conspiración y como si ganar una elección significara recibir un permiso ilimitado para hacer lo que se quiera. Y no. Ganar una elección no convierte a nadie en dueño del país. Ganar una elección coloca a una persona dentro de un sistema constitucional que tiene reglas, límites, controles y contrapesos. Esa es precisamente la gracia de una democracia.
Doña Laura Fernández ganó las elecciones presidenciales. Las ganó con una cantidad pobre de votos si se mira dentro del total de la población nacional, pero con un margen importante entre las personas que sí acudieron a las urnas. Y sea como sea, guste o no guste, ahora es la presidenta constitucional de la República, por mandato popular y después de que el Tribunal Supremo de Elecciones la acreditara como corresponde. Sobre eso no hay mucho más que discutir. Puede gustar, puede no gustar, puede generar esperanza, preocupación, dudas o entusiasmo, pero el resultado electoral tiene un valor institucional que debe respetarse. Esa es una parte esencial de vivir en democracia.
Doña Claudia Dobles no ganó la elección presidencial. Eso también hay que decirlo con claridad, porque tampoco conviene acomodar la realidad según la emoción del momento. Sin embargo, al tener doble postulación, obtuvo un espacio en la Asamblea Legislativa y hoy ocupa una curul como diputada de la República. Eso significa que no dirige el Poder Ejecutivo, no gobierna desde Zapote, no administra ministerios ni toma decisiones presidenciales. Pero sí forma parte del Poder Legislativo, y desde ahí tiene una función legítima, constitucional y necesaria dentro del funcionamiento del Estado.
Doña Marta Acosta, por su parte, no está en la Presidencia ni en la Asamblea Legislativa. Ella desempeña el cargo de contralora general de la República, desde una institución que tiene una función de control fundamental. Su tarea no es gobernar ni legislar, sino vigilar el uso correcto de los recursos públicos, revisar que el gasto se ajuste a la ley, al presupuesto, a los compromisos del Estado y a los límites reales del dinero disponible. En palabras sencillas: no está ahí para complacer al gobierno de turno, ni para favorecer a una oposición, ni para frenar por capricho. Está ahí para cuidar que el Estado no actúe como si el dinero público fuera una billetera sin fondo.
Dicho esto, me permito explicarlo de la forma más clara posible. Doña Laura, al ser presidenta de la República, tiene como responsabilidad ejecutar desde el Poder Ejecutivo. Perdón por la redundancia, pero a veces hay que ser redundante para que ciertas ideas no se pierdan entre la gritería. Ejecutar significa administrar, dirigir políticas públicas, coordinar ministerios, proponer rutas de gobierno y tomar decisiones dentro del marco de la ley. Pero no significa hacer lo que le da la gana. No significa gobernar por impulso. No significa pasar por encima de los otros poderes ni asumir que todo el país debe obedecer sin preguntas.
Doña Claudia, desde el Poder Legislativo, participa en la creación, discusión y aprobación de leyes, acuerdos y controles políticos junto con sus 56 compañeros diputados. Ella no ejecuta desde el gobierno central, pero sí interviene en la construcción de las reglas bajo las cuales el país camina. Puede apoyar, cuestionar, fiscalizar, proponer y votar. Eso no la convierte en presidenta paralela, pero tampoco la convierte en una figura decorativa. La Asamblea Legislativa existe precisamente para que el poder no se concentre en una sola persona, y aunque a algunos les moleste, esa incomodidad se llama democracia.
Doña Marta, desde la Contraloría, cumple una función distinta. Ella controla que el gasto público se haga correctamente, que los procedimientos respeten la ley, que los presupuestos tengan sustento y que las instituciones no actúen como si bastara con tener voluntad política para mover dinero, contratar, ejecutar obras o comprometer recursos. La Contraloría puede incomodar, claro que sí. Todo órgano de control incomoda cuando hace su trabajo. Pero justamente para eso existe: para que el entusiasmo del poder no se convierta en desorden administrativo.
Imaginemos que el país va en un bus. Doña Laura va al volante, porque le corresponde conducir desde el Poder Ejecutivo. Doña Claudia, junto con los otros 56 diputados, participa en la definición de las reglas del camino: por dónde se puede pasar, qué límites existen, qué normas deben respetarse y qué rutas deben aprobarse. Y doña Marta revisa que el bus pueda salir en condiciones: que haya presupuesto, que los papeles estén en orden, que la revisión técnica esté vigente, que no se gaste más combustible del que se tiene y que nadie pretenda manejar sin cumplir los requisitos. Si una de las tres partes cree que puede hacerlo todo sola, el sistema deja de funcionar.
Por eso es tan importante entender que ninguna de las tres puede hacer lo que le dé la gana. Ni la presidenta, ni la diputada, ni la contralora. Cada una tiene un rol distinto, y justamente por eso las tres son necesarias dentro del equilibrio institucional. El Poder Ejecutivo ejecuta, el Poder Legislativo legisla y controla políticamente, y la Contraloría fiscaliza el uso de los recursos públicos. No es una competencia de egos. No es una guerra de mujeres. No es una novela política para alimentar resentimientos en redes sociales. Es el diseño básico de un Estado democrático.
El problema es que muchas personas todavía siguen leyendo la política como si fuera un partido de fútbol. Si “mi equipo” ganó, entonces todo lo que haga está bien. Si “el otro equipo” opina, entonces está estorbando. Si una institución controla, entonces está saboteando. Si una diputada cuestiona, entonces no acepta la derrota. Si una contralora advierte, entonces está conspirando. Esa forma de pensar es cómoda, pero empobrece la conversación pública. Y además es peligrosa, porque convierte los controles democráticos en enemigos emocionales.
Aceptar que doña Laura ganó no obliga a nadie a aplaudir todo lo que haga. Reconocer que doña Claudia perdió la elección presidencial no borra su legitimidad como diputada. Y entender que doña Marta no fue electa por voto popular no elimina la autoridad institucional que tiene como contralora. Cada una ocupa un lugar distinto dentro del sistema, y confundir esos lugares solo sirve para alimentar majaderías, ofensas y lecturas simplistas de una democracia que, precisamente por ser democracia, no le entrega todo el poder a una sola mano.
Tal vez lo que más necesitamos en este momento no es seguir gritando quién ganó y quién perdió, sino comprender qué significa realmente ganar dentro de un sistema con límites. Porque una elección no clausura la fiscalización, no elimina la crítica, no anula la independencia institucional y no convierte al país en propiedad de quienes celebraron el resultado. Ganar una elección da autoridad para gobernar, sí, pero también exige responsabilidad, humildad y respeto por los demás engranajes del Estado.
Y quizá ahí está el punto más importante. En una democracia madura, nadie debería tener miedo de que existan controles. Nadie debería enojarse porque una diputada legisle, porque una contralora fiscalice o porque una presidenta tenga que ajustarse a la ley. Eso no debilita al país. Al contrario, lo protege. Lo que debilita al país es creer que la democracia solo sirve cuando confirma lo que yo quiero, y que estorba cuando me recuerda que el poder tiene límites.
Así que respiremos un momento. Bajemos el volumen. Dejemos de leer cada movimiento institucional como una ofensa personal. Doña Laura preside. Doña Claudia legisla. Doña Marta controla. Y Costa Rica, si todavía quiere seguir siendo Costa Rica, necesita que cada una cumpla su papel sin que la ciudadanía convierta esa estructura en una pelea de gradería. Porque al final, el país no se sostiene cuando todos obedecen a una sola voz. Se sostiene cuando las instituciones hacen su trabajo, aunque a veces incomoden, aunque a veces molesten, aunque a veces nos obliguen a recordar que nadie, absolutamente nadie, está por encima del sistema democrático.