Cuando creíamos haberlo visto todo, aparece otra noticia que nos obliga a detenernos, respirar y preguntarnos hasta dónde puede llegar esto. Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y hoy diputada oficialista, reclama a esa misma institución ₡3 millones mensuales por una supuesta afectación a su honor y reputación, desde diciembre de 2023 hasta que exista una resolución definitiva. Su contrademanda incluye pretensiones por al menos ₡119 millones, según informó CR Hoy.
Sí, a la Caja. A esa institución a la que acudimos cuando una enfermedad nos cambia la vida, cuando nuestros padres necesitan una operación o cuando un tratamiento cuesta mucho más de lo que una familia puede pagar. A esa institución sostenida con el trabajo y los aportes de millones de personas, ahora también se le pretende cobrar por el daño a la reputación de quien estuvo al frente de ella.
El contexto hace que la noticia resulte todavía más indignante. La CCSS mantiene un proceso judicial para recuperar montos que considera pagados de más a Esquivel durante su gestión. Ella disputa ese reclamo y ha presentado una contrademanda. Esa diferencia debe quedar clara: existe una controversia pendiente de resolución, y corresponde al tribunal determinar quién tiene razón. Pero que el asunto esté en tribunales no lo coloca fuera del escrutinio ciudadano. Tenemos todo el derecho de examinar sus pretensiones y cuestionar lo que significan para la institución.
Porque una cosa es tener derecho a acudir a la justicia y otra muy distinta es esperar que la ciudadanía permanezca indiferente ante lo que se está reclamando. ¿Qué debemos pensar cuando la institución intenta recuperar recursos y su antigua jerarca responde exigiéndole una indemnización millonaria? ¿Dónde queda, en esa disputa, la responsabilidad política de quien tuvo en sus manos la conducción de la seguridad social?
Y este caso aparece en un panorama que ya venía siendo preocupante. En septiembre de 2026, la CCSS informó que había recuperado apenas ₡1,8 millones, mediante embargos, de una deuda de ₡327 millones atribuida al diputado oficialista José Miguel Villalobos. Según la información publicada entonces, no se registraban pagos adicionales suyos durante ese año. Hablamos de recursos que la institución ha tenido que perseguir judicialmente.
A eso se suma la enorme deuda estatal. La Contraloría ha documentado el crecimiento de las obligaciones pendientes del Estado con la Caja y la insuficiencia de los recursos destinados a amortizarlas. También señaló que, a agosto de 2026, no se registraba gasto devengado de determinadas fuentes de crédito disponibles para ese propósito. Esa deuda viene de años atrás, pero su origen histórico no libera al gobierno de hoy de su responsabilidad de atenderla.
Entonces, veamos el conjunto: un Estado que sigue sin resolver sus obligaciones con la seguridad social; un diputado oficialista con una deuda millonaria sometida a cobro; y una exjerarca, también oficialista, que disputa la devolución de pagos y pretende que la propia Caja la indemnice. Son situaciones distintas, con procedimientos distintos, pero todas terminan encontrándose en el mismo lugar: las finanzas de una institución que necesitamos proteger.
Por eso utilizo una palabra fuerte: ordeñar. Porque, en mi opinión, resulta intolerable contemplar a la Caja como una fuente de la cual reclamar beneficios mientras sus necesidades y los compromisos pendientes con ella siguen esperando. El dinero de la seguridad social merece un respeto enorme. Cada colón tiene detrás el esfuerzo de alguien y una necesidad colectiva que atender.
Y aquí quiero dirigirme a quienes siguen defendiendo al chavismo: ¿cómo hacen para mirar este panorama y no sentir, al menos, una profunda preocupación? ¿De verdad ninguna de estas noticias les mueve una duda? ¿No les parece necesario exigirles a sus propios representantes la misma responsabilidad que le exigirían a cualquier adversario político?
Apoyar una opción política no debería obligar a justificar todo lo que hagan sus figuras. Se puede haber votado por ellas y pedirles cuentas. Se puede coincidir con algunas de sus propuestas y considerar inaceptable su conducta frente a la Caja. Ese criterio propio es indispensable cuando lo que está en juego es una institución que también atiende a sus familias.
No afirmo conocer un plan secreto ni me corresponde anticipar una sentencia. Lo que digo es que, al observar estas actuaciones y estas prioridades, en mi opinión, lo que estamos viendo se parece cada vez más a la destrucción de la CCSS. Una institución también se debilita cuando se acumulan las obligaciones sin resolver, cuando cobrar lo que reclama exige años de litigio y cuando quienes deberían cuidarla colocan sus intereses personales en el centro de la conversación.
La Caja tiene problemas que debemos corregir. Precisamente por eso necesita recursos, buena administración, transparencia y autoridades dispuestas a defenderla. Sus dificultades no pueden convertirse en una excusa para desentenderse de lo que se le debe ni para tratar su patrimonio con ligereza.
Cuando creíamos haberlo visto todo, aparece esta noticia. Y nos recuerda que todavía tenemos que alzar la voz por una institución cuyo valor comprendemos plenamente cuando alguien que amamos necesita entrar por sus puertas.
La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a justificar antes de reconocer el daño. Porque mientras algunos discuten cuánto pueden cobrarle a la Caja, miles de familias solo esperan que la Caja pueda seguir cuidándolas.