El diputado Edgardo Araya insultó a la presidenta de la República. En mi criterio, no debió hacerlo. Quien ocupa una curul en la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de mantener el recato y el respeto institucional, especialmente cuando se dirige a quien ejerce la Presidencia de la República, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir.
Ahora bien, la diputada oficialista Sadie Britton, junto con otros integrantes de su fracción, reaccionó afirmando que lo ocurrido responde a un patrón propio de un agresor.
Personalmente, no comparto esa interpretación. Lo sucedido puede calificarse como una insolencia, venga de donde venga, pero eso no significa necesariamente que exista un patrón de agresión contra una mujer. A mi juicio, el enfrentamiento parece estar dirigido al cargo que ocupa la persona, y no a su condición de mujer.
Presentarlo como un caso de violencia de género supone atribuirle una motivación que no necesariamente está demostrada. La crítica, por dura o inaceptable que sea, puede estar dirigida a quien ejerce la Presidencia de la República, sin importar si ese cargo lo ocupa un hombre o una mujer.
Si el criterio fuera que cualquier descalificación hacia quien ocupa un cargo público constituye automáticamente una agresión de género cuando ese cargo lo ejerce una mujer, entonces cabría preguntarse por qué durante la administración anterior no vimos la misma firmeza por parte de los hoy diputados oficialistas cuando, según múltiples señalamientos públicos, el entonces presidente Rodrigo Chaves utilizó expresiones ofensivas contra la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones o contra la señora Contralora General de la República.
La coherencia exige aplicar el mismo estándar en todos los casos. Si se condena la falta de respeto institucional, debe hacerse siempre, sin importar quién insulta ni quién recibe el insulto. Pero si se pretende convertir cada confrontación política contra una mujer en un caso de violencia de género, se corre el riesgo de desvirtuar una causa que merece ser tratada con absoluta seriedad y rigor.
El respeto a las instituciones debe ser una obligación permanente. Y la defensa de los derechos de las mujeres también. Confundir una cosa con la otra no fortalece ninguna de las dos.