Revisando con inteligencia artificial el contenido de la Constitución Política de Costa Rica, y sin tener en este momento una copia física del texto ni haber consultado a ningún abogado constitucionalista, me permito compartir una interpretación personal, hecha simplemente como ciudadano interesado en entender cómo funcionan nuestras instituciones.
De esa revisión surge una conclusión que, hasta donde alcanzo a comprender, es bastante clara: el Poder Ejecutivo tiene la facultad de negociar y firmar tratados o convenios internacionales. Esa firma puede ser realizada por el Presidente de la República, por el Canciller o por otros ministros que actúen con la debida autorización del Ejecutivo. En ese sentido, un ministro —por ejemplo el de Seguridad— podría participar en la firma de acuerdos internacionales relacionados con cooperación o seguridad, siempre que lo haga con la autorización del Presidente de la República y dentro del marco de las competencias del gobierno.
Sin embargo, la firma de un tratado no significa que el acuerdo entre inmediatamente en vigor dentro del país. La propia Constitución establece que los tratados y convenios internacionales deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa para que tengan efectos jurídicos en Costa Rica. Es decir, la firma expresa una intención política del Poder Ejecutivo, pero el tratado no se convierte en norma aplicable hasta que el Poder Legislativo lo ratifica.
En cuanto a la votación requerida, la aprobación de este tipo de tratados suele realizarse por mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Esto significa, en términos prácticos, que se requiere más votos a favor que en contra; comúnmente se entiende como la mitad más uno de los diputados presentes en la votación.
También es importante recordar que la Constitución costarricense contiene disposiciones muy particulares sobre la naturaleza civil del Estado, entre ellas la conocida abolición del ejército permanente. Ese contexto constitucional explica por qué en Costa Rica los temas relacionados con seguridad, cooperación internacional o presencia de fuerzas extranjeras suelen generar debates políticos intensos y, muchas veces, interpretaciones distintas.
Todo lo anterior no pretende afirmar que una decisión política concreta sea correcta o incorrecta. Tampoco pretende sustituir el criterio de juristas, constitucionalistas o autoridades del Estado. Se trata simplemente de una lectura personal de la Constitución, hecha desde la curiosidad cívica de un ciudadano que intenta entender cómo funcionan los mecanismos institucionales de su país.
En democracia, comprender las reglas del juego también forma parte de ejercer la ciudadanía.