En medio de la discusión nacional sobre la reciente firma de una declaración de seguridad en Estados Unidos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia —la conocida Sala IV— decidió intervenir para pedir explicaciones al Gobierno de la República.
Lo que hizo la Sala no fue resolver todavía el tema, pero sí dar un paso importante: aceptó estudiar un recurso de amparo presentado por varios ciudadanos y ordenó al Gobierno que explique con claridad qué fue exactamente lo que se firmó y cuáles son sus implicaciones para Costa Rica.
Los magistrados le dieron un plazo de tres días hábiles al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, y a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, para que entreguen un informe detallado sobre la llamada declaración “Escudo de las Américas”, firmada el pasado 5 de marzo en Doral, Florida, durante una conferencia internacional contra el narcotráfico.
¿Por qué se está cuestionando ese acuerdo?
El recurso presentado ante la Sala IV plantea varias preocupaciones que tienen que ver con la forma en que Costa Rica se relaciona con alianzas de seguridad o defensa en el continente.
Uno de los puntos centrales es que, según los ciudadanos que presentaron el recurso, el ministro de Seguridad podría no tener la competencia legal para firmar acuerdos que tengan implicaciones geopolíticas o de política exterior. Ese tipo de decisiones, en principio, corresponden al Poder Ejecutivo como un todo y suelen involucrar también a la Cancillería y, en algunos casos, a la Asamblea Legislativa.
Otro de los argumentos tiene que ver con la tradición histórica de neutralidad de Costa Rica. Nuestro país abolió el ejército en 1948 y, décadas después, reafirmó su neutralidad perpetua mediante una ley que busca evitar que Costa Rica se alinee con coaliciones militares o con doctrinas de carácter militarista.
Según el recurso, la declaración firmada en Estados Unidos promueve una visión de seguridad basada en la idea de “paz a través de la fuerza”, algo que algunos consideran incompatible con el espíritu pacifista que ha caracterizado la política internacional costarricense durante muchos años.
También se señala que la firma de esa declaración no habría sido consultada previamente ni con la Asamblea Legislativa ni con el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual abre una discusión sobre los procedimientos institucionales que deben seguirse cuando el país asume compromisos de este tipo.
¿Qué pasará ahora?
Por el momento, la Sala Constitucional no ha tomado una decisión sobre el fondo del asunto. Lo que hizo fue solicitar explicaciones formales al Gobierno para poder analizar el caso con mayor detalle.
El informe que deberán presentar los jerarcas del Ejecutivo será considerado bajo juramento, lo que significa que la información entregada debe ser veraz y completa. Una vez recibida esa explicación, los magistrados estudiarán el caso y decidirán si el recurso tiene fundamento o no.
Mientras tanto, la discusión continúa abierta.
Más allá de las posiciones políticas que cada persona pueda tener sobre el tema, este episodio vuelve a recordarnos algo importante: en una democracia, las decisiones del poder siempre pueden ser revisadas por las instituciones.
Y eso, lejos de ser un problema, es precisamente una de las garantías que sostienen el equilibrio de la República.
Fuente: CambioPolitico .com