Según una publicación reciente de El Observador, el futuro ministro de Justicia estaría siendo investigado por un presunto incidente con oficiales de tránsito, donde aparentemente habría existido irrespeto, negativa a identificarse e incluso amenazas verbales. La Fiscalía y el OIJ anunciaron investigaciones de oficio para determinar si existió o no algún hecho delictivo. Y aquí es importante detenerse un momento antes de correr hacia conclusiones definitivas. Porque en una democracia sana, las personas no deberían ser condenadas públicamente antes de que los hechos se aclaren.
Eso también es importante decirlo.
Hay que esperar. Hay que permitir que las instituciones hagan su trabajo. Hay que reconocer que una investigación no equivale automáticamente a culpabilidad. Y precisamente por eso, porque todavía existen preguntas abiertas y zonas grises, es que la prudencia se vuelve tan importante.
Porque si los hechos llegaran a confirmarse tal como se están describiendo, entonces no estaríamos hablando de un simple mal momento o de una reacción aislada. Estaríamos hablando de una conducta que no debería formar parte del actuar de ninguna persona… y mucho menos de un funcionario público de alto nivel, especialmente alguien que asumiría el Ministerio de Justicia. No porque se espere perfección absoluta, sino porque ciertos cargos exigen una relación especialmente cuidadosa con la autoridad, el respeto institucional y el ejemplo público.
Y aquí aparece una reflexión todavía más delicada.
Tal vez —y subrayo tal vez— la presidenta electa debería considerar suspender temporalmente ese nombramiento mientras todo se aclara. No necesariamente como una condena anticipada contra la persona señalada, sino como un acto de protección institucional. Porque a veces las decisiones más prudentes no se toman únicamente pensando en la culpabilidad o inocencia de alguien, sino en el peso simbólico que ciertas situaciones generan sobre un gobierno incluso antes de empezar oficialmente.
Y esto no sería algo completamente ajeno a la historia política costarricense. Durante la administración de Luis Guillermo Solís, Patricia Gómez Pereira había sido designada como embajadora en Bolivia. Sin embargo, antes de asumir el cargo, realizó declaraciones que terminaron generando cuestionamientos públicos, y finalmente el entonces presidente anuló el nombramiento.
Más allá de si uno estuvo o no de acuerdo con aquella decisión, el antecedente deja ver algo importante: a veces los gobiernos consideran que proteger la imagen institucional y evitar desgaste político temprano puede ser más importante que sostener un nombramiento bajo presión pública mientras las aguas siguen agitadas.
Porque la imagen de una administración también se construye desde cómo maneja sus momentos incómodos. Desde su capacidad de transmitir serenidad, firmeza y criterio cuando aparecen situaciones que podrían erosionar la confianza pública. Y en ocasiones, pausar no significa destruir a alguien; significa darle espacio a que las cosas se investiguen sin arrastrar consigo el inicio de toda una administración.
Tal vez uno de los grandes problemas de nuestra época es que hemos confundido prudencia con debilidad, y reacción inmediata con fortaleza. Pero hay momentos donde lo más responsable no es correr a defender ni correr a destruir. Es simplemente detenerse. Esperar. Observar. Permitir que la verdad encuentre espacio antes de convertir todo en trincheras emocionales.
Porque al final, más allá de nombres, cargos o simpatías políticas, lo que un país necesita en momentos así no es ruido. Necesita serenidad suficiente para que las instituciones hablen… y madurez suficiente para escuchar antes de decidir.