La Sala Constitucional podría quedar paralizada el 16 de diciembre

Tenemos un problema serio

Por Vinicio Jarquín

No estamos exagerando. No estamos alarmando por deporte. No estamos jugando con palabras grandes. Estamos ante un riesgo real, concreto y con fecha.

Desde hace meses, nuestra institucionalidad ha venido resistiendo como puede. El Tribunal Supremo de Elecciones ha sido atacado, amenazado y desacreditado públicamente. La Constitución Política ha sido puesta en entredicho. Las instituciones han tenido que defenderse a golpes de argumentos, comunicados y dignidad, esperando que el temporal pase sin llevarse algo irreparable.

Pero ahora el peligro es distinto. Más silencioso. Más técnico. Y justamente por eso, más grave.

A partir del 16 de diciembre, la Sala Constitucional podría quedar en una situación crítica.

Y si la Sala Constitucional se paraliza, el país entero queda sin su último gran escudo.

La Sala Constitucional no es un lujo. No es un órgano más. Es el lugar al que cualquier costarricense puede acudir —a cualquier hora, cualquier día— cuando siente que el poder lo atropella. Es la instancia que protege derechos fundamentales incluso cuando todo lo demás falla. Es el freno de emergencia del Estado de Derecho.

Para funcionar correctamente, la Sala necesita siete magistrados en propiedad. Por eso existen magistrados suplentes: para cubrir vacaciones, incapacidades, conflictos de interés o ausencias inevitables. Gracias a ese sistema, la Sala nunca se detiene. Nunca debería detenerse.

El problema es que el 16 de diciembre vencen todos los nombramientos de los magistrados suplentes.

Desde ese día, la Sala quedaría dependiendo exclusivamente de que ninguno de los siete magistrados en propiedad se enferme, se incapacite, tenga una emergencia médica o deba apartarse de un caso. Bastaría con que uno falte —uno solo— para que la Sala no pueda operar con normalidad.

No hace falta una conspiración. No hace falta mala fe. No hace falta que nadie “haga algo”. Basta con una gripe, un dolor de espalda, un dedo quebrado o una cirugía, entre otros casos posibles y recurrentes, y la Sala se detiene de inmediato. Así de simple.

En los meses anteriores, la propia Sala Constitucional hizo su trabajo. Entrevistó a cuarenta personas y envió a la Asamblea Legislativa una lista de dieciséis candidatos considerados idóneos para nombrar a ocho magistrados suplentes. El sistema estaba diseñado para que el relevo fuera oportuno y la continuidad, garantizada.

Pero la Asamblea Legislativa decidió reiniciar el proceso, volver a entrevistar y extender los plazos. El resultado es este: el tema no se resolvería antes de abril, dejando a la Sala Constitucional expuesta durante meses.

Y aquí viene otra capa del problema.

Si la Sala Constitucional no puede operar plenamente, la Corte Plena del Poder Judicial tampoco puede sesionar, porque necesita la presencia completa de las salas. Y la Corte Plena no solo administra: nombra al Fiscal General, al Director del OIJ, a magistrados. Es una pieza central del equilibrio democrático.

Un Poder Judicial trabado no es una anécdota. Es una crisis institucional.

Mientras tanto, la ciudadanía queda desprotegida. Porque si alguien necesita medidas cautelares urgentes, si alguien requiere frenar un abuso de poder, si alguien necesita que la Constitución lo ampare de inmediato, podría encontrarse con una puerta cerrada. No mañana. No en abril. No sabemos cuándo.

La Sala Constitucional es el lugar donde incluso un recurso escrito en una servilleta puede ser atendido. Esa es la grandeza del sistema. Y también su fragilidad cuando se juega con los tiempos.

Desde mi punto de vista —y lo digo con toda claridad— la Asamblea Legislativa puede y debe acelerar este proceso. Puede confiar en el trabajo técnico ya realizado. Puede entender que aquí no se trata de trámites, sino de blindar la democracia en uno de sus momentos más vulnerables.

Ojalá no estemos viendo una peligrosa costumbre: patear decisiones críticas para que las resuelva otro, en otro momento, con otro Congreso y en otro clima político que hoy no podemos prever.

Porque si la Sala Constitucional se detiene, aunque sea parcialmente, el mensaje es devastador: que el último bastión del ciudadano común puede quedar en pausa por omisión, por retraso o por cálculo político.

Y eso, en Costa Rica, debería estremecernos a todos. No por miedo. Sino por responsabilidad.