Hoy, la Asamblea Legislativa debía retomar la elección de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional. La Sala ordenó continuar el proceso con la nómina vigente. Aun así, la fracción oficialista de Pueblo Soberano anunció que no votaría por ninguno de esos candidatos.
Se puede discrepar de una candidatura y discutir un procedimiento. Lo que resulta difícil de justificar es mantener bloqueada una elección que el país necesita. Mientras no se hagan los nombramientos, los costarricenses siguen esperando que se cumpla una responsabilidad pública.
A veces siento que, en el Poder de la República que debería ayudarnos a resolver estos problemas, hay personas cuyas decisiones producen el efecto contrario. No lo pienso solo por esta votación. Al observar diversos proyectos, mociones, declaraciones y comportamientos, me preocupa la posibilidad de que estemos viendo un debilitamiento de nuestras instituciones, una presión cada vez mayor sobre el Poder Judicial y un daño a la imagen de Costa Rica dentro y fuera de nuestras fronteras.
Puedo estar equivocado en mi interpretación, y no pretendo conocer las intenciones de nadie. Pero las consecuencias de las decisiones públicas sí pueden señalarse y discutirse. Hoy corresponde preguntar por qué, después de tantas votaciones fallidas y de una resolución de la Sala Constitucional, seguimos sin elegir a sus magistrados suplentes. La República merece una respuesta. Y los costarricenses merecen que se haga el nombramiento.