Con demasiada frecuencia hablamos de las cárceles como si fueran simples lugares donde guardar personas. Pareciera que, una vez que alguien cruza esos muros, deja de ser un ser humano para convertirse únicamente en un número, en un expediente o en un problema que ya no queremos ver. Dejamos de preguntarnos cómo vive, en qué condiciones cumple su condena o si el sistema penitenciario realmente está cumpliendo el propósito para el cual fue creado. Y esa indiferencia, poco a poco, nos va haciendo perder también una parte de nuestra propia humanidad.
Las cárceles no son depósitos de seres humanos. Tampoco deberían convertirse en lugares donde el sufrimiento sea el objetivo. Y, siendo completamente honestos, pareciera que tampoco estamos logrando que sean verdaderos centros de rehabilitación o de corrección. Ese ideal del que tanto hablamos, donde una persona sale mejor de como entró, todavía está muy lejos de alcanzarse. Pero aunque ese objetivo aún no se haya conseguido, al menos deberíamos ser capaces de garantizar algo mucho más básico: que las cárceles sean centros de detención donde una persona cumpla la pena que un juez le impuso, dentro de condiciones mínimas de humanidad.
Porque la condena que dicta un tribunal es la privación de libertad. Nada más y nada menos. La sentencia no dice que la persona deba pasar hambre. No dice que deba ser humillada. No dice que deba vivir en condiciones indignas. No dice que deba ser despojada de toda posibilidad de estudiar, de leer, de mantener vínculos familiares o de conservar un mínimo de dignidad. Cuando comenzamos a añadir sufrimientos que nunca fueron parte de la condena, dejamos de ejecutar una sentencia y empezamos a crear otra distinta, una que ningún juez dictó y que ninguna ley autorizó.
Con frecuencia, cuando alguien habla de derechos humanos dentro de una cárcel, aparecen voces que inmediatamente responden que quien cometió un delito no merece consideración alguna. Pero precisamente ahí es donde una sociedad demuestra su verdadero nivel de civilización. Tratar con respeto a quien piensa como nosotros es sencillo. Respetar la dignidad de quien ha cometido un delito exige un nivel mucho mayor de madurez como sociedad. La firmeza frente al crimen no está reñida con la humanidad. Al contrario, una justicia fuerte es aquella que puede aplicar la ley con rigor sin perder jamás el respeto por la condición humana.
No estoy diciendo que quien delinque no deba responder por sus actos. Claro que debe hacerlo. La sociedad tiene derecho a protegerse y la justicia tiene la obligación de sancionar a quien resulte responsable. Pero precisamente porque creemos en la justicia, debemos evitar que esta se convierta en venganza. La pena es la privación de libertad. Todo lo demás debe responder únicamente a razones legítimas de seguridad, de orden o de administración penitenciaria, nunca al deseo de hacer sufrir más de lo que la propia ley estableció.
Tal vez algún día logremos que nuestras cárceles sean verdaderos centros de rehabilitación. Tal vez consigamos que quienes salgan de ellas regresen a la sociedad con más herramientas para reconstruir su vida y con menos resentimiento del que tenían cuando ingresaron. Ojalá lleguemos a ese punto. Pero mientras tanto, al menos no olvidemos algo esencial: una cárcel no debe ser un depósito de personas olvidadas ni un lugar destinado a destruir seres humanos. Debe ser, simplemente, un centro donde se cumple una condena dentro de las mínimas condiciones humanas que distinguen a un Estado de derecho de una sociedad que, intentando castigar el delito, termina perdiendo también su propia humanidad.