Esta mañana tomé un Uber para recoger mi carro del taller. Durante el trayecto, el conductor me preguntó a qué me dedicaba. Le conté, a grandes rasgos, sobre mis distintos trabajos y también sobre Apacigua. Eso despertó su curiosidad y, después de conversar un rato, me preguntó cómo veía al gobierno.
No sabía cuál era su posición política y sigo sin saberlo. Él tuvo la cortesía de no preguntarme por quién voté; yo tampoco se lo pregunté. Así que le respondí desde mi propio análisis: le hablé de cosas que no me gustan, de propuestas que no creo que vayan a funcionar y de formas de comunicar y comportarse con las que personalmente no me identifico. También le dije que considero inteligente a doña Laura y que, en algunas decisiones, me pregunto si está recibiendo el mejor asesoramiento.
Conversamos durante varios kilómetros. En un momento me preguntó:
—Pero entonces, ¿usted critica a este gobierno?
—En esta conversación le estoy pidiendo cuentas —le respondí—. Déjeme ponerle un ejemplo: si usted contrata a alguien para hacer un trabajo en su casa, ¿deja de revisar cómo quedó porque fue usted quien lo contrató? Claro que no. Revisa, pregunta y, si hace falta, pide que las cosas se hagan mejor.
Él entendió el punto. Fiscalizar a un gobierno no debería convertir automáticamente a nadie en su adversario. Es una responsabilidad ciudadana, gobierne quien gobierne. Y, en mi opinión, quienes votaron por un gobierno tienen aún más razones para pedirle cuentas: le confiaron una tarea y quieren que la cumpla bien.
Al terminar el viaje, ninguno de los dos sabía por quién había votado el otro. Pero sí habíamos encontrado un punto de acuerdo: pedir cuentas no es estar en contra de un gobierno. Es tomar en serio la responsabilidad de quienes gobiernan y la nuestra como ciudadanos.