Algunas veces exigimos más a los demás que a nosotros mismos.
Y lo curioso es que muchas veces exigimos que los demás actúen como nosotros no actuaríamos. Pero esto —hay que admitirlo— nos pasa solo algunas veces.
Creo que muchos políticos se lanzan a la campaña electoral con diferentes motivaciones: algunos para ayudar, otros para aportar su granito de arena, otros por su carrera profesional, por obtener un buen salario, por ego o por muchas razones combinadas. Pero de ninguna manera el hecho de ser político debería equivaler automáticamente a corrupción o deshonestidad.
En la historia de Costa Rica hemos tenido grandes políticos que han hecho grandes cosas, y no deberíamos satanizarlos ni juzgar a todos con la misma vara.
Ahora bien, específicamente hablando de las pensiones de lujo, este tema ha sido objeto de debate durante años. En distintos momentos se ha intentado reformar o eliminar este derecho, pero no se ha logrado.
Rodrigo Chaves, tras haber vivido fuera del país durante largo tiempo, regresa, asume la Presidencia de la República y, al finalizar su mandato, adquiere el derecho a esa pensión. Y sí, es una pensión de lujo, pero también es su derecho.
Mucha gente insiste en que podría renunciar a ella. Sin embargo, la ley no lo permite: la pensión presidencial es irrenunciable.
Algunos argumentan que podría seguir el ejemplo de Carlos Alvarado, quien no la solicitó ni la tramitó, y cuyo dinero quedó en las arcas del Estado.
Eso también es cierto. Rodrigo Chaves podría hacerlo, pero no tiene por qué hacerlo.
Y aquí hago una pausa para mirarme en el espejo.
Si mañana la Caja del Seguro Social me dijera que, por mis años de trabajo y mis cuotas, merezco una pensión de cinco millones de colones, ¿renunciaría yo a ese monto pensando en Costa Rica? ¿Iría personalmente a pedir que me la bajen a dos millones y medio porque “es demasiado”?
Honestamente, creo que no lo haría. Y si no lo haría yo, ¿por qué exigirle a otro que lo haga?
Por eso, creo sinceramente que Rodrigo Chaves no tiene por qué renunciar a esa pensión.
Eso sí: también creo que el futuro gobierno y el próximo presidente deberían revisar esa ley, modernizarla, adaptarla a los nuevos tiempos y hacerla más justa para el país.
Pero mientras esa ley exista, existe.
En conclusión, más que enojarnos o indignarnos, tal vez lo que nos corresponde como ciudadanos es reflexionar con calma, reconocer los límites de la ley y entender que el cambio real no se logra señalando, sino revisando, ajustando y mejorando el sistema.