
Un proyecto sugiere, solicita o amenaza con que sean los diputados quienes elijan al Fiscal General, en lugar de ser los magistrados del Poder Judicial.
Por supuesto que, en un Estado de derecho con separación de poderes, eso es descabellado; pero igual de descabelladas han sido otras sugerencias que se han hecho.
Pero, si obviamos eso y nos vamos a la practicidad, vemos que hay muchos diputados con causas abiertas y ningún magistrado. Entonces, la lógica habla por sí misma. Claro está, no me consta la situación particular de cada diputado, por lo que esta reflexión se refiere al principio general y no a personas específicas.
Existe además una práctica importante dentro del Poder Judicial. Cuando un magistrado considera que tiene algún involucramiento o un posible conflicto de interés en un asunto, se inhibe y no participa, precisamente para proteger la legalidad, la imparcialidad y la transparencia del proceso.
Ese mismo principio existe también en la Asamblea Legislativa. Cuando una votación afecta directamente a un diputado o puede generar un conflicto de interés, en teoría corresponde que se aparte de esa votación. Sin embargo, recientemente hemos visto situaciones que han generado un amplio debate sobre si ese principio siempre se está respetando.
Por eso surge una pregunta interesante. Si algún día fueran los diputados quienes escogieran al Fiscal General, ¿se disculparían y dejarían de votar aquellos diputados que tengan causas abiertas o cualquier otra circunstancia que pudiera representar un conflicto de interés?
Porque, si la respuesta fuera sí, ¿quién decidiría cuáles diputados deben abstenerse? ¿Y si la respuesta fuera no, cómo se garantizaría la independencia de quien tendrá la responsabilidad de investigar precisamente a los funcionarios públicos, incluidos los propios diputados cuando corresponda?
Pero claro, entiendo que algunos diputados puedan querer que sea así, si es que estoy en lo correcto con respecto a la existencia de causas abiertas, algo que, insisto, no me consta respecto de cada uno de ellos.
Si quien pudiese ser investigado participa en la elección de quien podría investigarlo, ¿seguimos hablando de independencia o empezamos a hablar de conveniencia?