Esta mañana leí una publicación de Gustavo Adolfo Araya Martínez que decía textualmente:
«Mientras el chavismo le da 33,749,520,400 a Open English, no le da la cuarta parte de eso al OIJ para que luche contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Para quién trabaja el chavismo?»
No conozco todas las explicaciones detrás de esas cifras, pero la pregunta me parece demasiado importante como para pasarla por alto.
Porque, al final, los gobiernos hablan mucho, pero sus presupuestos hablan todavía más fuerte. Un presupuesto no es solo una lista de números. Es un reflejo de las prioridades de quienes administran el Estado. Es ahí donde se puede observar qué consideran urgente, qué consideran secundario y hacia dónde deciden dirigir los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos.
Costa Rica atraviesa momentos complejos en materia de seguridad. El narcotráfico se expande, el crimen organizado aumenta su capacidad de operación y muchas comunidades sienten que la violencia ya dejó de ser un problema lejano. En ese contexto, resulta natural que muchos ciudadanos se pregunten si las instituciones encargadas de investigar y combatir esos delitos están recibiendo el respaldo que necesitan.
Al mismo tiempo, este gobierno ha enfrentado diversos cuestionamientos públicos relacionados con el manejo de recursos, contrataciones y decisiones administrativas. Cada uno de esos señalamientos debe seguir el curso que corresponda y ser investigado por las instituciones competentes. Pero cuando esos cuestionamientos coinciden con decisiones presupuestarias que generan dudas en la ciudadanía, es comprensible que aumente la desconfianza.
No estoy afirmando que exista una relación entre una cosa y la otra. Lo que sí afirmo es que la confianza pública no se construye pidiéndole a la gente que deje de hacer preguntas. Se construye respondiéndolas con transparencia.
Quizá la pregunta de don Gustavo no deba interpretarse únicamente como una acusación política. Tal vez deba entenderse como algo más profundo: un llamado para que los ciudadanos observemos con atención cuáles son las verdaderas prioridades del poder.
Porque, al final, los discursos pueden emocionar, las conferencias de prensa pueden convencer y las campañas pueden prometer. Pero el dinero público, cuando se asigna, revela con bastante claridad aquello que realmente se decidió priorizar.
Y cuando las prioridades de un gobierno no coinciden con las preocupaciones de una parte importante de la población, no es extraño que surjan preguntas. La peor respuesta que podría recibir una democracia no es una crítica. Es el silencio.
Y, para terminar con un poco de humor, menos mal que las clases de inglés son virtuales. Al paso que vamos, el mayor riesgo no parece ser pronunciar mal el inglés, sino tener miedo de salir a la calle. Yo prefiero seguir hablando un español masticado… pero vivir seguro.