Cuando al Poder Ejecutivo de una república, que además es un Estado de derecho basado en la división de poderes, se le ocurre hablar de intervenir, reformar, controlar o meter mano en el Poder Judicial, siempre me surge una pregunta curiosa. Y la pregunta no va dirigida al Ejecutivo, sino al propio Poder Judicial. Me pregunto si está dormido. Porque si aceptáramos, aunque fuera por un instante, la idea de que un poder puede intervenir en otro simplemente porque no le gusta cómo funciona, entonces también tendríamos que aceptar la posibilidad de que cualquier otro poder hiciera exactamente lo mismo. Y ahí es donde el asunto empieza a volverse interesante.
Sigamos la fantasía por unos minutos. Imaginemos que el Poder Judicial observa con preocupación el rumbo del país. Imaginemos que algunos magistrados consideran que el Ejecutivo está perdiendo apoyo popular, que sus decisiones no son las más acertadas o que el país necesita un cambio de dirección. Bajo la misma lógica que algunos parecen querer aplicar al Judicial, entonces los magistrados podrían reunirse, elaborar alguna propuesta, conversar con la Asamblea Legislativa y hasta coordinar con el Tribunal Supremo de Elecciones para convocar nuevas votaciones. Incluso podrían plantear la destitución del gobierno de turno y la elección de nuevas autoridades.
Suena completamente absurdo. Y precisamente porque suena absurdo es que vale la pena plantearlo. Porque ninguna de esas cosas es posible. El Poder Judicial no tiene facultades para convocar elecciones, no puede destituir al presidente de la República, no puede asumir funciones que corresponden a otros poderes ni puede actuar como si estuviera por encima del orden constitucional. Los magistrados tienen competencias de manera clara definidas y límites igualmente claros. Esa es precisamente una de las razones por las cuales Costa Rica ha logrado mantener durante décadas una estabilidad institucional que muchos otros países han perdido.
Pero lo mismo ocurre en sentido contrario. El Poder Ejecutivo tampoco tiene facultades para controlar, intervenir o apropiarse de funciones que pertenecen al Poder Judicial. No puede hacerlo simplemente porque algunas resoluciones le incomoden, porque ciertos magistrados no le gusten o porque considere que las cosas deberían funcionar de otra manera. La Constitución no fue diseñada para que un poder supervise a los demás como si fuera un jefe. Fue diseñada para que existan controles, equilibrios y límites que impidan la concentración del poder en una sola persona o en una sola institución.
Lo preocupante de algunos discursos no es que sean jurídicamente inviables. Lo preocupante es que encuentran eco en personas que desconocen cómo funciona una república. Quien comprende mínimamente la importancia de la separación de poderes entiende que no se trata de un capricho de abogados, de jueces o de políticos. Se trata de uno de los pilares que sostienen la democracia. Es el mecanismo que impide que un gobernante, por popular que sea, termine convirtiéndose en dueño de todas las instituciones del país.
Por eso siempre me resulta curioso escuchar ciertas propuestas o insinuaciones. Porque quienes las plantean suelen presentarlas como si fueran soluciones simples a problemas complejos, cuando en realidad implicarían destruir precisamente aquello que nos protege de los abusos de poder. Hoy puede parecer buena idea debilitar a una institución porque no nos gusta cómo actúa. Mañana podría utilizarse exactamente el mismo argumento para debilitar otra institución que sí consideramos importante. Y cuando nos demos cuenta, ya no quedará ninguna capaz de poner límites.
Al final, ninguna de las ideas que mencioné es posible. El Poder Judicial no puede destituir al Ejecutivo, ni convocar elecciones por su cuenta, ni asumir funciones ajenas. Pero tampoco el Ejecutivo puede convertirse en supervisor del Poder Judicial ni apropiarse de competencias que la Constitución jamás le otorgó. Todo lo demás pertenece al mundo de la fantasía política, de la retórica que produce aplausos fáciles y de los discursos que suelen convencer más a quienes están enojados que a quienes están informados.
La buena noticia es que, más allá de los discursos, la realidad sigue siendo la misma. Costa Rica continúa siendo una república. Seguimos teniendo instituciones independientes. Seguimos teniendo división de poderes. Y precisamente porque cada poder tiene límites claros, ninguno puede convertirse en dueño de los demás.
Por dicha.