Hay noticias que, además de informar, nos invitan a reflexionar sobre el comportamiento de algunos funcionarios públicos. Y la que publica CR Hoy sobre el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas, es una de ellas. Según la investigación periodística, el actual ministro intentó convertirse en juez de la República en dos ocasiones, en 2018 y entre 2019 y 2020, pero en ambas oportunidades fue descalificado por no alcanzar las calificaciones mínimas requeridas. En el primer concurso no logró el promedio mínimo de 70 puntos necesario para ser considerado elegible y, en el segundo, tampoco alcanzó la nota mínima del examen escrito. Es decir, quien hoy ocupa uno de los cargos más importantes en la administración de la justicia costarricense, en su momento no consiguió superar las pruebas necesarias para ingresar a la judicatura.
Y aquí comienza lo interesante, porque aquel hombre que aspiraba a formar parte del Poder Judicial es hoy uno de sus más severos críticos. Desde su posición como ministro ha protagonizado enfrentamientos con autoridades judiciales, cuestionado decisiones de jueces y fiscales y mantenido una actitud particularmente confrontativa en asuntos relacionados con el sistema penitenciario. En estos últimos días hemos observado actuaciones, declaraciones y episodios en las cárceles que han generado cuestionamientos e incluso investigaciones por presuntos abusos de autoridad. Y entonces surge una pregunta que, aunque incómoda, me parece perfectamente legítima: ¿será que detrás de tanta confrontación existe alguna frustración personal con una institución a la que quiso pertenecer y que, en dos oportunidades, no lo consideró elegible?
Por supuesto que no lo sabemos, y sería irresponsable afirmarlo como un hecho. Pero tampoco podemos ignorar estos antecedentes y dejar de preguntarnos si aquellas experiencias pudieron influir, de alguna manera, en su relación actual con el Poder Judicial. Porque una cosa es ejercer autoridad con firmeza, hacer cumplir las leyes y enfrentar la criminalidad, y otra muy distinta es convertir el ejercicio del poder en una demostración permanente de fuerza. Costa Rica necesita un ministro de Justicia capaz de administrar responsablemente nuestras cárceles, garantizar el respeto a los derechos humanos y mantener una relación institucional respetuosa con los demás poderes de la República. Lo que no necesita es que las diferencias personales, si es que existen, terminen influyendo en decisiones que afectan a todo un país.
Y aquí quiero dejar una reflexión que considero particularmente importante: no haber logrado convertirse en juez no descalifica a nadie para ser ministro, pero haber llegado a ministro tampoco significa que ahora pueda comportarse como si estuviera por encima de los jueces, de las instituciones o de la propia ley. Quizás todo sea una simple coincidencia. Quizás aquellos concursos no tengan absolutamente ninguna relación con su comportamiento actual. Sin embargo, ante una actitud tan confrontativa, sería interesante escuchar al propio ministro explicar cómo entiende su relación con una institución a la que alguna vez quiso pertenecer.
Porque las instituciones del Estado no pueden convertirse en escenarios para resolver posibles frustraciones personales, ni el poder político puede utilizarse para desquitarse de quienes, en algún momento, no nos dieron lo que deseábamos. La autoridad pública debe ejercerse con serenidad, madurez y respeto, especialmente cuando se trata de administrar justicia y de tomar decisiones sobre personas privadas de libertad.
Y la justicia, señor ministro, no es un asunto de revancha. Es un asunto de respeto.