Luego de la reunión entre miembros del Poder Judicial y la presidenta Laura Fernández en Casa Presidencial, ocurrió una escena pequeña, breve y aparentemente sencilla frente a las cámaras. Pero a veces las escenas más pequeñas son las que más cosas dejan flotando en el ambiente.
Con un tono conciliador, casi afectuoso, doña Laura le preguntó a don Orlando Aguirre Gómez cuántos años tenía de ser magistrado, “solo para tener un ejemplo”, dijo ella. Y ahí fue donde algo me llamó la atención. Porque resulta interesante que la presidenta del país no supiera un dato tan básico sobre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, especialmente después de haber sostenido una reunión con él. Entonces inevitablemente aparece una pregunta incómoda: ¿de verdad no conocía ese dato o la pregunta venía cargada de alguna intención más política que informativa?
Don Orlando respondió como responden muchas veces los magistrados de carrera. Sin necesidad de espectáculo. Sin urgencia. Sin teatralidad. Con una pausa que pareciera venir de décadas enteras dentro del aparato judicial y no de la lógica acelerada de las redes sociales o de las conferencias políticas modernas. Treinta y nueve años, respondió.
Y entonces vino la segunda parte.
Doña Laura dijo que ella tenía treinta y ocho años de vida. Y agregó que le parecía que todos los poderes de la República debían rendir cuentas y que no deberían existir funcionarios vitalicios en la función pública. Luego señaló que treinta y nueve años en un cargo era algo que debía llevarnos a reflexionar. Aunque hubo unos cambios en cuanto a los años de servicio, y me parece que terminó siento en treinta y siete, pero meses más, meses menos.
Y aquí es donde la conversación se vuelve interesante.
Porque sí, estoy de acuerdo en que los cargos vitalicios no deberían existir dentro de un sistema republicano sano. Pero también es cierto que, por dicha, en Costa Rica los magistrados no son vitalicios. Permanecen durante largos periodos porque así fue diseñado constitucionalmente el sistema: mediante reelecciones periódicas y bajo condiciones específicas. Y cuando los constituyentes diseñaron un esquema así, a lo mejor pensaban precisamente en momentos históricos como estos, donde la estabilidad institucional del Poder Judicial no dependiera únicamente del humor político del momento o de la presión temporal de un gobierno.
De hecho, la prueba más clara de que no son cargos vitalicios es que los magistrados sí pueden ser removidos. El caso de Celso Gamboa Sánchez es un ejemplo evidente. Fue elegido y posteriormente removido por la propia Asamblea Legislativa. Es decir, el sistema sí tiene mecanismos. Lo que ocurre es que esos mecanismos requieren condiciones específicas, precisamente para evitar que un magistrado sea removido únicamente porque incomoda políticamente a alguien.
Y entonces uno no puede evitar preguntarse si toda esta conversación sobre la “continuidad” tendrá también algo de ironía histórica. Porque pareciera que la continuidad sí puede ser válida, y bien vista por el Ejecutivo, para ciertos espacios del Ejecutivo… pero no necesariamente para otras estructuras institucionales diseñadas precisamente para darle estabilidad al Estado.
También me llamó la atención otra cosa. Doña Laura comparó los años de servicio de don Orlando con su propia edad. Y honestamente no quisiera siquiera insinuar que alguien pudiera interpretar eso como una discusión sobre edades mínimas o capacidades generacionales para ejercer ciertos cargos, porque entraríamos en un terreno peligrosísimo e incluso inconstitucional. Pero sí deja una imagen simbólica curiosa: mientras ella nacía, él empezaba una carrera jurídica destinada precisamente a custodiar el Estado de derecho que hoy le permite a ella ocupar la presidencia de la República.
Y ahí hay algo que merece respeto, independientemente de posiciones políticas.
Porque mientras doña Laura construía su carrera política —que además ha pasado por varios partidos en relativamente pocos años— don Orlando pasó décadas enteras dentro de una misma estructura institucional, defendiendo la aplicación de la Constitución y de las leyes. Y eso, nos guste o no, requiere una estabilidad, una disciplina y una permanencia que hoy no son tan comunes.
Por ahí también apareció el tema de la pensión que eventualmente podría recibir un magistrado después de tantos años. Y sí, probablemente será altísima. Pero alguien también me hizo notar algo que pocas veces se menciona: durante décadas, personas con salarios de magistrado también cotizaron cantidades enormes al sistema. Y gracias precisamente a ese tipo de cuotas altas, el sistema de pensiones logra sostenerse para futuras generaciones de altos funcionarios públicos que eventualmente también recibirán pensiones considerables, como será en el caso de los expresidentes, con solo cuatro años en el cargo.
En todo caso, tengo que reconocer algo. Esto es mi absoluta valoración de lo sucedido; y cada uno de ustedes puede haber visto algo similar, o muy distinto; o incluso alguien pudo haber notado más dulzura en las palabras de la Señora Fernández, que a mí se me escapó.
Me gustó la manera en que doña Laura abordó el tema. Porque curiosamente, intentando abrir una reflexión sobre la permanencia de un magistrado, terminó también reconociendo indirectamente el peso histórico de esa trayectoria. Porque si realmente hubiera querido cuestionar la capacidad jurídica o el desempeño de don Orlando, probablemente habría hablado de sus fallos, de sus decisiones o de su conducción institucional. Pero no lo hizo. Habló de sus años.
Y eso, más que un ataque, terminó pareciendo una especie de reconocimiento involuntario.
Porque treinta y nueve años no se sostienen solamente por permanencia. También se sostienen por conocimiento, estabilidad, capacidad y una comprensión muy profunda del sistema jurídico costarricense.
Tal vez por eso la escena terminó dejando una sensación curiosa. Mientras algunos intentaban ver un cuestionamiento, otros terminaron viendo algo completamente distinto: a un magistrado poniéndose de pie frente a la patria con casi cuatro décadas de carrera… y a una presidenta reconociendo, aunque fuera indirectamente, el peso de esa trayectoria.