Este viernes 14 de noviembre, el presidente Rodrigo Chaves se presentará ante la Asamblea Legislativa luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones solicitará el levantamiento de su fuero presidencial. En términos simples, se trata de una solicitud para retirarle la inmunidad, bajo el señalamiento de beligerancia política. Los detalles del proceso se irán conociendo a lo largo del día, conforme avance la sesión y la información oficial llegue al público.
Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es el proceso legal, sino el ambiente que se ha creado alrededor. En lugar de apelar a la serenidad institucional que un país democrático merece, el presidente ha convocado abiertamente a sus seguidores a concentrarse frente a la Asamblea Legislativa. Doña Pilar Cisneros, diputada y fiel aliada suya, ha hecho lo mismo, alimentando una tensión innecesaria que pone en riesgo la calma pública y la seguridad ciudadana.
Así, la jornada de hoy podría convertirse en un episodio oscuro de nuestra historia reciente. No por el debate jurídico en sí, sino por la posibilidad de que el Poder Ejecutivo —el más alto del país— incite, directa o indirectamente, a una confrontación callejera. La Costa Rica del siglo XXI no necesita mártires ni batallas políticas en las aceras del Congreso; necesita respeto, equilibrio y civilidad.
Resulta particularmente grave que esta movilización ocurra justo frente a dos de los edificios más simbólicos del Estado de derecho: la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones. Ambos poderes han sido objeto de ataques verbales, descalificaciones y amenazas por parte del propio presidente, quien ha mostrado una preocupante inclinación a considerar enemigo a todo aquel que lo fiscaliza.
Costa Rica ha enfrentado crisis políticas antes, pero pocas veces había tenido que resistir un intento tan abierto de manipular la emoción colectiva para intimidar a las instituciones. No se trata ya de diferencias ideológicas: se trata del respeto básico al orden republicano. Convocar a las masas a rodear el Congreso mientras se decide la inmunidad presidencial es, sin eufemismos, un acto irresponsable que roza el autoritarismo.
Hoy no se pone a prueba solo la figura de Rodrigo Chaves. Se pone a prueba el temple de nuestras instituciones, la madurez de nuestro pueblo y la capacidad del país para mantenerse en paz incluso frente a la provocación. Que este viernes no se escriba como una mancha más en la historia democrática de Costa Rica.
Hoy tengo una necesidad inmensa de regañar, de señalar con dureza a todos los que acudirán, con sed de enfrentamiento, al mitin convocado frente a la Asamblea Legislativa. Quisiera gritarles que están participando en algo que hiere profundamente la democracia, que mancha la imagen del país, que degrada nuestras instituciones y nuestra paz.
Pero no lo haré. Porque entiendo que muchos de ellos no lo hacen con malicia. Van porque creen. Van porque los han convencido. Porque su pensamiento, su capacidad de análisis y su sentido de responsabilidad han sido tomados, moldeados, apropiados por un discurso que los seduce y los engaña.
Nadie que haya reflexionado a fondo sobre las consecuencias de este acto estaría hoy ahí. Nadie que ame de verdad a Costa Rica puede querer ver al pueblo enfrentado frente al Congreso, mientras el presidente se escuda tras las masas para presionar a otro poder del Estado. Es impensable, imperdonable, y, sin embargo, está ocurriendo.
A quienes asistan, ojalá algún día comprendan lo que hoy representan sin saberlo: no la fuerza del pueblo, sino el uso del pueblo como fuerza.
Y a quienes elegimos quedarnos del lado de la calma, hoy más que nunca debemos hacer lo que vinimos a hacer: apaciguar el ser interior, para que Costa Rica pueda respirar en paz.
Porque hoy, viernes 14 de noviembre, Costa Rica respira en paz.
Pese a Rodrigo Chaves. Pese a Rodrigo Chávez y a Pilar Cisneros, yo quedo con la esperanza de que nuestro Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial, apoyados por un Legislativo responsable, obliguen a Don Rodrigo a responder por sus amenazas y sus intentos de desestabilizar la nación; y que, llegado el primero de febrero, los costarricenses hagan pagar políticamente a Laura Fernández, candidata del continuismo, por esta ofrenda contra nuestra democracia. Que el año entrante tengamos, finalmente, un presidente democrático, que respete la Constitución, los poderes del Estado y las instituciones que nos protegen.