Hablaba hace poco con alguien sobre uno de los temas que hoy se escuchan cada vez con más frecuencia en el país: la posibilidad de que Costa Rica se suscriba a acuerdos de carácter militar con otras naciones. La conversación fue tranquila, sin gritos ni insultos, simplemente un intercambio de ideas como deberían ser la mayoría de los debates públicos. Yo le comenté algo que para mí es bastante claro: Costa Rica no puede suscribirse a acuerdos militares de ese tipo porque nuestra propia Constitución Política de Costa Rica no lo permite. No lo permite ni aunque fuera por temas humanitarios.
No lo permite por una razón histórica muy concreta: la decisión que tomó el país de abolir el ejército y de construir una identidad internacional basada en la paz y en la neutralidad.
Mi interlocutor respondió con un argumento que también se escucha mucho en estos días. Me dijo que el hampa y el narcotráfico están demasiado metidos en el país, que el problema es grave y que frente a esa realidad deberían poderse hacer ese tipo de acuerdos. Le respondí que en eso tenía razón. El problema del crimen organizado es serio, real y no se puede minimizar. Pero una cosa es reconocer un problema y otra muy distinta es ignorar el marco legal dentro del cual funciona el país. Y en este momento, nos guste o no, la Constitución simplemente no permite que Costa Rica se suscriba a acuerdos militares de esa naturaleza.
Entonces vino el siguiente argumento. Me dijo que la Constitución es muy vieja, que está desactualizada, que el país ha cambiado y que el mundo también ha cambiado. Le respondí algo parecido a lo anterior: tal vez tenga razón. Es perfectamente posible que algunas partes de la Constitución necesiten revisarse o actualizarse después de tantas décadas. Muchas constituciones del mundo han pasado por procesos de reforma precisamente por esa razón. Pero incluso si aceptamos esa premisa, hay algo que sigue siendo cierto: mientras la Constitución no se modifique formalmente, sigue siendo la ley suprema del país.
Mi interlocutor insistió en que entonces habría que actualizarla. Y otra vez le respondí que también en eso podría tener razón. Si el país decide democráticamente que ciertas reglas deben cambiar, existen mecanismos institucionales para hacerlo. Pero mientras esos cambios no ocurran, la Constitución sigue siendo el marco que limita lo que un gobierno puede o no puede hacer.
En ese punto la conversación tomó un giro interesante. Me dijo que el presidente debería poder hacerlo de todas maneras, porque cuenta con el apoyo del pueblo y mantiene un nivel alto de popularidad. Le respondí que, una vez más, su argumento tenía una lógica política comprensible. Un presidente con respaldo popular tiene más fuerza política para impulsar sus ideas. Pero también le recordé algo que a veces se olvida en medio de la pasión política: la popularidad no reemplaza a la Constitución.
Las elecciones recientes fueron claras en algo muy específico. El pueblo votó por un liderazgo político determinado. Le dio votos para gobernar. Le dio votos para continuar un proyecto político. Pero no le dio los votos necesarios para convocar una Asamblea Constituyente ni para modificar las bases constitucionales del país. Es decir, el país pudo haber dicho: “queremos que gobierne”, pero no dijo: “queremos que cambie las reglas fundamentales del sistema”.
Y esa diferencia es esencial en una democracia.
Porque una cosa es elegir a un presidente dentro de las reglas existentes, y otra muy distinta es darle el poder para cambiar esas reglas. Son dos decisiones completamente distintas y requieren niveles de respaldo distintos.
Así que al final le resumí mi posición de la forma más simple posible. La Constitución podría necesitar reformas. Es una conversación legítima que el país puede tener. Pero mientras esas reformas no ocurran, el país no puede actuar como si ya hubieran sucedido. Y en las elecciones recientes, la mayoría que votó por el presidente no le dio un mandato para modificar o actualizar la Constitución.
Entonces le hice una pregunta muy sencilla.
Le dije: si la Constitución no lo permite, si el pueblo no autorizó cambiarla y si los acuerdos que se discuten chocan directamente con ese marco constitucional… ¿qué sugiere usted?
Porque la única alternativa sería ignorarla.
Y eso, simplemente, no es posible en un país que todavía quiere llamarse democracia.
