Ojalá pudiéramos entender las intenciones de la vida. Comprender sus vueltas antes de que nos sorprendan tanto. Encontrarles algún sentido sin tener que atravesar primero la angustia, la indignación y el desconcierto. Y ojalá pudiéramos aprender lo que este tiempo tenga que enseñarnos sin un costo tan grande para la patria.
Estamos en un periodo de cuatro años de gobierno en el que hemos visto escenas que, tiempo atrás, nos habrían parecido irrisorias. Situaciones que uno habría tenido dificultades para imaginar dentro de una institucionalidad de la que nos sentíamos orgullosos. Sin embargo, ahí están, frente a nosotros, convirtiéndose poco a poco en parte del paisaje político costarricense.
Y hay algo que me preocupa especialmente: la preparación de quienes tienen en sus manos decisiones que afectan nuestra vida. Sus atestados, su experiencia, su trayectoria profesional y ciudadana, su conocimiento del Estado y su capacidad para comprender las consecuencias de lo que aprueban, rechazan o dejan de hacer.
En la Asamblea Legislativa, todo eso importa. Importa muchísimo. Allí se discuten presupuestos, derechos, seguridad, educación, salud y mecanismos de control sobre el poder. Una decisión puede afectar durante años a miles de familias. Una reforma mal concebida puede crear un problema mayor que el que pretendía resolver. Un voto emitido sin comprender un expediente puede tener consecuencias que ningún discurso posterior consigue reparar.
Por eso me cuesta aceptar la ligereza con la que a veces tratamos los atestados de quienes llegan a una curul. ¿Qué estudiaron? ¿En qué han trabajado? ¿Qué responsabilidades han asumido? ¿Qué conocen de administración pública, de legislación, de economía o de las comunidades que representan? ¿Qué han construido antes de pedirnos que pongamos en sus manos una parte del país?
Los atestados permiten examinar qué herramientas trae una persona para ejercer el cargo. El recorrido permite observar cómo las ha utilizado. Y su comportamiento en la Asamblea nos permite comprobar si está a la altura de la responsabilidad que aceptó.
Desde luego que un título universitario no garantiza sensatez, honestidad ni vocación de servicio. Hay personas sin estudios superiores que poseen un conocimiento profundo de su comunidad, una trayectoria de trabajo admirable y un criterio que merece ser escuchado. Pero esa experiencia también debe poder mostrarse. Debe haber algún recorrido, algún conocimiento, alguna capacidad demostrada que respalde el poder que se ejerce.
Lo que no podemos hacer es tratar la falta de preparación como un detalle irrelevante precisamente en un lugar donde comprender, analizar y anticipar consecuencias resulta indispensable.
Ese es el contraste que encuentro cuando veo a Kattia Calvo descalificar a Claudia Dobles. Me pregunto cuáles son los atestados, la experiencia profesional y la trayectoria ciudadana de cada una. Quisiera que la ciudadanía los pusiera sobre la mesa y los examinara. Que valorara qué responsabilidades han ejercido, qué preparación aportan y con qué profundidad sostienen sus posiciones. La trayectoria profesional y pública de Dobles merece entrar en esa valoración, junto con el contenido de sus argumentos y la evaluación de sus actuaciones.
Me ocurre lo mismo cuando veo a Robert Junior frente a Álvaro Ramírez o Marco Badilla. ¿Qué preparación tiene cada uno? ¿Qué experiencia aporta? ¿Qué conocimiento demuestra cuando interviene? La popularidad en redes puede ayudar a ganar una elección. Para analizar un presupuesto, fiscalizar una institución o comprender las implicaciones de una reforma se necesitan herramientas que deben adquirirse y demostrarse.
Cuando escucho a Cindy Murillo frente a doña Abril Gordienko o doña Janice Sandí, vuelvo a hacerme esas preguntas. ¿Cuál es el historial de cada una? ¿Qué han construido a lo largo de su vida? ¿Qué experiencia tienen para interpretar un expediente, identificar un riesgo o cuestionar con fundamento una decisión del Gobierno? Me interesa comparar la consistencia de sus argumentos, la profundidad de sus intervenciones y el respeto con el que ejercen su responsabilidad.
Y cuando veo a Wilson Jiménez conduciendo una discusión en la que participa José María Villalta, el contraste vuelve a aparecer. Presidir una comisión exige conocer el procedimiento, comprender lo que se está discutiendo y garantizar que las distintas posiciones puedan expresarse. La autoridad que da el puesto necesita estar acompañada por la capacidad para ejercerla.
En el intercambio en el que Jiménez le retiró el uso de la palabra a Villalta, este último denunció una interrupción abusiva. A mí, ese episodio me hace cuestionar la manera de conducir el debate y la preparación que exige una responsabilidad semejante.
También me cuesta comprender lo ocurrido alrededor de la elección de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Las cuatro fracciones opositoras anunciaron una gestión de desobediencia después de que el oficialismo devolviera la nómina a la Comisión de Nombramientos, pese a la sentencia que había ordenado retomar el procedimiento en el Plenario. Esa controversia, durante la presidencia legislativa de Yara Jiménez, me parece profundamente preocupante para nuestro Estado de derecho.
Quien preside la Asamblea debe comprender el peso institucional de sus decisiones. Debe conocer los límites de su autoridad y actuar con responsabilidad frente a las resoluciones judiciales. El país tiene derecho a esperar ese conocimiento y esa prudencia de quien ocupa uno de sus cargos más importantes.
Por supuesto que todas las diputaciones tienen la misma legitimidad para ocupar su curul y los mismos derechos para participar. Pero la igualdad de sus atribuciones no convierte sus trayectorias en equivalentes. Un nombramiento no añade años de estudio. Una juramentación no produce experiencia. Una victoria electoral no garantiza criterio para tomar decisiones acertadas.
La democracia les entrega poder. A nosotros nos corresponde examinar con qué preparación lo ejercen.
Y ahí encuentro una parte del problema que estamos viviendo. En mi opinión, hay actuaciones que revelan una preparación insuficiente para la enorme responsabilidad asumida. Lo percibo cuando una pregunta concreta recibe una descalificación, cuando se evita explicar el fundamento de una posición o cuando la consigna partidaria sustituye el análisis de lo que le conviene al país.
También se demuestra preparación al reconocer lo que se desconoce, estudiar, consultar a especialistas y escuchar a quienes tienen experiencia. Una persona consciente de sus limitaciones puede trabajar para superarlas. Mucho más preocupante me resulta quien parece convencido de que ya lo sabe todo porque consiguió los votos para llegar.
Los atestados importan porque detrás de ellos puede haber disciplina, estudio y herramientas para comprender problemas complejos. El recorrido importa porque permite conocer decisiones anteriores, responsabilidades asumidas y resultados. Y el criterio importa porque permite utilizar todo eso al servicio de la ciudadanía.
Exigir esas condiciones es parte de nuestra responsabilidad como electores. Tenemos derecho a pedir que quienes legislan puedan explicar lo que votan, sostener lo que afirman y comprender las consecuencias de sus decisiones. Tenemos derecho a comparar su preparación y a señalar las diferencias que encontramos.
Porque mientras se desarrollan estos enfrentamientos, el país sigue necesitando respuestas. Hay familias esperando atención médica, comunidades reclamando seguridad, estudiantes que necesitan oportunidades y personas que trabajan todos los días con la esperanza de vivir un poco mejor. Cada decisión mal estudiada tiene un costo. Cada discusión desperdiciada retrasa algo que alguien necesita.
Y ese alguien suele estar muy lejos de las curules.
Por eso me indigna que parezcamos conformarnos con tan poco. Que la suficiencia pueda pasar por conocimiento, que la popularidad se acepte como prueba de capacidad y que la obediencia a una dirigencia política llegue a pesar más que el juicio propio.
Una Asamblea necesita personas capaces de pensar, estudiar, escuchar y decidir con fundamento. Necesita preparación y experiencia, acompañadas de honestidad y vocación de servicio. Cuando esas condiciones faltan, las consecuencias terminan alcanzándonos a todos.
Ojalá pudiéramos entender las vueltas de la vida sin pagar un precio tan alto por ellas. Pero mientras intentamos comprender este momento, también debemos asumir lo que nos corresponde: examinar mejor a quienes elegimos y exigir más a quienes ya están tomando decisiones en nuestro nombre.
Porque una curul puede colocar a dos personas en la misma posición de poder. La preparación y el recorrido de cada una influyen en lo que harán con él.
Y, en mi opinión, esa diferencia se está reflejando en lo que estamos viendo y en lo que Costa Rica está pagando.