Cuando hablamos del sistema penitenciario, casi siempre toda la conversación gira alrededor de las personas privadas de libertad. Discutimos sobre delitos, condenas, seguridad, derechos, beneficios o restricciones. Pero hay un grupo de personas del que muy pocas veces hablamos, a pesar de que también vive las consecuencias de una condena. Son los hijos. Niños y niñas que no cometieron ningún delito, que no fueron juzgados por ningún tribunal y que, sin embargo, ven cambiar su vida por decisiones que nunca estuvieron en sus manos.
Hace poco conocí un lineamiento relacionado con los módulos de Alta Contención. En él se establece que, como regla general, los menores de edad ya no realizan visitas presenciales a sus padres o madres en esos módulos. En su lugar, se autorizan videollamadas de una duración máxima de veinte minutos, una vez al mes, dejando las visitas presenciales únicamente para situaciones excepcionales, previo análisis profesional de cada caso. La decisión parte de una preocupación comprensible: proteger a los menores de un entorno altamente restrictivo y de los posibles efectos emocionales que podría generar una visita dentro de un centro de alta contención. Esa intención merece ser comprendida y analizada con seriedad.
Pero precisamente porque el objetivo es proteger a los niños, creo que también vale la pena detenernos un momento a pensar en otra parte de la ecuación. No para descalificar la medida ni para afirmar que existe una solución sencilla, sino para hacer algo que a veces olvidamos como sociedad: formular preguntas.
¿Qué representan veinte minutos al mes para un niño que extraña a su papá o a su mamá? ¿Qué conversación puede sostenerse después de treinta días de espera? ¿Alcanza ese tiempo para preguntar cómo le fue en la escuela, escuchar que aprendió algo nuevo, celebrar un cumpleaños, consolar un miedo o simplemente decir «te quiero» sin estar pendiente de que el reloj avanza y la llamada está por terminar?
No tengo la respuesta. Tal vez las autoridades tampoco tenían muchas alternativas. Tal vez la seguridad obliga a tomar decisiones difíciles. Pero precisamente por eso, cuando una medida busca proteger a los menores de edad, también resulta válido preguntarse si, además de protegerlos físicamente, estamos logrando cuidar sus necesidades emocionales y afectivas.
Muchas veces creemos que los efectos de una condena terminan en los muros de una prisión. Sin embargo, los hijos también cargan ausencias, esperan llamadas, cuentan los días y aprenden a convivir con una realidad que ellos nunca escogieron. Ellos también viven pérdidas. También sienten incertidumbre. También necesitan construir un vínculo con ese padre o esa madre que, por distintas circunstancias, permanece lejos de ellos.
Pensar en esos niños no significa justificar los delitos que pudieron haber cometido sus padres. Tampoco significa desconocer la importancia de la seguridad penitenciaria. Son dos conversaciones distintas que no deberían confundirse. Una sociedad puede ser firme frente al delito y, al mismo tiempo, conservar la sensibilidad suficiente para preguntarse cómo proteger a quienes son completamente inocentes dentro de esa historia.
Quizá no exista una respuesta perfecta. Quizá veinte minutos sea hoy lo que el sistema considera posible. Pero las sociedades también avanzan cuando se permiten cuestionarse si lo posible coincide siempre con lo suficiente.
Porque, al final, detrás de cada expediente hay una familia. Y detrás de muchas de esas familias hay un niño que sigue creciendo, que sigue esperando y que, probablemente, no entiende por qué un mes entero debe resumirse en apenas veinte minutos con la persona a la que simplemente llama papá… o mamá.