Doña Kattia, usted y yo hemos conversado en varias oportunidades, y debo reconocer que en esos encuentros usted me ha despertado simpatía y consideración, incluso cuando no hemos compartido las mismas ideas o posiciones políticas. Por eso quiero comenzar aclarando que este artículo no pretende ser un ataque personal, y espero que no lo interprete de esa manera. Es, más bien, una expresión de mi profundo desacuerdo con sus recientes declaraciones, recogidas por el periodista Luis Manuel Madrigal en Delfino.cr, porque sus palabras no representan los valores y principios que yo defiendo. No es porque usted piense diferente a mí, ni porque pertenezca al oficialismo, sino porque considero que hay límites que un funcionario público, especialmente alguien que ocupa una curul en la Asamblea Legislativa, debería conocer, comprender y respetar. Me parece que en esta ocasión usted se equivocó, y sinceramente espero que tenga la humildad y la grandeza de reconocerlo y retractarse. Rectificar no es una señal de debilidad; por el contrario, especialmente cuando se ocupa un cargo público, puede ser una de las mayores demostraciones de integridad y respeto hacia la ciudadanía.
Según publica Delfino.cr este 14 de octubre, usted manifestó estar «harta de oír los discursos sobre derechos humanos». Me detengo en esas palabras porque me parecen extraordinariamente graves, especialmente viniendo de alguien que juró respetar la Constitución Política de Costa Rica. ¿Cómo puede una persona que ocupa un cargo de representación popular expresar semejante hartazgo? ¿Cómo puede alguien que participa en la elaboración de nuestras leyes hablar de los derechos humanos como si fueran una molestia o un inconveniente para gobernar? Naturalmente, una cosa es cuestionar el uso que determinadas personas hacen del discurso sobre derechos humanos y otra muy distinta oponerse a esos derechos. No estoy afirmando que usted haya propuesto eliminarlos, pero sus palabras y los señalamientos que las acompañaron me dejan una impresión profundamente preocupante sobre su manera de entender las garantías fundamentales.
Porque los derechos humanos, doña Kattia, no son una concesión del Gobierno de turno. No son un premio para los ciudadanos que se portan bien, ni un privilegio de quienes piensan como usted, ni una recompensa que el Estado pueda retirar cuando alguien comete un delito. Son derechos inherentes a la condición humana. Los tiene usted, los tengo yo, los tienen los policías, las víctimas de la delincuencia, los niños, los adultos mayores y también las personas privadas de libertad. Estas últimas pueden haber perdido su libertad mediante una sentencia judicial, pero no han perdido su condición de seres humanos. Y comprender algo tan elemental debería ser indispensable para cualquier persona que participa en la elaboración de las leyes de nuestra República.
Usted habló de abusos, amenazas, extorsiones y agresiones que sufren algunos privados de libertad por parte de otros reclusos. Ese es un problema que merece atención, investigación y acciones firmes de las autoridades penitenciarias. Pero precisamente esos abusos también son violaciones de derechos humanos, señora diputada. Cuando una persona encarcelada es amenazada, golpeada, extorsionada o sometida a violencia sexual, sus derechos están siendo vulnerados. De modo que, si verdaderamente le preocupan esas víctimas, debería convertirse en una de las defensoras más firmes de los derechos humanos, en lugar de expresar cansancio por escuchar hablar de ellos. No se puede defender la dignidad de unos mientras se trata la dignidad de otros como un asunto secundario. Esa contradicción, en mi opinión, es demasiado grande para pasarla por alto.
Pero sus declaraciones no terminaron allí. La noticia de Delfino.cr recoge también la manera en que usted se refirió al fiscal general de la República, a la defensora de los Habitantes, a magistrados, académicos y otras personas que han cuestionado actuaciones del Gobierno. Y aquí es donde mi consideración hacia usted se transforma en una profunda desaprobación. Porque una cosa es ejercer control político, debatir, cuestionar y exigir explicaciones, y otra muy diferente es utilizar el privilegio de hablar desde una curul para descalificar a quienes cumplen funciones constitucionales que no están subordinadas a la voluntad de un diputado, de un ministro o de la Presidencia de la República.
Doña Kattia, ¿usted sabe cuánto tiene que estudiar una persona para aspirar a convertirse en magistrado de la República? ¿Cuántos años de ejercicio profesional, preparación académica, experiencia y responsabilidad pueden existir detrás de una trayectoria judicial? ¿Comprende la dimensión de las responsabilidades que tiene un fiscal general? No pretendo decir que los títulos universitarios conviertan a nadie en superior a los demás, ni que los magistrados o fiscales estén exentos de errores o críticas. Pero sí creo que las trayectorias profesionales merecen ser examinadas con seriedad y respeto. No conozco suficientemente su formación académica y no voy a inventarle títulos ni a negarle los que tenga. Lo que sí sé es que para convertirse en diputada no se exige una carrera universitaria ni décadas de experiencia institucional. Eso no resta legitimidad democrática a su cargo, pero tampoco le concede superioridad intelectual, profesional ni moral sobre quienes han dedicado buena parte de su vida al estudio y al servicio de la justicia.
Usted llegó a la Asamblea Legislativa para representar a la ciudadanía, no para convertirse en juez de la dignidad ajena. Llegó para hacer leyes, fiscalizar y debatir, no para decidir quién merece respeto dependiendo de si aplaude o cuestiona al Gobierno. Los magistrados no son empleados de la Presidencia. El fiscal general no está obligado a complacer al oficialismo. La Defensoría de los Habitantes no fue creada para felicitar a los ministros. Y la Contraloría General de la República no existe para encontrar la manera de aprobar todo lo que un gobierno desea hacer. Precisamente están allí para ejercer las competencias que nuestro ordenamiento les asigna, incluso cuando su ejercicio resulte incómodo para quienes gobiernan. Esa es la esencia de la separación de poderes y de la institucionalidad democrática.
También me parece particularmente grave que, según la publicación, usted haya insinuado posibles acuerdos entre magistrados y diputados para garantizar reelecciones, sin identificar a los involucrados ni aportar pruebas. ¿Comprende la gravedad de un señalamiento de esa naturaleza? Una diputada tiene recursos institucionales para solicitar información, impulsar investigaciones y presentar denuncias cuando existen elementos que las sustenten. Si usted conoce irregularidades, denúncielas por los mecanismos correspondientes y presente las pruebas. Pero insinuar negociaciones indebidas desde el micrófono legislativo, sin ofrecer sustento verificable, no demuestra valentía política. En mi opinión, demuestra una preocupante falta de responsabilidad con el peso de sus propias palabras.
Lo mismo sucede cuando se lanza una sombra de sospecha sobre el fiscal general, la Universidad de Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes o personas del propio Congreso, sugiriendo posibles vínculos con quienes ejercen control abusivo dentro de las cárceles. No basta con construir una frase condicional y dejarla flotando para que el público saque conclusiones. Las insinuaciones pueden perjudicar reputaciones, alimentar desconfianza institucional y producir daños que después nadie se preocupa por reparar. Si existen hechos, que se investiguen. Si existen pruebas, que se presenten. Pero si lo único que existe es una sospecha utilizada como recurso discursivo, entonces estamos ante una forma de hacer política que considero profundamente irresponsable.
Y hay otro asunto fundamental. El fiscal general no puede decidir si una persona merece ser escuchada según su historial delictivo, su popularidad o el rechazo que provoque en la sociedad. Si recibe información sobre posibles delitos, incluso cuando procede de personas privadas de libertad, debe actuar dentro de sus competencias legales. Según explica Delfino.cr, lo que hizo don Carlo Díaz ante determinadas denuncias de presuntos actos de tortura fue documentarlas y trasladarlas a las autoridades competentes. Recibir una denuncia no significa declararla verdadera. Investigar una posible violación de derechos no significa defender a un delincuente. Y cumplir una obligación institucional no convierte a nadie en enemigo de la seguridad pública. Confundir esas cosas, deliberadamente o por desconocimiento, resulta especialmente grave cuando quien lo hace participa en la elaboración de leyes.
A mí me preocupa muchísimo esa aparente dificultad para aceptar que las instituciones no están obligadas a pensar igual que el Gobierno. Me preocupa que la independencia judicial sea presentada como una forma de oposición política cuando sus decisiones incomodan al oficialismo. Me preocupa que cuestionar una actuación administrativa se interprete como sabotaje y que acudir a la Sala Constitucional sea tratado casi como una deslealtad nacional. Porque si aceptamos semejante razonamiento, estaríamos permitiendo que el respeto a nuestras instituciones dependa de si sus actuaciones agradan o no a quienes ejercen temporalmente el poder. Y esa sería una manera muy peligrosa de entender nuestra democracia.
Y quiero decirle algo más, doña Kattia. En mi opinión personal, y perdóneme si me equivoco, considero que sus declaraciones representan un uso preocupante de la protección que le concede su inmunidad parlamentaria. Tengo la impresión de que muchas de las cosas que dijo quizá no las habría expresado de la misma manera si no contara con esa protección constitucional. Y si mi impresión fuera correcta, estaríamos frente a lo que yo considero una forma de abusar del poder. Porque la inmunidad no fue creada para convertir una curul en un refugio desde el cual se puedan lanzar señalamientos contra otras personas sin asumir la responsabilidad ética y política de las palabras. Fue establecida para proteger la independencia de la función legislativa, no para esconderse detrás de ella, tirar la piedra y pretender que nadie tiene derecho a cuestionarla. Usted recibió poder para legislar, fiscalizar, debatir y votar con libertad, no para utilizar su investidura como una posición de superioridad frente a los demás. Ojalá usted pueda desmarcarse de aquellos compañeros del Congreso cuyas actuaciones, en mi opinión, han significado un abuso de la protección que les concede su inmunidad parlamentaria.
Y que quede algo claro: no tengo interés en examinar rumores sobre su vida privada, ni en repetir comentarios que circulan sobre usted y que no me constan. Tampoco necesito hacerlo. Sus declaraciones públicas son suficientes para cuestionar la manera en que está ejerciendo su representación. El prestigio, señora diputada, no viene incluido en la credencial que entrega el Tribunal Supremo de Elecciones. Se construye con preparación, coherencia, respeto, trabajo serio y con la capacidad de reconocer los propios errores. Y ninguna cantidad de aplausos partidarios puede sustituir el respeto que se gana mediante una conducta ejemplar.
Por eso me parece que usted debería preocuparse menos por quién asistió a la inauguración de una cárcel y mucho más por la imagen que está proyectando desde su propia curul. Debería preocuparse menos por ridiculizar a magistrados y más por demostrar, mediante argumentos sólidos, por qué considera equivocadas determinadas actuaciones judiciales. Debería preocuparse menos por atacar al fiscal general y más por comprender las obligaciones que la ley le impone. Y debería preocuparse muchísimo menos por expresar cansancio ante los discursos de derechos humanos y muchísimo más por asegurarse de que ninguna persona sometida al poder del Estado sea víctima de abusos, arbitrariedades o tratos degradantes.
Costa Rica necesita combatir el crimen organizado. Necesita cárceles seguras, autoridades penitenciarias capaces, policías respaldados y un sistema de justicia que funcione. Nadie sensato debería negar esas necesidades. Pero también necesita legisladores que entiendan que la seguridad y los derechos humanos no son enemigos. Que el orden no justifica cualquier método. Que la firmeza no exige desprecio. Y que un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que puede hacer lo que quiera con las personas bajo su custodia, sino aquel que tiene suficiente fortaleza institucional para imponer la ley sin abandonar sus principios.
Que no se equivoque, doña Kattia. Usted no es dueña de la Asamblea Legislativa, ni de la Constitución, ni de la justicia, ni de la dignidad de quienes la contradicen. Es una representante temporal de la ciudadanía. Su curul tiene una duración limitada. Las instituciones que usted cuestiona, en cambio, forman parte de una República construida durante generaciones y cuya continuidad no depende del agrado de ningún gobierno. Y cuando termine su período legislativo, no serán los gritos, las burlas ni los aplausos de sus compañeros los que determinen el valor de su paso por la Asamblea Legislativa. Serán sus actuaciones, sus decisiones, sus palabras y el respeto que haya demostrado por la República que juró servir.
Porque para ocupar una curul basta con cumplir los requisitos legales y resultar electa. Pero para honrarla se necesita algo que ninguna elección puede garantizar: criterio, responsabilidad, prudencia y grandeza. Yo había tenido consideración por usted, doña Kattia, y quisiera poder recuperarla. Por eso espero que reflexione sobre sus palabras y que, si reconoce que se equivocó, tenga la grandeza de rectificar. No le estoy pidiendo que renuncie a sus convicciones políticas ni que deje de defender la seguridad de nuestro país. Le estoy pidiendo que recuerde que la democracia también protege a quienes no piensan como usted y que el poder nunca debería utilizarse para despreciar a los demás.
Y Dios quiera, doña Kattia, que si algún día necesito que alguien proteja mis derechos como ser humano, no sea usted quien tenga que hacerlo. Porque los derechos humanos no pueden quedar en manos de alguien que se declara cansado de escuchar hablar de ellos. Yo quisiera tener la tranquilidad de saber que, sin importar quién soy, qué pienso, qué hice o de qué se me acusa, habrá una persona dispuesta a defender mi dignidad y mis derechos. No porque simpatice conmigo, no porque me considere inocente, no porque comparta mis ideas, sino por una razón mucho más sencilla y poderosa: porque soy un ser humano. Y eso, señora diputada, debería ser suficiente.