Hoy recibí un mensaje preocupante, reenviado por un amigo. Lo leí una vez, lo volví a leer y decidí investigar antes de compartirlo. Hablaba de posibles cambios en las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, de aumentar las cuotas necesarias para jubilarnos, de reducir los montos de las pensiones y de cobrarles más a quienes ya viven con ingresos limitados. Confieso que me preocupó, porque detrás de cada número que aparece en una propuesta de reforma hay personas, familias, trabajadores que han entregado buena parte de su vida al país y adultos mayores que dependen de una pensión para sobrevivir.
Lo primero que quiero aclarar es que no estamos ante reformas aprobadas. Lo que existe es un conjunto de veinte propuestas presentadas por la Gerencia de Pensiones de la CCSS ante su Junta Directiva, durante la sesión ordinaria número 9603, celebrada a finales de abril de este año. Algunas de esas propuestas podrían modificar considerablemente las condiciones de jubilación de miles de costarricenses. También debo aclarar que, aunque el mensaje recibido mencionaba aumentar la edad de retiro a setenta años, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, ha descartado que esa sea una propuesta institucional. La edad ordinaria continúa siendo de 65 años. Aclararlo es importante, porque si vamos a preocuparnos por nuestro futuro, debemos hacerlo con información correcta.
Ahora bien, lo que sí está sobre la mesa merece una conversación nacional muy seria. Una de las propuestas contempla aumentar de 300 a 360 el número de cuotas requeridas para pensionarse. Estamos hablando de cinco años adicionales de cotizaciones. Otra plantea modificar la tasa de reemplazo utilizada para calcular las pensiones, que actualmente se encuentra, según las condiciones aplicables, entre el 52,5 % y el 57,5 %, para llevarla a un rango aproximado del 40 % al 43 %. También se ha planteado que los pensionados contribuyan al financiamiento del Seguro de Salud y que los trabajadores independientes sean incorporados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, conocido como ROP.
Quisiera detenerme particularmente en nuestros adultos mayores. ¿Alguna vez nos hemos sentado a conversar con una persona que recibe una pensión de 170.000 o 200.000 colones mensuales? ¿Le hemos preguntado cómo hace para pagar la electricidad, el agua, los alimentos, los medicamentos que no siempre consigue y el transporte para acudir a sus citas médicas? ¿Cómo hace una persona que vive sola? ¿Qué sucede cuando necesita anteojos nuevos, una reparación en su casa o simplemente comprarse un par de zapatos? No estamos hablando de lujos. Estamos hablando de condiciones mínimas para vivir con dignidad.
Por eso me preocupa que se considere cobrar aportes adicionales al Seguro de Salud sin que conozcamos todavía con suficiente claridad cuáles serían las condiciones, los porcentajes y las protecciones para las pensiones más bajas. Porque una cosa es hablar de sostenibilidad financiera desde una oficina y otra muy distinta es administrar una pensión pequeña durante treinta días. El equilibrio actuarial es indispensable, pero también debería serlo la sensibilidad humana.
Y aquí aparece una pregunta que considero inevitable: ¿qué está haciendo el Estado para cumplir sus propias obligaciones con la Caja? Según información financiera de la institución, la deuda estatal alcanzaba aproximadamente 4,46 billones de colones a junio de 2025. No es una deuda que haya nacido de repente ni que pueda atribuirse exclusivamente a un solo gobierno. Viene acumulándose durante años. Sin embargo, también es cierto que entre abril de 2022 y 2025 registró un crecimiento cercano al 63 %. Lo más preocupante es que, según la información publicada en setiembre de 2026, apenas una mínima parte de ese monto tenía acuerdos de pago.
Entonces me pregunto: ¿cómo podemos discutir nuevos sacrificios para los trabajadores y pensionados sin discutir, con la misma seriedad y urgencia, el cumplimiento de las obligaciones del Estado? ¿Cómo pretendemos fortalecer una institución si uno de sus principales deudores continúa acumulando compromisos sin resolver? No estoy diciendo que recuperar esa deuda solucionaría por sí solo todos los problemas del régimen de pensiones, porque existen desafíos demográficos, económicos y actuariales que también debemos enfrentar. Pero tampoco podemos hablar de responsabilidad financiera mirando únicamente hacia quienes cotizan.
Hay otra situación que considero fundamental. Cuando se habla de exigir más años de cotización, pocas veces pensamos en las dificultades que enfrenta una persona mayor para conseguir empleo. No todos tienen carreras laborales continuas. Muchos han pasado por períodos de desempleo, informalidad, enfermedad o responsabilidades familiares que les impidieron cotizar regularmente. Algunos llegan a los sesenta años con la necesidad de continuar trabajando, pero descubren que las oportunidades laborales se reducen precisamente cuando más las necesitan. ¿Cómo exigirles más cuotas sin preguntarnos primero si tendrán posibilidades reales de conseguirlas?
También debemos pensar en los trabajadores independientes. Quienes trabajan por cuenta propia conocen muy bien lo que significa sostener una actividad económica, enfrentar meses de pocos ingresos, pagar sus obligaciones y tratar de reservar algo para el futuro. Incorporarlos al ROP puede representar una oportunidad para fortalecer sus ahorros de jubilación, pero también podría aumentar sus compromisos mensuales. Esa discusión no debería hacerse sin escuchar a quienes viven de sus propios emprendimientos y sin distinguir entre quienes tienen ingresos suficientes y quienes apenas logran sostenerse.
Quiero ser claro en algo: no me opongo a que se estudien reformas para garantizar el futuro de las pensiones. Sería irresponsable negar los problemas financieros o actuar como si nada estuviera sucediendo. La población envejece, las necesidades cambian y el sistema debe encontrar maneras de sostenerse para quienes ya están pensionados y para las generaciones que todavía trabajan. Pero precisamente porque el asunto es tan importante, las decisiones deben construirse con información transparente, participación ciudadana, responsabilidad institucional y un profundo respeto por la dignidad humana.
No quisiera que esta discusión se convirtiera en otro enfrentamiento político, en el que unos aprovechan para atacar al gobierno y otros para defenderlo a cualquier precio. La Caja no le pertenece a un presidente, a una administración ni a un partido político. Es una institución de los costarricenses, construida sobre principios de solidaridad que debemos proteger. Y esa protección exige tanto responsabilidad de quienes administran sus recursos como cumplimiento de quienes tienen obligaciones económicas con ella.
Me gustaría que quienes participan en estas decisiones se hicieran algunas preguntas antes de discutir porcentajes y cuotas. ¿Cómo vivirían ellos con 170.000 colones mensuales? ¿Qué harían si tuvieran 63 años, necesitaran trabajar y nadie quisiera contratarlos? ¿Cómo se sentirían después de haber cotizado durante décadas si descubrieran que las condiciones de su jubilación podrían cambiar? Y, sobre todo, ¿qué explicación le darían a una persona que ha cumplido con sus aportes mientras el Estado continúa acumulando una deuda multimillonaria con la institución?
La discusión apenas comienza. Según lo informado, hacia finales de octubre se espera iniciar una mesa de diálogo para estudiar las propuestas. Espero que ese espacio sea transparente, que la ciudadanía pueda conocer lo que se discute y que las decisiones no se tomen de espaldas a quienes vivirán sus consecuencias. También espero que el pago de la deuda estatal forme parte esencial de la conversación y no quede relegado a un asunto secundario.
Porque la vejez no debería convertirse en una condena económica. Todos, si la vida nos lo permite, llegaremos a esa etapa. Algunos con ahorros suficientes, otros dependiendo de sus familias y muchísimos confiando en una pensión que construyeron con años de trabajo. La dignidad de una persona no disminuye cuando termina su vida laboral, y su derecho a ser tratada con respeto tampoco.
Hoy agradezco al amigo que me reenvió aquel mensaje. Aunque contenía información que necesitaba aclararse, me llevó a investigar un asunto que merece nuestra atención. Y ojalá todos hagamos lo mismo: leer, preguntar, investigar y participar. No para generar miedo, sino para comprender lo que está sucediendo y exigir respuestas.
Porque cuando hablamos del futuro de las pensiones, no estamos hablando solamente de dinero. Estamos hablando de cómo queremos tratar a quienes construyeron este país y de la sociedad que algún día nos recibirá cuando nosotros también envejezcamos.