Durante décadas los costarricenses vivimos orgullosos de muchas cosas. Nos sentíamos orgullosos de nuestra democracia, de nuestras instituciones, de la independencia de los poderes de la República, de la paz social que habíamos construido y de una tradición de respeto a los derechos humanos que nos distinguía en América Latina. No era un país perfecto. Nunca lo fue. Teníamos problemas, errores, corrupción, ineficiencias y motivos legítimos para criticar muchas cosas. Pero aun así existía un consenso general sobre algo fundamental: las instituciones podían mejorar, podían reformarse y podían ser criticadas, pero eran parte de la solución y no el enemigo. Las cuestionábamos porque queríamos que funcionaran mejor, no porque quisiéramos destruirlas. Entendíamos que podían equivocarse, pero también entendíamos que eran necesarias para que la democracia sobreviviera.
Entonces apareció un hombre. Y comenzó a señalar enemigos que muchos de nosotros jamás habíamos considerado enemigos. Empezó a cuestionar al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a las cortes, a la Fiscalía, a los medios de comunicación, a las universidades públicas, a organizaciones de derechos humanos, a sectores productivos, a periodistas, a emisoras de radio y a prácticamente cualquier institución o grupo que expresara desacuerdo con él. Poco a poco fue construyendo una narrativa en la que parecía que todos esos actores formaban parte de un gran problema nacional y en la que él aparecía como el único capaz de identificarlo y enfrentarlo. El mensaje era simple, repetitivo y poderoso: durante años habíamos confiado en las personas equivocadas y ahora alguien venía a abrirnos los ojos.
Y lo más sorprendente no fue que alguien construyera ese discurso. Eso ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia y en muchos países. Siempre han existido líderes carismáticos, líderes confrontativos y líderes que encuentran ventajas políticas en señalar culpables. Lo verdaderamente sorprendente fue la velocidad con que una parte importante de la población aceptó aquella visión del mundo. De pronto comenzaron a escucharse frases como: “Yo no me había dado cuenta”. “Es cierto, esa institución siempre fue mala”. “Ahora entiendo que todos ellos eran parte del problema”. Y así, una tras otra, instituciones que durante décadas habían sido motivo de orgullo nacional comenzaron a convertirse, al menos para algunos sectores, en objetos de sospecha, desprecio o rechazo. Lo que durante generaciones había sido considerado un patrimonio democrático comenzó a ser presentado como una carga de la que había que liberarse.
Y aquí es donde surge una reflexión incómoda. Tal vez el problema no sea que apareció un hombre con ese discurso. Tal vez el verdadero problema sea que tantas personas decidieron creerlo sin cuestionarlo. Porque en una democracia sana no existe ningún líder, por brillante que sea, que deba ser creído a ciegas. Ningún presidente. Ningún diputado. Ningún periodista. Ningún empresario. Ningún líder religioso. Ninguna figura pública debería recibir un cheque en blanco de credibilidad. La democracia no funciona sobre la fe depositada en una persona. Funciona sobre la capacidad de los ciudadanos para pensar por sí mismos y para someter cualquier afirmación al escrutinio de la razón.
La ciudadanía tiene una responsabilidad. Escuchar, sí. Considerar argumentos, por supuesto. Pero también verificar, contrastar, investigar, preguntar y dudar. Especialmente dudar. La duda razonable no es un defecto de la democracia. Es una de sus defensas más importantes. Cuando una persona escucha que una institución es corrupta, debería preguntarse cuáles son las pruebas. Cuando escucha que una universidad es el problema, debería revisar los datos. Cuando escucha que los medios mienten, debería comparar fuentes. Cuando escucha que los jueces, los diputados, los fiscales o los organismos electorales son enemigos del pueblo, debería exigir evidencia y no solamente emociones. Porque la democracia se fortalece cuando los ciudadanos hacen preguntas. Se debilita cuando dejan de hacerlas.
Porque el problema no es creer. Todos creemos cosas. Todos tenemos opiniones. Todos desarrollamos simpatías y antipatías. El problema aparece cuando dejamos de verificar aquello en lo que creemos. Cuando la emoción sustituye al análisis. Cuando la lealtad sustituye al criterio. Cuando la identidad política se vuelve más importante que la verdad. Y ahí es donde la democracia comienza a debilitarse. No porque exista un líder dispuesto a señalar enemigos. Líderes así siempre existirán. El verdadero riesgo aparece cuando una sociedad renuncia a su pensamiento crítico y entrega su criterio personal a una sola voz. Cuando deja de analizar y comienza simplemente a repetir. Cuando deja de investigar y comienza únicamente a reaccionar.
Quizá por eso la pregunta más importante no es quién señaló a todas esas instituciones como enemigas. La pregunta importante es por qué tantos ciudadanos aceptaron la acusación sin exigir pruebas suficientes. Por qué personas que durante décadas confiaron en la democracia, en la institucionalidad, en el sistema electoral, en las universidades, en la prensa y en los derechos humanos, de pronto estuvieron dispuestas a abandonar esa confianza basándose únicamente en la palabra de una sola persona. No porque fuera imposible que algunas críticas fueran válidas. Claro que algunas pueden serlo. El problema es aceptar el paquete completo sin revisión, sin análisis y sin espíritu crítico.
Porque una democracia puede sobrevivir a líderes populistas. Lo que difícilmente puede sobrevivir es a una ciudadanía que deja de pensar por sí misma. Cuando eso ocurre, ya no importa quién ocupa el poder. El daño más profundo ya se produjo. Y ese daño consiste en haber convencido a las personas de que creer es suficiente y de que verificar dejó de ser necesario. Ahí es donde comienza el verdadero peligro. No en las palabras de un hombre, sino en el momento en que millones deciden dejar de hacerse preguntas.