La dignidad del cargo
Doña Claudia Dobles, diputada de la República, afirmó que no se prestará para someterse a una prueba de polígrafo. Y aunque desde Apacigua procuro abordar los temas sin juicios y, en la mayoría de los casos, sin exponer mis opiniones personales, debo reconocer que en esta ocasión comprendo plenamente su decisión.
No porque tenga certeza sobre lo que ocurrió o dejó de ocurrir. No porque considere que una persona deba estar por encima del escrutinio público. Y tampoco porque piense que los ciudadanos no tengan derecho a exigir transparencia a quienes ocupan cargos de poder. Todo lo contrario. La transparencia es indispensable para la democracia. Pero la transparencia no puede convertirse en espectáculo. Y la rendición de cuentas no puede confundirse con la humillación pública.
En los últimos tiempos hemos visto cómo el debate político costarricense ha ido desplazándose peligrosamente desde la discusión de ideas hacia la exposición de personas. A veces pareciera que ya no basta con debatir argumentos, revisar documentos o analizar decisiones. Ahora se exige también someter a los adversarios a pruebas públicas de lealtad, de sinceridad o de pureza política, como si la democracia fuera un programa de concursos donde cada semana alguien debe ser exhibido frente al público para demostrar que merece permanecer en el escenario.
Y ahí es donde me parece que la discusión se vuelve preocupante.
Porque una diputada de la República no es una sospechosa bajo custodia policial. No es una persona detenida. No es una acusada condenada. Es una representante electa por los ciudadanos. Su palabra puede ser cuestionada, por supuesto. Sus decisiones pueden ser criticadas. Sus votos pueden ser analizados. Pero existe una diferencia importante entre fiscalizar el ejercicio de un cargo público y someter a una persona a rituales de descrédito diseñados más para el espectáculo que para la búsqueda de la verdad.
Además, existe un aspecto todavía más delicado. Las pruebas de polígrafo no son instrumentos infalibles. Su confiabilidad ha sido discutida durante décadas en múltiples países y contextos. Incluso dejando de lado el debate técnico, surge una pregunta elemental: ¿qué garantías tiene una persona de que el procedimiento será administrado con absoluta neutralidad? ¿Qué garantías tiene de que los resultados serán interpretados correctamente? ¿Qué garantías tiene de que no serán utilizados políticamente para construir una narrativa conveniente?
Cuando la confianza institucional se deteriora, la preocupación deja de ser únicamente si alguien dice la verdad o no. La preocupación pasa a ser quién controla el mecanismo que pretende determinarla.
Y ese es un asunto profundamente democrático.
Porque en una democracia sana no solo importa la honestidad de las personas investigadas. También importa la credibilidad de quienes investigan, de quienes interpretan los resultados y de quienes los comunican al país.
Quizá por eso la discusión de fondo no debería girar alrededor de si una diputada acepta o rechaza una prueba de polígrafo. Tal vez la verdadera pregunta sea otra: ¿en qué momento comenzamos a creer que la dignidad de un cargo electo debía validarse mediante mecanismos de exhibición pública?
Las democracias fuertes se construyen sobre instituciones sólidas, procedimientos transparentes y respeto mutuo entre poderes. Las democracias débiles, en cambio, suelen alimentarse de la sospecha permanente, del descrédito constante y de la necesidad de convertir cada diferencia política en un espectáculo.
Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser una prueba de polígrafo.
El problema es que comenzamos a olvidar que las instituciones existen precisamente para que la verdad no dependa de quién grite más fuerte, de quién tenga más poder mediático o de quién logre humillar mejor a su adversario.
Tal vez por eso, más allá de simpatías o diferencias políticas, vale la pena reflexionar sobre algo sencillo: la dignidad de una persona y la dignidad de un cargo público no deberían ponerse en una mesa para ser sometidas a un espectáculo. Porque cuando la humillación se normaliza como herramienta política, tarde o temprano termina alcanzando a todos.